La CGT convocó a un paro nacional cuando Diputados trate la reforma laboral tras el intento furtivo del Gobierno de pasar la motosierra sobre las licencias

La central obrera confirmó una huelga sin movilización para este jueves, en coincidencia con el debate del proyecto en la Cámara baja. El detonante fue la incorporación subrepticia de un artículo que reduce hasta un 50% el pago de salarios durante licencias por enfermedad o accidentes no laborales, agregado por fuera de las negociaciones formales.

Por Matías Tagliani

Director de Data Gremial

Lunes, 16 de febrero de 2026 16:44

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro nacional sin movilización este jueves, en coincidencia con el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. La decisión se precipitó tras la incorporación, sobre la hora, de un artículo que modifica el régimen de licencias por enfermedad.

Cristian Jerónimo, uno de los tres secretarios generales de la central obrera, confirmó este domingo la medida de fuerza. “Creo que están dados los consensos colectivos de los distintos sectores para ir a un paro nacional. Trabajaremos para que sea con el mayor grado de acatamiento de todos los sectores, para que sea una gran huelga”, afirmó en declaraciones radiales, y anticipó así lo que este lunes feriado la conducción formalizó a través de una reunión virtual.

El artículo que cambió el clima

Hasta ese momento, el vínculo entre el oficialismo y la central mantenía canales de negociación abiertos. Sin embargo, durante el tratamiento en el Senado, el Gobierno incorporó en la madrugada una modificación al artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo que alteró ese equilibrio.

La nueva redacción establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, el trabajador cobrará el 50% de su salario si la imposibilidad de trabajar es consecuencia de una actividad voluntaria y consciente que implicara riesgo para la salud. Ese esquema regiría por tres meses si no tiene personas a cargo y por seis meses si las tiene. En caso de que la enfermedad no sea producto de esa conducta, la remuneración sería del 75% durante el mismo período.

En el sindicalismo interpretaron la inclusión del artículo, fuera del texto original y sin discusión previa, como una ruptura de los acuerdos informales que sostenían el diálogo.

Resistencia política y debate interno

El impacto no se limitó al movimiento obrero. El cambio también generó ruido en bloques dialoguistas como el PRO, la UCR y Provincias Unidas, que comenzaron a expresar reparos sobre el nuevo artículo. A la vez, el peronismo —que venía mostrando divisiones en votaciones clave— anticipó que actuará en bloque para rechazar el proyecto.

En el oficialismo, donde hasta hace días daban por descontada una aprobación relativamente ordenada en Diputados, ahora se debate la conveniencia de acelerar el tratamiento este jueves o revisar el texto para evitar una derrota parlamentaria que obligue a retrotraer la iniciativa al Senado.

La defensa oficial y la reacción sindical

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió públicamente la modificación con un ejemplo que generó controversia: “Si, por ejemplo, te lastimaste jugando al fútbol —es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver— y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”.

La explicación encendió alarmas en el mundo sindical y entre abogados laboralistas, que advirtieron que la redacción podría abrir la puerta a una mayor litigiosidad, en sentido contrario al objetivo oficial de reducir la judicialización laboral.

El abogado laboralista Julián de Diego, vinculado históricamente al debate de reformas en la materia, tomó distancia del artículo y reconoció que “salió como un fantasma”. Según su análisis, la modificación puede generar más conflictos judiciales y tensiones interpretativas.

Advertencias por tratados internacionales

Además del frente político y sindical, el artículo abrió un debate jurídico. Especialistas señalaron que la reforma podría entrar en conflicto con convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por la Argentina, así como con compromisos asumidos en acuerdos internacionales recientes.

El ex ministro de Trabajo del menemismo, Armando Caro Figueroa, advirtió que el proyecto incorpora aspectos que podrían afectar derechos protegidos por los convenios de la OIT, entre ellos la protección del salario en caso de enfermedad y la libertad sindical. “La reforma laboral necesita decisiones, pero luego tiene que pasar una prueba jurídica y de la realidad”, señaló.

Escenario abierto

Si la oposición lograra modificar o eliminar el artículo cuestionado, el proyecto debería regresar al Senado para su revisión, un escenario que el Gobierno busca evitar. En paralelo, la CGT prepara una huelga que, de concretarse con alto acatamiento, podría marcar el inicio de una nueva etapa de confrontación entre la administración de Javier Milei y el movimiento obrero.

Con el paro nacional en puerta y el Congreso dividido, la reforma laboral entra en su tramo más incierto, atravesada por tensiones políticas, advertencias jurídicas y un sindicalismo que decidió volver a la calle.