El Juzgado Correccional N°2 de La Plata fijó para junio de 2026 el inicio del juicio oral contra Braian Medina y Kevin Parrado, nietos del exlíder de la UOCRA La Plata Juan Pablo “Pata” Medina, y otro referente sindical acusado de amenazas agravadas en distintos obradores de la capital bonaerense en medio de la feroz interna del gremio.
La Justicia platense dio un nuevo paso en una serie de expedientes vinculados a la feroz interna de la UOCRA La Plata y fijó fecha para el inicio del juicio oral contra Braian Medina y Kevin Uriel Parrado, nietos del exlíder sindical Juan Pablo “Pata” Medina, además de Gonzalo Rodrigo Pared, militante identificado con el sector que responde a Cristian “Puly” Medina.
Las causas investigan presuntas amenazas agravadas y episodios intimidatorios ocurridos en distintos obradores de la capital bonaerense entre 2022 y 2023, en medio de la disputa territorial y política que atraviesa al gremio de la construcción desde la caída en desgracia del histórico conductor sindical.
La resolución fue firmada por el juez Diego Tatarsky, titular del Juzgado Correccional N°2 de La Plata, donde quedaron radicados los tres expedientes. Según consta en la notificación judicial, el próximo 13 de mayo se realizará la audiencia prevista en el artículo 338 del Código Procesal Penal bonaerense, una instancia preliminar antes del debate oral.
En caso de no prosperar una salida alternativa, el juicio comenzará el 8 de junio de 2026 a las 10 de la mañana.
En el mismo trámite, la Justicia ordenó además requerir antecedentes penales e informes sobre procesos pendientes respecto de Medina, Parrado, Pared y también de Carlos Adrián Miño, otro de los involucrados en la investigación.
Las amenazas investigadas y el conflicto en los obradores
Uno de los expedientes centrales se originó a partir de una denuncia presentada por la empresa OCSA S.A., integrante de la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CDU) de La Plata.
La investigación apunta a un episodio ocurrido el 11 de abril de 2022 en el obrador de la extensión del tren universitario, ubicado en la zona de avenida 72 entre 13 y 14, donde un grupo de alrededor de veinte personas irrumpió para exigir puestos de trabajo.
De acuerdo con la acusación fiscal, el grupo habría estado encabezado por Braian Medina y durante el reclamo se habrían producido amenazas contra responsables de la obra y trabajadores presentes en el lugar.
Según surge de la denuncia incorporada al expediente, algunos de los manifestantes habrían advertido: “Detengan las obras o los vamos a cagar a tiros”.
También quedó asentado que uno de los presentes gritó: “Dónde está el encargado o jefe de la obra, que salga, que dé la cara porque se pudre”.
La investigación fue impulsada por el fiscal Martín Almirón, quien consideró acreditada prima facie la existencia de amenazas agravadas por el uso de armas.
Los incidentes no se habrían limitado a una sola obra. Según reconstruyó la fiscalía, se registraron situaciones similares en al menos tres emprendimientos ubicados en la misma zona de La Plata.
Los manifestantes aseguraban actuar en representación de trabajadores vinculados a la UOCRA y, según consta en la causa, se presentaban acompañados por personas que decían pertenecer al Ministerio de Trabajo bonaerense. Sin embargo, posteriormente se determinó que no existía representación oficial alguna.
Fuentes judiciales señalaron durante la investigación que se intentó “montar un simulacro de legalidad” para respaldar las intimidaciones.
Allanamientos, secuestro de un arma y cuestionamientos de la defensa
La pesquisa avanzó luego con distintos allanamientos realizados en domicilios vinculados a los acusados.
Dos de los procedimientos se concretaron en viviendas relacionadas con Braian Medina y Kevin Parrado, mientras que el tercero tuvo lugar en la casa de Gonzalo Pared, señalado como hombre cercano a Cristian “Puly” Medina.
Durante uno de los operativos se secuestró un arma de fuego y también un cuadro del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. A partir de ese hallazgo, Pared quedó además imputado por tenencia ilegal de arma de uso civil condicional.
El fiscal Almirón solicitó formalmente la elevación a juicio oral por el delito de amenazas agravadas, contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal, que prevé penas de hasta tres años de prisión cuando las intimidaciones se producen mediante el uso de armas.
En paralelo, las defensas rechazaron las acusaciones y cuestionaron duramente la investigación penal.
Braian Medina reconoció haber participado de reclamos laborales vinculados a puestos de trabajo para su sector sindical, aunque negó la existencia de amenazas o hechos violentos.
Kevin Parrado, por su parte, sostuvo que ni siquiera estuvo presente en el lugar y afirmó que ese día se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La defensa de ambos, encabezada por el abogado César Albarracín, objetó la validez de distintos testimonios y denunció supuestas irregularidades en procedimientos policiales desarrollados durante la instrucción.
El letrado cuestionó especialmente ruedas de reconocimiento fotográfico y la utilización de álbumes de “modus operandi”, al sostener que se trató de diligencias realizadas sin autorización judicial ni control de las partes.
“Más allá de las disidencias en torno a la presencia o no de mis asistidos en el lugar, lo cierto es que no hay prueba que permita estimar acreditada la existencia de amenazas”, sostuvo Albarracín en su oposición al pedido de elevación a juicio.
Además, denunció una presunta “voluntad persecutoria” contra un sector específico de la UOCRA La Plata y pidió investigar la actuación de efectivos policiales que participaron en la causa.
Una interna sindical atravesada por la violencia
Los hechos investigados ocurrieron en un contexto de extrema tensión dentro de la UOCRA regional La Plata, escenario de disputas internas desde la detención y posterior desplazamiento de Juan Pablo “Pata” Medina de la conducción del sindicato.
Desde entonces, distintas facciones vinculadas al denominado “medinismo” comenzaron a disputar el control territorial y político del gremio de la construcción en la región capital.
Las causas que ahora avanzan hacia juicio oral forman parte de una extensa serie de expedientes judiciales vinculados a amenazas, aprietes y episodios violentos registrados en obras públicas y privadas de La Plata, Berisso y Ensenada.
De hecho, apenas un día después del episodio central investigado en esta causa, volvieron a registrarse incidentes en otros obradores de la ciudad.
El 12 de abril de 2022, varios trabajadores denunciaron agresiones físicas, daños en vehículos y ataques contra motocicletas. En algunas de esas denuncias, las víctimas volvieron a identificar a personas vinculadas al “medinismo” como responsables de los hechos.
Ahora, con la audiencia preliminar ya fijada y el juicio oral programado para junio, la Justicia comenzará a ventilar públicamente una parte de la compleja trama sindical y judicial que desde hace años mantiene bajo tensión al mundo de la construcción en La Plata.