Carlos Acuña, cotitular de la CGT, fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal en el juicio en el que estaba procesado y embargado por el bloqueo contra una estación de servicio en CABA el 21 de diciembre de 2021. La decisión de la justicia fue una probation que consiste en 4 horas mensuales de trabajos comunitarios, además del pago de una indemnización de 8 millones de pesos a la empresa. De esta forma se suma a otros dirigentes que son perseguidos por sus acciones gremiales.
La medida fue adoptada hace ocho meses por la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que revocó el sobreseimiento judicial que lo había beneficiado en septiembre de 2024. Pero el 19 de junio pasado el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital le concedió a Acuña la probation, como pidieron sus abogados, aunque el sindicalista tendrá que pagar el daño a la estación de servicio.
El dirigente estaba procesado y embargado porque la Justicia lo consideró “responsable del delito de coacción en calidad de autor” por las acciones contra la estación de servicio realizado el 21 de diciembre de 2021: ese día, al frente de activistas de su gremio, Acuña “bloqueó los accesos a la playa e impidió trabajar a los empleados, retirándose recién a las 16.30″, según el fallo.
Detalles del fallo
Según la denuncia de la empresa, las protestas extorsivas fueron realizadas por reclamos que estaban fuera de lo estipulado en el convenio y se centraron en estaciones de servicio enroladas en la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) mientras se desarrollaban las negociaciones salariales de 2021, por lo cual “el accionar delictual estaba perfectamente planificado al solo efecto de generar daño y condicionar la discusión paritaria”.
En su fallo que revocó el sobreseimiento de Acuña, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional señaló que “ningún derecho podía ejercerse abusivamente, dado que la ley no los considera absolutos ni tampoco ampara el exceso por sobre lo que en justicia corresponde al prójimo” y recordó que la Corte Suprema afirmó que “el derecho de huelga, con jerarquía constitucional, no es óbice a la sanción legal de tipos de conducta que importe extralimitaciones en el ejercicio razonable de dicho derecho”.
Los jueces apuntaron contra la responsabilidad directa de Acuña en los bloqueos: “No modifica en lo sustancial que no hubiera estado presente en la estación de servicio al momento del episodio, en tanto se le ha enrostrado en su carácter de secretario general del sindicato la planificación y organización de esas acciones y el envío al lugar del grupo de personas que se ocuparon de ejecutarlas bajo su constante dirección”.
Conflictividad
En este sentido, el líder del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, GNC, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (SOESGyPE) se convirtió en el sexto sindicalista que fue enjuiciado por un bloqueo: una resolución similar benefició la semana pasada a miembros del Sindicato de Camioneros, entre quienes está Omar Pérez, dirigente de confianza de Hugo Moyano, imputados por extorsionar a una pyme de Trenque Lauquen. Pérez es secretario de Políticas de Transporte del Sindicato de Camioneros y secretario Gremial de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT). Los otros procesados son Omar Dutrá (secretario de Logística del gremio), Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz.
En el caso de Acuña, estaba procesado y embargado por 8 millones de pesos desde noviembre pasado por un bloqueo realizado en octubre de 2021 a una estación de servicio ubicada en la avenida Jujuy y México. En realidad, el sindicalista fue denunciado ante la Justicia por el empresario Antonio Roberto Rizzo, con el patrocinio de la abogada Florencia Arietto, por una serie de bloqueos dispuestos por unos 100 activistas de su sindicato durante dos días, en forma simultánea, en la estación de servicio de Capital y otras tres en Vicente López, Lomas de Zamora y San Pedro.