Con la presencia de barios ministros de Trabajo de todo el país, centrales obreras rechazaron el impacto que tendrá la reforma laboral, que la justicia volvió a poner en plena vigencia, en la autonomía y las funciones de las carteras laborales. La cumbre fue promovida por el Ministerio de Trabajo bonaerense, y contó con la presencia de representantes de la CGT y las dos fracciones de la CTA. El encuentro se desarrolló en un contexto de alta tensión política y judicial, luego de que la normativa volviera a cobrar vigencia en parte tras fallos judiciales que reactivaron artículos que habían quedado suspendidos. En ese marco, la discusión volvió a centrarse en el alcance de la legislación nacional sobre las competencias de las provincias.
Estuvieron presentes Octavio Argüello por la CGT, junto a Hugo “Cachorro” Godoy, Hugo Yasky, Roberto Baradel y Oscar de Isasi por las CTA, además del diputado nacional Hugo Moyano (h) y el senador provincial Pedro Borgini. La reunión congregó a funcionarios de distintas jurisdicciones. Entre ellos estuvieron Sonia Castiglione, ministra de Tierra del Fuego; Marcelo Pedehontaá, secretario de Trabajo de La Pampa; Myriam Espinosa, de La Rioja; Julia Comán, de Santiago del Estero; y Julio Valdez, de Formosa.
El eje del encuentro estuvo puesto en el rechazo a la reforma laboral y en la defensa de las competencias provinciales en materia de control y fiscalización laboral. En ese sentido, el gobernador bonaerense fue categórico al cuestionar el rumbo del Gobierno nacional. “Hay un intento muy claro por parte del gobierno nacional de suprimir las facultades y competencias de las provincias con respecto a la fiscalización y el control en materia laboral: lo que están haciendo es absolutamente inconstitucional y viola la independencia de las jurisdicciones”, sostuvo el anfitrión Axel Kicillof, gobernador bonaerense, durante la reunión.
Definiciones
Por su parte, Godoy señaló que “hemos suscripto un documento conjunto en el que denunciamos la inconstitucionalidad de la reforma laboral impulsada a nivel nacional porque vulnera las atribuciones de las provincias en materia de policía del trabajo, afectando su capacidad de garantizar derechos y cumplir con sus obligaciones institucionales”.
En ese sentido, agregó que “asumimos el compromiso de promover su declaración de inconstitucionalidad y de articular acciones conjuntas con las tres centrales sindicales, con el objetivo de impedir la aplicación de una norma que atenta contra los derechos laborales”. “La unidad entre las representaciones sindicales y las instituciones provinciales resulta clave para enfrentar una política que busca fragmentar y debilitar a la clase trabajadora. Frente a esta situación, profundizaremos los niveles de participación y coordinación para sostener una respuesta común en defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores en toda la Argentina”, cerró Godoy.
Documento
En este marco, se analizaron 13 puntos críticos de la Ley 27.802 que representan la pérdida de competencias para las carteras provinciales. En tanto, se suscribió un documento en el que se manifiesta la preocupación ante las violaciones a la Constitución Nacional y provinciales que implica la ley sancionada y se llama a reafirmar la defensa de las facultades de cada jurisdicción contra cualquier intento de vulneración.
En el documento conjunto elaborado durante la jornada, los participantes señalaron que la ley “incurre en graves violaciones a la Constitución Nacional”, especialmente por lo que consideran una intromisión en competencias propias de las provincias. Allí se advierte sobre una “irrazonable intromisión en las competencias y atribuciones de los gobiernos locales”. El texto también remarca que la Constitución establece con claridad la distribución de poderes entre Nación y provincias, y que aquello que no fue delegado corresponde a las jurisdicciones locales, reforzando el eje del reclamo federal.