La decisión del oficialismo de postergar el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral fue festejada por los gremios como “un triunfo propio”. La movilización del jueves pasado, y los duros discursos de los dirigentes de la CGT fueron el preludio del anuncio de Patricia Bullrich, que asumió de forma personal el éxito de la propuesta, y ahora debe recomponer algunas relaciones para garantizar la media sanción. Además de la muestra de fuerza de la CGT y el resto de las centrales obreras, el retraso se explica por otros factores, como las heridas que dejó en la cámara de Diputados la discusión por el presupuesto –que se aprobó pero sin el artículo que derogaba leyes claves como la de Financiamiento Universitario –y la relación con los gobernadores. Allí está uno de los nudos gordianos que debe resolver la gestión libertaria si pretende darle curso a estos dos temas fundamentales para su futuro político y económico. En el caso de la reforma laboral, en las provincias hay un doble juego: Algunos mandatarios sostienen posturas críticas con los cambios, pero las aplican de alguna manera en sus jurisdicciones.
Como la motosierra del presidente Javier Milei, criticada por algunos gobernadores pero usada en sus estados. Un caso claro es el de Córdoba, que inició una reforma tributaria que afecta a los estatales, y que se parece bastante a la propuesta nacional. Quien no dejó dudas sobre su postura es Axel Kicillof, que marchó con los sindicatos y reúne a los mandatarios más díscolos para enfrentar la propuesta del gobierno.
La posición de los gobernadores respecto de temas legislativos importante, comenzando por la reforma laboral, está en la mira de los gremios. Desde ATE avisaron que buscarán que los mandatarios abandonen cualquier pacto con la Casa Rosada, y dijeron que “no dan gobernabilidad, sino que son cómplices” si apoyan ese y otros proyectos. Lo cierto es que todavía hay clima de incertidumbre sobre las posturas, en especial quienes forman Provincias Unidad, que intenta terciar en la disputa entre La Libertad Avanza y el peronismo. “Es toda una incógnita la postura que tomarán”, dijo Claudia Baigorria, titular de la seccional Santa Fe de la CTA Autónoma.
En esa provincia, Maximiliano Pullaro mantiene una postura ambivalente, según le contó la dirigenta a Data Gremial. “Una cosa fue el discurso para las elecciones, donde buscó recuperar parte de su electorado, y otra las decisiones que se tomaron durante todo el año”, explicó Baigorria. Como ejemplo, puso las propuestas realizadas por el gobernador cuando se reformó la constitución local. En términos generales, agregó, Pullaro “no es alguien que pretenda darle protección a los derechos laborales conquistados”.
En Santa Fe, al inicio de la gestión actual se realizó una importante reforma previsional que fue resistida por los gremios estatales y docentes. “Esta reforma laboral, que se envió sin consultar a nadie e incorpora de manera ilegal temas tributarias, además le va a costar a la provincia varios millones de pesos en impuestos coparticipables, lo que debería profundizar las críticas de los bloques de la oposición”, resaltó Baigorria en su análisis.
Mientras que los gobernadores peronistas ya marcaron su postura respecto del proyecto, criticando la baja en los impuestos coparticipables, los del bloque Provincias Unidades mantienen las dudas. En una reunión encabezada por Axel Kicillof y Elías Suárez, los mandatarios Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Gustavo Melella y Gildo Insfrán fijaron su rechazo.
El resto, sigue negociando. “Pullaro si quiere mantener la armonía, poder tener algún punto de acuerdo con el sector de la producción, lo primero que tendría que hacer es reclamar los fondos que Nación le debe”, recalcó Baigorria, que afirmó que con la reforma laboral habrá una nueva caída de esos recursos, que se calcula en 0,3 por ciento del PBI. Por esto, la CTA Autónoma de Santa Fe le pidió al mandatario local “que instruya a sus legisladores que voten en contra de esta reforma, por el hecho impositivo además de la vulneración de los derechos de los trabajadores”. Solo en Santa Fe, desde que asumió Milei cerraron más de 2 mil empresas, lo que marca el descontento del sector productivo con el modelo libertario.
