Por varias razones, el conflicto de FATE es un emblema de la crisis laboral que se vive en el país. Primero, porque la empresa de producción nacional de neumáticos intenta “transformar” su negocio, como suele pedir el presidente Javier Milei, y convertir la planta de la localidad de San Fernando en una ensambladora de baterías chinas. Además, muestra la falta de protección a la producción nacional del modelo libertario. La pelea iniciada por el gremio SUTNA y el movimiento obrero en general apunta a no tener un precedente de tanto peso en su contra, ya que si avanzan con el desmantelamiento de la firma, muchos esperan que detrás “venga un tendal”. En este camino, el fallo de la justicia que confirma la obligación de FATE de pagar los salarios hasta junio es una buena noticia. Además, en las últimas horas otras medidas judiciales pusieron un límite a la avanzada empresarial, tal vez viendo que cierta debilidad política del gobierno nacional se traslada a la disputa entre los gremios y las patronales. Así, un juez adelantó que podría sancionar penalmente al CEO de Shell por no cumplir con la reinstalación de un trabajador despedido de la planta de Villa Inflamable, en Avellaneda. Muchos ven en estas medidas un nuevo posicionamiento judicial, siempre atento al equilibrio de poderes.
Luego de una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, se extendió por cinco días la conciliación obligatoria en FATE. El dato más importante es que la casi a la par, el Juzgado Laboral N°17 dictó una medida cautelar que impone un embargo preventivo de aproximadamente tres mil millones de pesos sobre la empresa de la familia Madanes Quintanilla, en busca de garantizar el pago de los salarios de toda la nómina de personal que se encontraba activa al momento de firmarse el acuerdo de estabilidad el año pasado.
Según le confirmaron fuentes cercanas al conflicto a Data Gremial, apenas comenzó la crisis en febrero “hubo un acuerdo para no despedir personal ni terminar ninguna relación laboral hasta que se termine de discutir la cuestión de fondo”. Pero la empresa lo incumplió, comenzando con el no pago de los haberes. “Los fallos vienen obligando a la empresa a cumplir con lo acordado previamente”, agregaron las fuentes, que ven en “la movilización que se está dando y la falta de respuesta del gobierno” un factor determinante en la decisión judicial, que se genera en un clima de mayor tensión gremial y social.
Para los trabajadores, esta medida es “una tregua” en el ataque que se genera desde la empresa, y les permite ganar tiempo para avanzar en alguna solución de fondo.
El SUTNA elaboró para esto un proyecto de “ocupación temporaria” de la empresa, para que la provincia de Buenos Aires pueda intervenir y armar un tipo de esquema que permita seguir la producción. El argumento es que “FATE es la única productora de radiales para transporte de corta, media y larga distancia”, y si se deja de trabajar se pierde esa producción. Pero hasta ahora, la propuesta no logró aval en los bloques de la legislatura bonaerense, ni consensos para ser impulsado en otros ámbitos. Desde SUTNA reconocieron que “tuvimos reuniones con casi todos los sectores del peronismo y de otras fuerzas provinciales, pero no fuimos recibidos por emisarios del gobernador Axel Kicillof”.
Además del político, otro problema que enfrenta la propuesta del gremio es que la mayoría de los operarios ya acordaron su salida de FATE. Como contó a Data Gremial en su momento Pedro Wasiejko, ex secretario general del gremio, de los casi mil trabajadores “unos 750 ya se desvincularon”.
Intimación
Otro fallo que desnuda que la justicia comienza a intervenir desde otra perspectiva en los conflictos sindicales es que se dio en la planta de Shell Raízen, la operadora local de la multinacional de los combustibles. En el marco de una larga pelea que se da por el despido persecutorio de al menos cinco trabajadores y activistas de la planta de Villa Inflamable, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 40 emitió una intimación penal contra el presidente de la firma, Andrés Cavallari, exigiendo “la reincorporación definitiva” de uno de los cesanteados, Gustavo Michel. Con esta “contundente resolución de la justicia, se intima penalmente a Andrés Cavallari, representación máxima de la compañía Shell Raizen, a qué cumpla con la reinstalación por la más varias faltas de incumplimiento de la empresa”, informaron desde la planta. Varios fallos obligan a la reinstalación de estos empleados, pero la empresa hasta ahora se niega a cumplirlos, como el que logró Pablo Placeriani, que pese a esto sigue sin poder volver a su puesto laboral.
Michel forma parte de los trabajadores despedidos en enero de 2025 que denunciaron “persecución y discriminación laboral”. En el mes de abril un fallo cautelar de reinstalación ordenó a la empresa su reinstalación, Pero la empresa se viene negando sistemáticamente, incluso desatendiendo la presencia del oficial de justicia de la oficina de mandamientos y notificaciones de Avellaneda. “Nuestro conflicto vienen de hace rato, en mi caso tengo fallo de cámara a favor de la reinstalación pero la patronal lo sigue incumpliendo”, le explicó Michel a Data Gremial.
Por eso consideró “novedosa” la intimación penal contra el CEO de la empresa, para que acate el fallo. “La bronca es que tenemos que llegar a este tipo de instancias, por ahora no hay respuesta de Shell, esperamos que reaccionen con alguna maniobra legal, tratando de dilatar el tema”, agregó el trabajador.
Los despedidos de Shell estuvieron en la Plaza de Mayo junto a los empleados de FATE y otros sectores, reclamando que las empresas cumplan los fallos judiciales. “Las patronales no cumplen los fallos judiciales, las conciliaciones, no cumplen nada, pero nosotros mostramos que tenemos razón”, destacó Michel.
A partir de estas luchas, se está formando un gran polo de resistencia, que en su momento fomentó una multisectorial en el sur del conurbano bonaerense para frenar el avance de estos conflictos. Para visibilizar esta postura, se convocó a una reunión solidaria para resolver nuevas medidas, este jueves a las 17 en la Plaza Alsina de Avellaneda. “La idea es mostrar todos los sectores que nos estamos apoyando, que nos estamos juntando para frenar el avance de las patronales”, afirmó Michel.
Reforma laboral
Si estos dos fallos para estos conflictos puntuales son claves para marcar el clima del momento, lo que pueda suceder con la reforma laboral en el plan judicial será clave para entender cómo ven los magistrados el momento del país. Los numerosos fallos que distintos jueces del país están dictando contra la ley libertaria que impulsó el gobierno y aprobó el Congreso impiden su inmediata aplicación y hasta que no haya un pronunciamiento de la Corte Suprema todo quedará en un compás de espera, afirman las proyecciones. Este panorama fue trazado por varios especialistas en la materia después de que en los últimos días se conocieran varias resoluciones contrarias a la denominada “modernización laboral”.
Además del fallo CGT, que suspendió gran parte del articulado, hubo resoluciones que declararon inconstitucionales el pago de indemnizaciones en cuotas, la limitación de intereses en juicios y la eliminación de multas por empleo no registrado. Cada una de esas causas pueden terminar en la Corte Suprema y resolverse por separado. Es decir que el máximo tribunal tendrá que pronunciarse en algún momento sobre cada uno de los aspectos de la reforma.
Mientras tanto, todo eso está en un compás de espera y el gobierno no puede lograr llevar a la práctica la reforma que tanto impulsó. Hasta que no se resuelva la cuestión de fondo, la nueva ley está suspendida y rige la anterior. En ese expediente, el Estado ya apeló y la Unión Industrial Argentina (UIA) se presentó como tercero voluntario, por lo que ahora resta esperar si la Cámara Nacional del Trabajo mantiene o revoca la decisión del juez Raúl Ojeda.