El gobierno nacional promulgó las leyes de Financiamiento Universitario (Ley 27795) y Emergencia Pediátrica (Ley 27796), pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso de la Nación delimite el financiamiento e incluya las partidas en el Presupuesto Nacional. A través de dos decretos, el 759/2025 y el 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo pospuso la aplicación de ambas legislaciones, ratificadas por la cámara de Diputados y de Senadores pese al veto del presidente Javier Milei, pero suspendida al argumentar el impacto fiscal que genera.
En la letra chica de ambos decretos se establece que la promulgación tiene lugar “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 24.629″, que detalla que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos”. "En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”, aclara.
Según se supo, la ley que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud, en el plazo de un año, establece la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios destinados a bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial afectado al cuidado y atención pediátrica. También decreta la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud, asistencial y no asistencial; y se prevé la exención del impuesto a las ganancias para el personal de salud que se desempeñe en efectores públicos y privados cuando realice actividades críticas, horas extras o guardias.
Funcionamiento pleno y sostenido
Asimismo, declara al Garrahan como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad y garantiza “su funcionamiento pleno y sostenido”. El artículo cinco del decreto establece: “El Poder Ejecutivo nacional reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias”.
Además, se crea una comisión de seguimiento y evaluación que entregará informes trimestrales y será integrada por las autoridades de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, y de la Comisión de Salud del Senado, representantes del Ministerio de Salud de la Nación, representantes del COFESA y representante de la Sociedad Argentina de Pediatría. “Mientras dure la emergencia, los programas y acciones de salud infantil y adolescente tendrán prioridad en la asignación y ejecución presupuestaria, en particular en relación con hospitales públicos de referencia, servicios de urgencia, internación, neonatología, trasplantes, cirugías cardíacas, oncología pediátrica", concluye.
Cacerolazo
Ante esto, trabajadores del Hospital Garrahan, agrupados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), realizarán un cacerolazo en la puerta de la institución en rechazo a la suspensión de la ley. La convocatoria, que está anunciada a las 20:30 horas (en la entrada sobre Combate de los Pozos 1881), será llevada a cabo en un contexto de un paro por 24hs. y ante una situación “gravísima para la democracia” del país y también “para los niños, niñas y adolescentes del Garrahan y sus trabajadores”.
“No podemos naturalizar el autoritarismo. El presidente anunció que no aplicará la Emergencia Pediátrica ‘por falta de fondos’ y eso es una provocación autoritaria. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto como pueblo? Hay que terminar con tanta crueldad y prepotencia”, indicó APyT desde un comunicado. Asimismo, expresaron que esta medida es “en repudio al atropello” permanente que ejerce el gobierno Nacional y que decide de forma “autocrática” no aplicar las leyes del Congreso “como si se tratara de una monarquía”.
En la misma línea, informaron que “denunciarán penalmente a los integrantes de Poder Ejecutivo” y, paralelamente, solicitarán que el Congreso “active el juicio político” a Milei, al ministro de Salud Mario Lugones, su par en Economía Luis Caputo y el jefe de gabinete Guillermo Francos. “Volvemos a insistir con que la CGT llame a parar con el objetivo de revertir esta situación y, si no lo hace, desde la semana que viene vamos a empezar a trabajar y convocar un paro nacional desde abajo, junto a los gremios, federaciones y organizaciones dispuestas a construir una alternativa a la ausencia de la CGT”, concluyeron.