El acuerdo firmado por los gremios universitarios, luego de unos dos años de pelea con el gobierno de Javier Milei, fue celebrado por la comunidad educativa, pero se entiende como un punto de partida para que se cumpla completa la Ley de Financiamiento del sector. El dato principal fue un aumento salarial que mejora los ingresos de forma inmediata, y si bien no contempla lo perdido en años anteriores es un alivio para sueldos que cayeron 18 meses seguidos. Esta pérdida se dio especialmente por la estrategia de anclar los ingresos por parte del Ministerio de Economía, que impuso un techo salarial inflexible para toda la administración pública. Que se haya roto ese límite abre la expectativa de un “efecto contagio”, y que se puede renegociar los acuerdos por encima de esa franja del 1-2 por ciento mensual.
La idea ya circula en la administración pública nacional, que en breve debe reabrir la paritaria, que se viene cerrando de forma unilateral generando una fuerte pérdida, según denuncia ATE, que ya tiene aprobado un paro de 36 horas para esa fecha. El convenio universitario podría ser un potenciador para mejorar los porcentajes de aumento. Esto también podría darse en el sector privado, donde el techo estatal funcionó como un termómetro del clima de la discusión de ingresos.
La victoria parcial alcanzada en el sector universitario puede funcionar como un importante antecedente en el estado nacional para romper con el techo salarial libertario. Así es visto por la dirigencia estatal, que analiza los pasos a seguir, ante la inminente apertura de negociaciones, que todavía no tiene fecha. “Entendemos el triunfo universitario, una contestación simbólica a la movilización más grande de su historia, es una novedad, porque el gobierno tuvo que retroceder, como pasó con otras victorias populares, como al del Hospital Garrahan”, sostuvo Rodolfo Kempf, referente de ATE en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
En diálogo con Data Gremial, consideró “un avance de la lucha” el aumento conseguido, aunque en su condición de docente universitario lo calificó de “insuficiente”. Respecto al impacto que puede tener en las paritarias generales del estado, Kempf resaltó que “genera perspectivas de un avance, contra el techo salarial y el pluriempleo”. “Hay que tomar este ejemplo como una perspectiva para adelante, para terminar cuanto antes con esta política salarial, en la calle junto a todos los sectores del Estado y del sector privado”, insistió.
Una de las características del acuerdo universitario es que llega cuando la tensión está en su tope máximo, y las alternativas eran pocas para evitar el colapso. En este sentido Kempf –quien es parte de la conducción nacional de ATE -recordó que el incremento llega en momentos que “se tomaron los colegios preuniversitarios y que los gobernadores no pueden aguantar más la situación de ajuste, incluso aquellos que han colaborado con sus políticas”.
En el Estado nacional, los trabajadores estatales fueron los que primero plantaron bandera ante la motosierra libertaria, generando el primer paro nacional de su gestión. Por eso, esperan que la próxima paritaria, marcada por la protesta de 36 horas, pueda marcar un cambio. “Hay que seguir el camino de Bolivia”, dijo el referente sindical, dejando en claro el perfil que plantea el gremio. En este sentido, Kempf subrayó que “nos queda por delante la lucha contra este régimen que representa el fascismo del siglo XXI, que utiliza los salarios de hambre tanto en el sector universitario como el sector científico-tecnológico para intentar desmantelar el conocimiento, mercantilizando y regalando lo que se pueda”. Esto, agregó, va de la mano “del industricidio que se lleva adelante”.
Pérdida salarial
El congelamiento de los ingresos en el Estado nacional, como asegura Kempf, fue una forma de desmantelar su entramado más profundo, promoviendo la salida de trabajadores en busca de mejores ingresos. Esto pudo verse claramente en distintas dependencias, donde las renuncias y los retiros voluntarios hicieron y hacen estragos en la plantilla de personal, dejando a entidades de prestigio y trayectoria como el INTI o el INTA prácticamente paralizados.
