En medio de una nueva amenaza de ajuste sobre el empleo público, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente ante la posibilidad de despidos masivos en la administración nacional.
Según advirtió el sindicato, el Gobierno evalúa avanzar con la cesantía de más del 10% de la planta estatal, lo que podría traducirse en unos 27.000 despidos a lo largo de 2026. De ese total, entre 5.000 y 6.000 trabajadores podrían ser desvinculados en el corto plazo.
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza el rumbo de la gestión libertaria y puso en duda la capacidad del Ejecutivo para avanzar con nuevos recortes. “El Gobierno no va a poder avanzar en un nuevo recorte porque ya no tiene el poder para hacerlo. Su legitimidad está debilitada. La base social de Milei se ha reducido drásticamente en las últimas semanas y no existe respaldo en el pueblo para que se generen cesantías masivas en el Estado”, sostuvo.
En esa línea, el dirigente también apuntó contra el relato oficial sobre el ajuste fiscal: “Se terminan los historiadores que para buscar culpables miraban para atrás. No fueron capaces de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Según Sturzenegger, entre recortes en la planta funcional y congelamiento salarial se ahorraron más de 2.400 millones de dólares y sin embargo no fueron capaces de construir un metro de asfalto, mantener las rutas o cambiar una lamparita del alumbrado público. Ya nadie les cree, se la están robando toda”.
Además, Aguiar advirtió sobre el impacto que tendría una nueva ola de despidos en el funcionamiento del Estado: “Materialmente sería imposible despedir a miles de trabajadores ya que el Estado está funcionando con un piso mínimo de prestaciones sostenidas casi de manera exclusiva por el esfuerzo de los trabajadores. Una sola cesantía más y se dejarán de prestar servicios esenciales”.
La denuncia contra Adorni
En ese contexto, ATE puso el foco en la estructura de la Secretaría de Comunicación que encabeza Manuel Adorni. Según el gremio, el funcionario incorporó cerca de 300 trabajadores bajo distintas modalidades, incluyendo asesores, consultores, asistentes administrativos y roles con funciones poco claras.
“Si realmente quisieran cumplir la promesa de terminar con los ñoquis y con los curros en el Estado, la tienen en bandeja: lo tienen que echar a Adorni”, lanzó Aguiar.
De acuerdo con los cálculos del sindicato, estos cargos tendrían salarios promedio de al menos 2 millones de pesos, lo que implicaría un gasto mensual cercano a los $47.000 millones y un costo anual que rondaría los $600.000 millones.
“Con los casi 300 trabajadores que hizo ingresar a la Administración Pública como asesores, consultores, asistentes administrativos, e incluso con roles pocos claros como ‘referentes de comunicación’, y cuyos salarios promedios son de al menos 2 millones de pesos, la Secretaría de Comunicación gasta casi $47 mil millones al mes. Si echan a Adorni, sí podrían mostrar que van contra la casta y la corrupción en el Estado”, concluyó el dirigente.
Organismos en la mira
Frente a este escenario, ATE declaró el estado de alerta máxima en los organismos que serían los principales apuntados por el recorte. Entre ellos se encuentran la ANSES, el CONICET, el INTA, el INTI, el Senasa, el Archivo General de la Nación, la CONADIS, el ENARGAS, el ENRE, el ENACOM, el INDEC, la CONEAU y la ARCA, entre otros.
Desde el gremio advierten que una avanzada sobre estas áreas no solo implicaría pérdida de puestos de trabajo, sino también un fuerte deterioro en la prestación de servicios públicos esenciales en todo el país.
Con este panorama, el conflicto entre el Gobierno y los trabajadores estatales suma un nuevo capítulo, en un contexto de creciente tensión social y cuestionamientos al impacto real del ajuste.