El Gobierno nacional decidió postergar el tratamiento de la reforma laboral en el Senado ante las dificultades para reunir los votos necesarios. La confirmación llegó de la mano de Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, quien anunció que el proyecto se debatirá recién el 10 de febrero, cuando el objetivo original era aprobarlo el 26 de diciembre.
Más allá de las declaraciones públicas, fuentes cercanas al Gobierno admiten que la decisión responde a un escenario más adverso de lo que esperaban en el Senado, atravesado por negociaciones políticas y sindicales que complicaron el intento de un tratamiento exprés. En ese marco, la CGT desplegó una intensa rosca con senadores y gobernadores, que terminó de enfriar el avance del oficialismo.
Un dictamen abierto para ganar tiempo
Aunque el trabajo en comisión continuará y el oficialismo buscará sacar dictamen, Bullrich reconoció que el proyecto quedará abierto a modificaciones y que el debate se trasladará a febrero. El anuncio fue realizado durante el plenario conjunto de las comisiones de Trabajo y Presupuesto del Senado.
“Hemos escuchado a todos los actores y hemos hablado con distintos bloques, incluso con Juliana Di Tullio. Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y vamos a pasar el debate al 10 de febrero”, sostuvo Bullrich.
En ese sentido, explicó que el Ejecutivo llamaría nuevamente a sesiones extraordinarias. “Analizaríamos todos los pedidos que nos llegaron acá, por mail y de distintas maneras, y nos tomaríamos un mes y medio para estudiarlo bien”, agregó. “Estamos abiertos a la escucha”, afirmó.
La CGT y el bloqueo político en el Senado
El anuncio se produjo minutos después de finalizada la movilización de la CGT en Plaza de Mayo, pero en los pasillos del Congreso el foco estuvo puesto en otro factor: la incidencia directa de la central obrera en las negociaciones parlamentarias.
Según se pudo saber, las conversaciones con senadores y gobernadores fueron encabezadas por Cristian Jerónimo y Jorge Sola, quienes venían trabajando para evitar que el proyecto avanzara sin modificaciones profundas. Desde Azopardo reconocen que el objetivo fue impedir el tratamiento exprés y forzar una postergación del debate.
“Esto no podía salir sin cambios”, admitieron fuentes sindicales, que interpretan la decisión del Gobierno como una señal de debilidad política y falta de consenso.
La oposición también marcó reparos
Desde la oposición, el senador Mariano Recalde valoró la prórroga del debate, aunque cuestionó el contenido del dictamen. “Es bueno que se prorrogue el debate y que se escuche, pero el dictamen no recoge ninguna observación ni ningún planteo”, señaló.
Recalde también cuestionó los fundamentos del proyecto: “No hay modernización, no se habla de home office, se suprimen discusiones previas y se vuelve al pasado”. Además, sostuvo que “ampliar o reducir derechos no crea empleo” y que la iniciativa “está hecha para facilitar los despidos”.
Febrero, una nueva pulseada
En el sindicalismo interpretan que la postergación abre un nuevo escenario político, con más margen para negociar y condicionar el contenido de la reforma. “Ahora empieza otro partido”, repiten en Azopardo, conscientes de que el clima social y económico de febrero podría jugar en contra del Gobierno.
En el Senado, en tanto, algunos legisladores advierten que el apuro oficial por avanzar con la reforma laboral y el Presupuesto dejó al Ejecutivo expuesto a una paradoja: haber promovido una ley sin contar con los votos para sostenerla.