La histórica disputa entre taxistas y plataformas de transporte sumó un nuevo capítulo judicial. Ocho trabajadores del sector de Mar del Plata presentaron una demanda civil contra Uber, DiDi y Cabify por presunta competencia desleal y reclaman una indemnización que, en conjunto, supera los 848 millones de pesos.
La presentación sostiene que existe una situación de desigualdad entre quienes prestan servicio bajo las regulaciones municipales y los conductores que trabajan a través de aplicaciones, que según los demandantes operan sin la habilitación requerida por la normativa local.
De acuerdo a la demanda, los taxistas cumplen con todas las obligaciones establecidas por la Municipalidad de General Pueyrredón para desarrollar su actividad, mientras que las plataformas continúan funcionando pese a la vigencia de la Ordenanza 23.928, que desde 2019 prohíbe el funcionamiento de servicios de transporte de pasajeros que no cuenten con autorización oficial.
Millonario reclamo
Los trabajadores aseguran que desde 2020 registraron una marcada caída en la cantidad de viajes realizados, situación que impactó directamente en sus ingresos y en sus condiciones de vida.
A partir de esa situación, los ocho demandantes reclaman distintos conceptos indemnizatorios. Entre ellos figuran 10 millones de pesos por daño moral para cada uno, un millón por daño psicológico y otros 15 millones por lucro cesante.
Sin embargo, el núcleo de la demanda está vinculado a la pérdida de valor de las licencias de taxi. Por este concepto, cada trabajador reclama 80 millones de pesos, elevando el monto total solicitado a 106 millones por persona.
La suma global asciende a 848 millones de pesos, sin contemplar los intereses que eventualmente podrían agregarse durante el proceso judicial.
Buscan frenar las aplicaciones
Además del resarcimiento económico, los taxistas solicitaron que la Justicia ordene el cese de las actividades de Uber, DiDi y Cabify en Mar del Plata hasta tanto obtengan la habilitación correspondiente para operar dentro del municipio.
El expediente atravesó ya sus primeras dificultades procesales. La presentación fue realizada ante dos juzgados diferentes, pero ambos se declararon incompetentes para intervenir en la causa.
Frente a esta situación, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que deberá determinar qué tribunal será el encargado de continuar con el trámite judicial.
El rechazo a la iniciativa libertaria
La ofensiva judicial se produce en un contexto de fuerte tensión política alrededor de la regulación del transporte de pasajeros.
Días atrás, la Federación Nacional de Conductores de Taxi y la Delegación Mar del Plata expresaron su rechazo al proyecto impulsado por concejales de La Libertad Avanza para unificar el sistema de taxis y aplicaciones de transporte.
La propuesta contempla modificaciones profundas en el esquema actual, entre ellas la eliminación de los requisitos de antigüedad para los vehículos, la desregulación de las tarifas y cambios en los controles estatales sobre la actividad.
Desde el sector taxista consideran que estas iniciativas profundizan la competencia desigual y avanzan sobre derechos adquiridos por los trabajadores que cumplen con las exigencias legales para desarrollar su tarea.
El antecedente de Bahía Blanca
La discusión también se trasladó a otras ciudades bonaerenses. En Bahía Blanca, el conflicto se intensificó luego de que el intendente Federico Susbielles otorgara una prórroga de un año para que los conductores de aplicaciones puedan registrarse oficialmente.
La decisión generó malestar entre taxistas y remiseros, que denunciaron una situación de "inequidad laboral" al considerar que ellos deben cumplir de manera inmediata con controles y requisitos que a las plataformas se les permite postergar.
A raíz de esa medida, más de 400 taxistas impulsan una demanda judicial contra el decreto municipal.
Los abogados Gustavo Avellaneda y Ricardo Germani, representantes de los trabajadores, sostienen que la prórroga contradice el espíritu de la ordenanza aprobada a comienzos de 2026, que había establecido la creación de un registro único para todos los prestadores del servicio de transporte, con iguales derechos y obligaciones.
Mientras la expansión de las plataformas continúa modificando el mapa del transporte urbano, los reclamos judiciales comienzan a convertirse en una nueva herramienta de resistencia de un sector que denuncia competir en condiciones desiguales y exige reglas comunes para todos los actores de la actividad.