El caso Córdoba
Un ejemplo de cómo los gobernadores pueden tener discursos contrarios a las políticas nacionales pero aplicar similares en su territorio es Córdoba. Casi al mismo tiempo que los gremios se movilizaban en su provincia y en Plaza de Mayo, la legislatura dio el visto bueno a una serie de reformas al sistema previsional que impulsó el gobierno de Martín Llaryora y lo declaró “en emergencia”. El Ejecutivo prevé un déficit de más de 800 mil millones de pesos para 2026 en virtud de la suspensión de los giros que por ley debe enviar el Tesoro nacional. La iniciativa oficial compatibilizó una iniciativa popular presentada por jubilados cordobeses que propició la restitución del 82 por ciento para más de 60 mil personas que perciban menos de 1.300.000 pesos con un proyecto que, con el objetivo enunciado de lograr la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones, habilita al Poder Ejecutivo a “adecuar las alícuotas de aportes personales de los distintos sectores", en un porcentaje que va del 2 al 8 por ciento, según se informó oficialmente.
Luego de muchas horas de debate en el recinto, presidido por la vicegobernadora Myrian Prunotto y el debutante presidente provisorio Juan Manuel Llamosas, la Unicameral aprobó el expediente pasada la medianoche. Frente a la legislatura, la CGT y distintos gremios expresaron su rechazo, y unificaron las críticas al proyecto cordobés y el nacional.
Pese a esto, en el entorno de Llaryora se jactaron de ser parte del fracaso del tratamiento de la reforma laboral y el presupuesto, el doble juego que vienen alertando varios sectores. Los gremios piden que haya cambios tanto a nivel provincial como nacional. “Dicen que la reforma laboral libertaria cercena el derecho a huelga, pero acá están criminalizando la protesta, lo mismo que hace Pullaro con los descuentos a los días de paro a los estatales y la aplicación del presentismo”, recalcaron fuentes gremiales. El caso más notable es el proceso de criminalización del titular de ATE y la CTA Autónoma local Federico Giuliani.
Postura definida
Si hay dudas respecto a lo que puedan hacer los gobernadores de Provincias Unidas, en el peronismo no esperan sorpresas, por lo menos de un núcleo duro que viene expresando su rechazo al modelo libertario. Como era de esperarse, el bonaerense Axel Kicillof es la figura más visible. En el marco de la movilización del jueves pasado, el mandatario bonaerense afirmó que el acto sindical “fue una movilización gigantesca. Nos fue muy difícil y complicado llegar por la cantidad de gente que vino” observó. Kicillof volvió a mostrarse crítico del modelo económico de la gestión libertaria y aludió al encuentro con empresarios pyme que tuvo más temprano en La Plata: “Es un gobierno que está de espaldas a la producción, al trabajo, a las condiciones de vida. Nosotros hoy hicimos una reunión con 80 dirigentes de las pymes de la provincia de Buenos Aires. No fueron consultados, no están de acuerdo y están pasando una crisis terminal” explicó.
Sobre el proyecto de reforma laboral que se debate en el Senado de la Nación, Axel Kicillof consideró que no va a resolver los problemas de la economía argentina “va a empeorar” consideró. “Necesitamos que quienes representan a los que laburan. Esta ley al que tiene condiciones dignas se las quita y al que no las tiene se las impide tener, es una reforma que no tiene un solo elemento que beneficie las condiciones del trabajador” planteó el gobernador de la provincia de Buenos Aires. La postura es acompañada por todo el entramado sindical provincial, tanto de gremios de la CGT como de las dos CTA, que se mantienen unidos empujando el posible proyecto presidencial, y esperan ser parte de su armado futuro. En este punto, en la disputa interna con el kirchnerismo, la CGT –tanto regionales como la conducción nacional –respaldó a Kicillof, mientras las dos CTA tuvieron posturas más ambiguas.