Las 62 Organizaciones Peronistas ratificaron su “compromiso histórico e inquebrantable” con los trabajadores argentinos y expresaron su rechazo “total y absoluto” al proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, que ya obtuvo media sanción en el Senado y se encamina a su tratamiento definitivo en la Cámara de Diputados.
Lejos de representar un avance, la iniciativa “constituye un retroceso histórico” que, según señalaron, vulnera derechos fundamentales, debilita la organización sindical y reinstala un modelo de relaciones laborales basado en la precariedad, la desprotección y la pérdida de garantías esenciales para la clase trabajadora.
“Nuestra lealtad es, fue y será siempre con los trabajadores y con la defensa de sus intereses colectivos. Ninguna reforma puede construirse a costa de la dignidad de quienes sostienen la producción, la economía y la vida social del país”, afirmaron.
Un planteo en clave de derechos humanos
El comunicado incorpora un fuerte cuestionamiento jurídico al advertir que el derecho del trabajo es un pilar de los derechos humanos, reconocido por la Corte Interamericana como un conjunto de garantías autónomas, justiciables y protegidas por la Convención Americana.
En ese sentido, sostuvieron que el proyecto viola el principio de progresividad y no regresividad consagrada en la Convención Americana y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que impide a los Estados reducir el nivel de protección alcanzado sin una justificación imperiosa y sin haber agotado todas las alternativas disponibles.
Además, señalaron que la reforma vulnera normas constitucionales y tratados internacionales con jerarquía supralegal, entre ellos los convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical, el Convenio 1 sobre jornada laboral, el Protocolo de San Salvador y los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional.
“Zozobra estructural” y disciplinamiento
En paralelo, las 62 advirtieron que las medidas impulsadas generan un estado de “zozobra estructural” caracterizado por la incertidumbre, el miedo y el disciplinamiento.
“Un trabajador sometido a la inseguridad permanente es un trabajador inhibido para reclamar, organizarse o ejercer derechos básicos”, remarcaron.
Entre los puntos más cuestionados enumeraron el debilitamiento de la negociación colectiva por actividad, la restricción del derecho constitucional de huelga, la eliminación de la Justicia del Trabajo especializada, la voluntarización de los aportes sindicales a partir de 2028 y la incorporación de mecanismos como bancos de horas y topes indemnizatorios.
“Estas medidas no modernizan: desarticulan. No generan empleo: profundizan la precariedad”, señalaron.
Exigen el rechazo total
“La evidencia histórica y comparada demuestra que las reformas regresivas no crean empleo, sino que precarizan el existente y transfieren recursos del trabajo al capital sin beneficio social verificable”, sostuvieron.
Por eso, en su carácter de “custodios de los derechos y legítimos intereses de la clase trabajadora”, solicitaron el rechazo total del proyecto en sus términos actuales y exhortaron a la Cámara de Diputados a actuar con “responsabilidad histórica”.
El documento, firmado por el secretario de Interior, Rubén Grimaldi, y el secretario general, José Ibarra, concluye con una definición política contundente: “Defender los derechos laborales es defender la Argentina”.