Cuando las columnas de los distintos gremios no habían despejado del todo la Plaza de Mayo, se conoció uno de los primeros efectos de la multitudinaria marcha de la CGT y el resto de las centrales obreras. La propia Patricia Bullrich, que asumió en primera persona el debate y la aprobación del proyecto de reforma laboral, confirmó que el debate en comisiones de la propuesta libertaria se retomará en febrero del 2026. Contra la idea de un tratamiento “exprés”, el oficialismo decidió bajarse de esa carrera, y afinar los mecanismos de alianzas y respaldos, para evitar situaciones contrarias como las que se vivieron pocas horas antes con el presupuesto. La decisión puede interpretarse como la respuesta inmediata a la movilización, que fue caracterizada por la dirigencia como el “inicio del plan de lucha” contra los cambios en el mundo laboral, que tiene un destino inevitable si la Casa Rosada sigue sin escuchar: el cuarto paro general a Javier Milei. El entusiasmo que dejó la jornada, y que marcó la vuelta a la calle de un bloque opositor heterodoxo pero muy representativo, apacigua los aires triunfalistas del gobierno, que en pocas horas trastabilló en dos propuestas consideradas claves, y que parece arriar las banderas hasta el año que viene en materia legislativa, pese a las sesiones extraordinarias abiertas.
Desde temprano, las columnas de los grandes gremios se fueron posicionando en los alrededores de la Plaza de Mayo, a la espera del discurso de los integrantes del triunvirato. Bajo el lema “En defensa del trabajo y la dignidad”, la dirigencia se aglutinó alrededor del flamante triunvirato, que siempre supo que resistir la reforma laboral era su mandato principal, y comenzó con esta muestra de fuerza. En los mensajes que dejaron los triunviros, la idea de “o nos escuchan o habrá paro general” tomó cuerpo, ante un aplauso aprobador de la multitud. Sorprendió lo puntual de los discursos, que hizo que en algunos casos las columnas no llegaran a su lugar, como pasó con algunas expresiones del peronismo.
Pese a esto y algunas quejas por la hora de la convocatoria, las fuentes de la organización le marcaron a Data Gremial que “hay satisfacción” por la jornada de lucha, que es entendida como “el inicio del plan de lucha contra el proyecto”. Dirigentes de diferentes sectores fueron dando su impresión sobre la jornada, y en general explicaron por qué creen que es fundamental que el pueblo salga una vez más a las calles para marcar su posición.
“Participamos de la movilización en contra de la reforma laboral que atenta contra los derechos históricos y en defensa del trabajo, el salario y la producción nacional”, destacaron desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), que aprovecharon la fecha para exigir “el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”, que el gobierno intentó sacar del proyecto de presupuesto. “Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la Universidad pública, gratuita, de calidad y al servicio de los pueblos y de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”, agregó la entidad que lidera Daniel Ricci. En tanto, el Sindicato de Camioneros –que tuvo como es costumbre una de las grandes columnas de la jornada recalcaron que “se moviliza para decir no a una reforma laboral que implica más precarización y un grave retroceso en los derechos conquistados por los trabajadores argentinos”. “Otra decisión que golpea de lleno a quienes ya sufren salarios insuficientes frente al aumento permanente del costo de vida”, sostuvo el gremio que comanda Hugo Moyano, que siguió desde la plaza las instancias de la jornada.
Pesos y contrapesos
A forma de balance, la jornada dejó varias cuestiones a favor del movimiento obrero. No sólo marcó su “músculo” en materia de movilización callejera, sino que además mostró la centralidad en el espacio opositor. En ese sentido, los reiterados pedidos de un cuarto paro general no tuvo lugar en la protesta, que se cerró con el anuncio de la postergación del tratamiento en el senado, que la propia Bullrich hizo.
La postergación al 10 de febrero puede interpretarse como una victoria en Azopardo, y como una forma de desactivar por un tiempo la propuesta nacional, nombrada por la dirigencia. La presencia de los llamados “gordos” aseguró masividad. Así, pudo verse a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) que encabeza Armando Cavalieri, una de las organizaciones con mayor presencia, concentrando a dirigentes, delegados y cuerpos orgánicos de todo el país. La participación del sector mercantil se dio en el marco de la “defensa de los convenios colectivos de trabajo, el salario y las condiciones laborales, ejes centrales de la convocatoria impulsada por la central obrera”.
Además de los gremios confederados, hubo un gran respaldo regional. Así, organizaciones sindicales regionales e internacionales manifestaron su rechazo a la reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei y expresaron su respaldo a las centrales sindicales argentinas que convocaron a movilizaciones en defensa de los derechos laborales.
A través de distintos pronunciamientos públicos, la Confederación Sindical de las Américas (CSA), UNI Américas y la Confederación Sindical Internacional (CSI) alertaron sobre el impacto negativo que las modificaciones podrían tener sobre el empleo, la negociación colectiva y la democracia. Los comunicados coincidieron en señalar que el paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo nacional no representa una modernización del sistema laboral, sino un avance regresivo sobre conquistas históricas de las y los trabajadores, en contradicción con los principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, el peronismo se encolumnó con la central obrera, un dato que no es menor.
Documento
En la previa, se anunció la lectura de un documento, que se suponía estaba consensuado con todo los sectores. Pero la CGT predominó el acto –la dirigencia destacó que “no faltó nadie” –y se adueñó de la escena. En el mismo, se califica a la reforma laboral de “regresiva y precarizadora como parte del plan de acción sindical en todos los frentes” y considera que el proyecto que impulsa el Gobierno “constituye un ataque directo a los derechos fundamentales de los trabajadores”. Según el texto, la reforma laboral de Javier Milei “se apoya en una matriz ideológica que concibe el trabajo como un costo a reducir y no como un derecho humano protegido por la Constitución Nacional, la legislación vigente y los tratados internacionales ratificados por nuestro país”.
El documento denuncia que, “bajo el discurso de la modernización y la competitividad, se pretende avanzar sobre derechos individuales y colectivos, debilitar la negociación colectiva y a las organizaciones sindicales, e imponer un modelo de relaciones laborales que profundiza la precarización, la informalidad y la desigualdad”.
Además, el documento cegetista sostiene que “este proyecto no actualiza el derecho del trabajo ni generará nuevos empleos: promueve contratos precarios, despidos más baratos, jornadas de trabajo extendidas y salarios fragmentados”. Se advierte que “se limita la acción gremial, se amplía el poder disciplinario del empleador, se atomiza la organización sindical, se modifican las condiciones para la negociación colectiva, en definitiva, se violenta la libertad sindical y el ejercicio efectivo de representación”. También señala que “el llamado ‘costo argentino’ no son los salarios ni los derechos laborales, sino la especulación financiera, el industricidio y políticas económicas que desalientan la inversión productiva”.
Y se afirma que “una verdadera modernización laboral no es derogar derechos” y que debe “incluir a quienes hoy trabajan en la informalidad, a las y los trabajadores de plataformas digitales, a quienes integran las cadenas productivas en condiciones precarias o tercerizadas, asegurando protección social, registración laboral y representación colectiva”.