Los bajos salarios públicos no son un fenómeno nuevo, pero desde que Milei llegó a la Casa Rosada el desplome es notable. Así lo determinó el último informe de la Junta interna de ATE en el INDEC, que viene siguiendo la evolución del poder de compra de los sueldos públicos. A marzo de este año, cuando se produjeron una serie de aumentos que dispararon el IPC, se necesitó según sus estimaciones “2.347.464 de pesos para satisfacer las necesidades mínimas de un hogar constituido por una pareja de 30 años con dos hijos en edad escolar”. “Este valor se compone de 812.888 pesos necesarios para adquirir una canasta alimentaria mínima y de 1.534.576 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos”, resaltó el reporte, al que tuvo acceso Data Gremial.
Las canastas utilizadas para el ejercicio de análisis de los trabajadores del INDEC no son las utilizadas para la medición de la pobreza, por ejemplo, que en marzo de 2026 llegó a 1.434.464 pesos. “La inflación no afloja y los salarios siguen corriendo de atrás: hoy se necesitan más de 2.300.000 pesos para vivir”, explicaron desde el organismo. “Desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza, la inflación acumulada alcanza el 290,3 por ciento, mientras que el salario del caso testigo (Nivel D Grado 0) registra una pérdida del 31 por ciento de su poder de compra, consolidando un fuerte deterioro de los ingresos reales”, denunciaron.
En el caso de los trabajadores monotributistas, la situación “es aún más crítica”. Según los cálculos de ATE-INDEC, “tomando un ingreso mensual actual de 723.932 pesos, acumulan una pérdida de 6.073.982 pesos, equivalente a casi 8 meses de honorarios en los últimos 97 meses”. El informe advierte que “la brecha entre ingresos y gastos se profundiza y plantea la necesidad de una respuesta colectiva para revertir esta situación”.
Sector privado
En tanto, el impacto del acuerdo salarial universitario puede desplazarse a otros sectores, incluyendo los privados, que tendrán en el segundo semestre del año una intensa actividad, en especial por la idea del gobierno de revisar más de 400 convenios. Es que el techo salarial libertario se impuso en las distintas ramas de la actividad a partir de una política de no homologación de aumentos por fuera de las cifras aceptables para el equipo económico.
En esto, el secretario de Trabajo Julio Cordero fue el brazo ejecutante de esta política, lo que generó enfrentamientos con los gremios. En mayo pasado, hubo una tensa disputa por la paritaria de los empleados de comercio, la más grande del país que suele ser un “termómetro” del clima. El gremio que lidera Armando Cavalieri se anotó una victoria, al acordar también mejoras salariales para la rama de empleados en agencias de turismo (CCT 547/08). Además, la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal modificó las grillas salariales aplicables a los empleados de propiedad horizontal. Los cambios introducidos alteran los haberes correspondientes a mayo, los cuales se efectivizan este mes.
Pensando en lo que viene, una de las paritarias que se “calentó” en estos días es la de los empleados de la Sanidad. La negociación atraviesa uno de sus momentos más delicados. Luego de más de dos meses de reuniones sin avances concretos, la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) declaró “el estado de alerta” en todo el sector y endureció sus cuestionamientos hacia las cámaras empresarias por la falta de una propuesta salarial. A través de un comunicado, la organización sindical sostuvo que la crisis que atraviesa el sistema de salud “no puede seguir siendo utilizada como argumento para justificar la ausencia de respuestas a quienes sostienen diariamente la atención en clínicas, sanatorios y establecimientos asistenciales”. “Después de dos meses de negociaciones, las empresas continúan sin presentar una sola propuesta salarial que permita recomponer los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores del sector”, señaló la federación que conduce Héctor Daer.
El documento refleja el creciente malestar sindical frente a una negociación que permanece estancada. Según planteó FATSA, mientras las empresas exigen cada vez más esfuerzo y compromiso al personal de salud, se niegan sistemáticamente a discutir una mejora salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido.