La Justicia dió un duro golpe a los propietarios de la empresa de neumáticos FATE al embargar por alrededor de $3.000 millones por incumplimiento de los fallos de Cámara.
La compañía del grupo Madanes Quintanilla quedó en shock con la determinación aprobada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia Instancia del Trabajo N°17, y evidencia un punto de inflexión en el conflicto que paraliza la actividad de la planta ubicada en San Fernando.
La aplicación de la determinación fue inmediata, ya que la orden de ejecución llegó a las entidades bancarias durante la mañana de este martes.
Precisamente, resultó ser una medida “inaudita parte”, lo que permitió trabar el embargo sobre las cuentas sin previo aviso al demandado. La finalidad era evitar cualquier movimiento de fondos que complique su aplicación.
La suma del embargo está compuesta por $2.600 millones correspondientes a salarios netos de febrero y marzo, junto a los $300 millones estimados en intereses y costas judiciales, aunque sin multas adicionales.
¿Error estratégico?
El empresario Javier Madanes Quintanilla y las demás autoridades parecen haber errado su táctica judicial tras entender que el recurso de apelación en el expediente principal suspendía la ejecución de la condena.
No obstante, las autoridades judiciales entendieron que la firma ignoró la orden de la Sala II notificada el 6 de abril, lo que habilitó el embargo preventivo bajo la modalidad "inaudita parte".
Al respecto, los representantes de los trabajadores puntualizaron que los miembros de la patronal "pensaron que su recurso suspendía la ejecución de la medida y no la cumplieron", sobre la vigencia del fallo notificado el pasado 6 de abril.
"Esto acelera el cobro. Es inapelable y la orden ya llegó a los bancos", enfatizaron.
A quiénes beneficia el embargo
La resolución judicial es de alcance colectivo, ya que garantiza no solo el pago para los 256 operarios que resisten en la planta instalada en zona Norte del Gran Buenos Aires, sino también lo adeudado a los 644 trabajadores que se habían desvinculado bajo esquemas de retiros. "La orden contempla a todos", confirmaron.
Como se citó anteriormente, los asesores externos confirmaron su desorientación ante el avance de la jueza Liliana Rodríguez, de tal manera que señalaron "la empresa hasta hace unos minutos no había sido notificada". Eso evidenció que la medida cumplió su objetivo de sorprender a la patronal antes de que pudiera reaccionar.
Ya pasaron más de 50 días desde que la planta de San Fernando permanece cerrada, mientras el contexto político no ayuda dado que el ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, aconseja solamente que el sector debe adaptarse a la competencia y “dejar de cazar en el zoológico”. Mientras tanto, los operarios planifican movilizaciones hacia Plaza de Mayo y reclamos de intervención estatal.
Ahora, la compañía enfrenta su momento más delicado, con una durísima derrota jurídica que la obliga a pagar por la fuerza una deuda laboral que buscó ignorar.