La motosierra del gobierno libertaria tuvo en dos años especial ensañamiento entre los empelados públicos. El ajuste del gasto tuvo un correlato feroz en la baja de trabajadores de la administración pública, que estuvieron en la mira de todas las medidas de ajuste del gobierno nacional. Los datos muestran que el Estado nacional cerró diciembre 2025 con 280.120 trabajadores en sus filas, en las distintas modalidades de contratación, tras una reducción interanual del 7,2 por ciento impulsada por Javier Milei. Según los datos recogidos por un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en los dos años de gobierno de La Libertad Avanza fueron recortados aproximadamente 63.234 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 18,4 por ciento en la planta de personal del Sector Público Nacional. Es decir, casi 80 (79,84) personas por día fueron despedidos. Esto generó que muchos organismos y entidades tengan serias dificultades para cumplir con sus tareas diarias, según vienen denuncian los gremios. Este año, el ataque al sector parece mantenerse. Esta semana, se conoció una decisión del Ministerio de Descentralización del Estado que limita los contratos para empleados mayores de 65 años, es decir, en edad de jubilarse. Estos trabajadores podrían ver limitada su continuidad, y forzados a jubilarse. La peor parte se la llevarán quienes tienen edad pero no aportes para ser pasivos: Estos se quedarían sin trabajo y con un plan de asistencia a la vejez como único ingreso.
La decisión de la cartera que comanda Federico Sturzenegger puso en alerta a los gremios, que alertan sobre el futuro de miles de empleados públicos mayores de 65 años. La orden del “coloso” fue limitar a seis meses los contratos de trabajadores del Estado mayores de 65 años. Según puso saber Data Gremial, la resolución establece como requisito para renovar las contrataciones “no permanentes a los organismos estatales que, de manera obligatoria, presenten la constancia de intimación a jubilarse a la población que ya alcanzó la edad dispuesta en la legislación”.
Una porción de esos trabajadores no reúne los requisitos legales para acceder a una jubilación ordinaria, afirman los gremios, lo que los dejaría sin empleo y sin posibilidad de alcanzar esos aportes. Además de esta medida, hace unos meses otra resolución del mismo ministerio fueron intimados a jubilarse unos 10 mil trabajadores estatales que si cumplían con las condiciones mínimas para acceder al beneficio previsional, de los cuales más de 6.800 correspondían a la planta permanente. Ahora, si bien no se sabe qué número de empleados están afectados por esta nueva medida, se espera que sean muchos los que sean forzados a dejar su cargo, y otros a acogerse a un plan social, porque sin años de aportes quedan exceptuados del beneficio. Un potencial problema muy grave.
Para esos trabajadores que no puedan renovar sus cargos, y deban jubilarse pero no tengan sus años de aporte, la alternativa es la PUAM. La Pensión Universal para el Adulto Mayor es un plan de ayuda a mayores cuyo importe es equivalente al 80 por ciento del haber jubilatorio mínimo y asciende, en la actualidad, a 279.443 pesos. Dicha prestación no otorga derecho a pensión por fallecimiento ni los beneficios completos de una jubilación contributiva, solo acceso a la atención del PAMI. “Esto puede generar una complicación real en los organismos y dependencias más golpeados por el ajuste”, reflexionó un importante dirigente estatal, ante el anuncio de esta medida.
En diálogo con Data Gremial, el dirigente planteó dos escenarios: “por un lado, la salida de empelados calificados, que no serán reemplazados; y si lo son, será con formas de contratación precarizadas. En ambos casos habrá problemas en las tareas diarias”. En este sentido, los gremios afirman que la medida se hará efectiva en áreas donde “el trabajador que debe jubilarse es el único técnico con experiencia específica o, incluso, en dependencias con dotaciones por debajo del mínimo necesario para funcionar”. Un caso de esos es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que tiene trabajadores con amplia experiencia, pero que desde hace años –incluso antes de la asunción de Javier Milei –se viene alertando por la falta de personal. “En estos dos años se duplicó la cantidad de trabajadores contratados o con condiciones laborales precarias”, admitieron desde la seccional de ATE en el organismo.
Jubilados y precarización
En la Argentina, en un contexto de ajuste y recesión económica, casi 1.100.000 jubilados continúan activos laboralmente, un 19 por ciento del total y un 60 por ciento más que hace una década. Además, casi un millón de jubilados cobran la jubilación mínima, por lo que se ven obligados a continuar trabajando para garantizar unos niveles mínimos de ingresos para su supervivencia. Desde hace un año, la gestión de Milei decidió no prorrogar la moratoria previsional prevista en la ley 27.705, que permitía jubilarse a quienes no completaron los 30 años de aportes mediante la regularización de períodos no aportados. Es decir, mediante el pago del monto faltante que se descontaba de la jubilación. Durante 2024, seis de cada 10 jubilaciones se otorgaron a través de ese mecanismo, por lo que su eliminación anticipa un impacto social significativo, según datos oficiales.
Desde ATE calificaron de “cruel e inhumana” la decisión de Sturzenegger. Y recordaron que en el estado nacional no sobre personal, todo lo contrario, un ejemplo de esto es lo que pasa en la ANAC, donde se lanzó un plan de lucha luego levantado por el pago de los salarios. Esta semana, sus trabajadores realizaron una asamblea en las puertas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Del encuentro participaron Mercedes Cabezas, Secretaria Adjunta de ATE Nacional; Marcelo Belelli, Coordinador Nacional de ATE ANAC; y Carla Mancini, Secretaria Adjunta de la Seccional de ATE Ezeiza-Esteban Echeverría-San Vicente. La asamblea se realizó a raíz de que el Gobierno continúa adeudando los salarios y no cumplió con el acuerdo de aumento salarial a las y los trabajadores del organismo. Belelli dijo: “Luego de la asamblea resolvimos convocar a una medida de fuerza por lo que ya hicimos la presentación en la ANAC convocando a un Paro para el 9 de febrero. Lamentablemente, el paro va a generar complicaciones en el área aerocomercial y llamamos a la reflexión de los funcionarios para destrabar este conflicto”.
Productividad
En tanto, el ataque a los estatales no sólo se da a nivel nacional. En las provincias hay varios ejemplos de esta política. En este sentido, Mendoza subirá un escalón en lo que tiene que ver con la precarización negociación salarial estatal. Es que le propondrá a los gremios aumentos salariales atados a los ingresos de la provincia. Hablan de “productividad”. La iniciativa es rechazada por los sindicatos que piden incrementos salariales reales en un contexto muy difícil. El arranque de esta iniciativa se presenta complejo por las posturas enfrentadas de ambas partes de la mesa negociadora y por una propuesta que parece más que delicada en un contexto de ajuste: paritarias por recaudación.
Desde el Poder Ejecutivo confirmaron a que la convocatoria a paritarias será durante febrero. El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, afirmó que el año pasado la masa salarial del Estado creció “considerablemente” por encima de la recaudación, situación que complejizará la discusión. “En el año 2025 la masa salarial aumentó considerablemente más que la recaudación. Cuando hay caída en la recaudación, la discusión paritaria es más compleja. En febrero tenemos planeado arrancar con las negociaciones”, explicó Fayad.
La productividad es rechazada de plano por los gremios que reclaman incrementos de haberes reales y que les garanticen un nivel de vida digno. De hecho, reclaman subir el piso salarial y a partir de eso negociar mejoras particulares. El titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Roberto Macho, rechazó que “la paritaria esté atada a la recaudación” y reclamó sueldos iniciales que partan de 1.800.000 de pesos para la clase inicial.