La conducción de la CGT se reunirá mañana miércoles en la antesala de una semana clave en el Congreso, marcada por las sesiones del Senado y, en particular, por el tratamiento de la reforma laboral previsto para el viernes. La idea es que la dirigencia debata los pasos a seguir con la inminente aprobación de la Ley de Modernización Laboral, que volvió a la cámara alta con algunos cambios. Las versiones indican que la propuesta que más convence a la dirigencia es la de mantener la judicialización como la estrategia principal contra los artículos más polémicos de la iniciativa, y no acompañar el paro de 36 horas que plantean los sectores más combativos.
El encuentro se realizará mientras el oficialismo busca avanzar con la aprobación definitiva del proyecto de reforma laboral. En la central obrera descuentan que la iniciativa podría ser sancionada y anticipan que, de concretarse ese escenario, evaluarán estrategias para “hacer pagar el costo político” a los senadores que acompañen la norma. No obstante, la mayoría de la mesa chica coincide en que “no hay contexto para una nueva medida de fuerza” a nivel general, por lo que ratificarán la decisión de judicializar los artículos que consideran inconstitucionales, entre ellos los vinculados a eventuales limitaciones al derecho a huelga.
Desde la conducción cegetista señalaron que analizarán “el malestar en la calle”, pero evitarán impulsar medidas de acción directa que impliquen un alto desgaste organizativo y político. La reforma laboral fue aprobada por la Cámara de Diputados de la Nación y regresó al Senado de la Nación luego de que el oficialismo eliminara durante el debate el artículo 44, que establecía reducciones salariales para trabajadores que solicitaran licencia por enfermedad. La cámara alta había otorgado media sanción al proyecto el 12 de febrero y ahora deberá definir su redacción final.
La vía judicial
La respuesta que se viene armando en Azopardo apunta al fuero contencioso administrativo federal. Según se supo, volver a la huelga no está entre las opciones que maneja el triunvirato en el corto plazo. "Estamos avanzando fuertemente en el escenario de la judicialización de la ley en su totalidad y de algunos artículos en particular", confirmó Jorge Sola, uno de los cotitulares de la CGT, Cristian Jerónimo fue en la misma línea: "Nos queda otra instancia. Vamos a ir a la Justicia porque este proyecto va en contra de la Constitución Nacional".
Los argumentos jurídicos ya están sobre la mesa. Para los abogados de la CGT, la reforma vulnera dos principios constitucionales: el principio protectorio del artículo 14 bis -que obliga al Estado a defender al trabajador como parte más débil de la relación laboral- y el de no regresividad de los derechos sociales. "Una vez que tenés un derecho, no podés bajar de ese nivel. El Pacto de San José de Costa Rica lo dice claramente", subrayó Sola al respecto.
Los puntos más cuestionados son la derogación de la ley de teletrabajo, la licuación de las indemnizaciones, el banco de horas, los límites al derecho de huelga y la habilitación de convenios por empresa por debajo del convenio colectivo. En paralelo, las dos CTA trabajan en presentaciones conjuntas y estudian atacar la ley desde tres frentes: derechos individuales, derechos colectivos e inconstitucionalidad general, con chances de litigar en más de un fuero.
Sin paro
Este plan de lucha hasta ahora no contempla un nuevo paro nacional, si acompañar la medida de fuerza que plantean otros sectores. Al respecto, gremios de perfiles más confrontativos, reunidos en el Frente de Sindicatos Unidos (FrESU), preparan un paro para el próximo viernes, que podría ser de 24 o 36 horas para enfrentar la reforma laboral. en la jornada también prevén realizar 12 horas de movilización en rechazo a la reforma. Se trata de los mismos sectores que la semana pasada cuestionaron la estrategia de la conducción cegetista al impulsar una movilización al Congreso durante el paro general sin marcha convocado por la CGT.
Tras la media sanción en Diputados, el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, Mariano Moreno, criticó con dureza la iniciativa al sostener que el Congreso “votó en contra de los trabajadores, de sus derechos y de sus familias”. Por otro lado, Moreno advirtió que la norma impactará de manera directa sobre el sector marítimo y fluvial, al excluirlo de la Ley de Contrato de Trabajo y modificar instancias de resolución judicial laboral.