En un comunicado titulado "La democracia está en peligro", la Confederación General del Trabajo (CGT) manifestó su profunda preocupación ante un inminente fallo de la Corte Suprema en la Causa Vialidad que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según la central obrera, la resolución judicial podría representar un grave retroceso institucional en la antesala de las elecciones legislativas.
La CGT denunció que el proceso judicial contra la exmandataria estaría “viciado de irregularidades” y enmarcado en una “embestida político-mediática sobre la Justicia”. En su posicionamiento, advierten que la causa judicial se ha desvirtuado hasta convertirse en un mecanismo de persecución.
“Se desvirtúan los procesos judiciales”
Desde el Consejo Directivo Nacional de la CGT, señalaron que ciertas decisiones judiciales están dejando de lado la imparcialidad para transformarse en instrumentos de “persecución y proscripción política”. En este sentido, establecieron un paralelismo con el caso del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, quien fue encarcelado en un proceso que luego fue anulado por irregularidades.
“La voluntad popular debe ser resguardada”, sostuvo el consejo directivo de la CGT, remarcando que sólo a través del voto libre y democrático debe definirse quién ocupa cargos de representación. Cualquier intento de intervenir desde otros poderes del Estado, advirtieron, atenta contra la soberanía constitucional.
Respaldo explícito a Cristina Fernández de Kirchner
En el mismo documento, la CGT expresó su “solidaridad y apoyo incondicional” a la expresidenta, a quien consideran víctima de una campaña judicial orientada a su proscripción. Además, exigieron que el Poder Judicial actúe con “independencia e integridad”, en consonancia con los principios de la República.
El trasfondo económico de la proscripción
Para la central sindical, detrás de los intentos de inhabilitar políticamente a determinados sectores, se esconde un objetivo económico más profundo: consolidar un modelo regresivo. “La proscripción electoral es una condición necesaria para imponer este modelo”, sentencia el documento. En su análisis, dicho modelo se caracteriza por el incremento de la desigualdad y el empobrecimiento de las mayorías trabajadoras.
Tensión institucional y una fecha clave
El comunicado fue emitido el 10 de junio, una fecha que podría marcar un punto de inflexión en la coyuntura política del país. La CGT advierte sobre un escenario de creciente tensión institucional, mientras el máximo tribunal del país se encuentra en el centro del debate político y jurídico, con observadores nacionales e internacionales siguiendo de cerca sus decisiones.
Con este pronunciamiento, la CGT no solo vuelve a posicionarse en defensa de la democracia y contra la judicialización de la política, sino que también lanza un llamado de atención sobre las consecuencias sociales y económicas que podría acarrear una eventual proscripción en el marco de un año electoral clave.