La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su conformidad con el fallo del juez Martín Cormick que suspendió el denominado protocolo antipiquetes, al considerar que la resolución impulsada por el Ministerio de Seguridad avanzaba sobre atribuciones penales y procesales que exceden las competencias del Poder Ejecutivo.
A través de un comunicado, la central sindical valoró la decisión judicial que dejó sin efecto la resolución 943/2023, mediante la cual el Gobierno había establecido un protocolo para manifestaciones sociales que implicaran cortes de calle. La CGT subrayó que el fallo fue consecuencia de una acción de amparo presentada por organizaciones sindicales y de derechos humanos.
Cuestionamientos al accionar del Ejecutivo
La resolución fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, que cuestionó el accionar de la Policía Federal durante las marchas que se realizan los días miércoles frente al Congreso Nacional. En ese marco, la Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes y advirtió que la medida avanzaba sobre facultades propias del Congreso.
Según expresó la CGT, el fallo se apoya en un argumento central: el Ministerio de Seguridad se había arrogado competencias en materia penal y procesal que no le corresponden, lo que tornaba ilegal la aplicación del protocolo. Para la conducción sindical, ese exceso institucional vulneraba derechos y garantías constitucionales.
Denuncia de criminalización de la protesta
“La decisión judicial no es un fallo más”, remarcaron desde la central obrera, al señalar que la resolución ahora anulada funcionaba como una herramienta de criminalización de la protesta social, orientada a disciplinar la movilización impulsada por trabajadores y organizaciones gremiales.
En ese sentido, la CGT reafirmó su compromiso con la libre expresión y el ejercicio pleno de los derechos democráticos de las y los trabajadores, y advirtió que continuará defendiendo esos principios en todos los ámbitos necesarios.
La CGT anticipa continuidad del conflicto
“La CGT bregará por la libre expresión y no dudará a la hora de dar esta batalla en la calle, en la Justicia o en el ámbito legislativo”, concluye el comunicado, anticipando la continuidad del conflicto con el Gobierno en torno a las políticas de persecución de la protesta social.
La respuesta del Gobierno
Tras conocerse el fallo, el Gobierno nacional salió a responder a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien defendió la vigencia del protocolo antipiquetes y adelantó que apelará la decisión judicial. “Sin protocolo no hay orden, hay caos”, sostuvo en redes sociales, al tiempo que acusó al juez de “intentar avanzar” sobre las facultades del Ejecutivo.
Bullrich aseguró que la medida cuenta con “fundamentos técnicos, jurídicos y operativos” y afirmó que será defendida “a toda costa”, al considerar que se trata de una herramienta que, según su visión, “devolvió orden y tranquilidad a los argentinos”.