OSPRERA firmó un convenio de pago con una quita de $600 millones que beneficia a la obra social y que mejora sustancialmente las prestaciones para los afiliados

La obra social arrastraba una deuda de 2017 con el Sistema Provincial de Salud de Tucumán, que perjudicaba las prestaciones que recibían los afiliados de la UATRE en la provincia. El Administrador Judicial, Néstor Horacio Acuña, firmó el acuerdo a partir de cual quedaron habilitados todos los servicios.

Por Redacción

10 de mayo de 2023
De Izquierda a derecha: Ignacio Delfín Bulacio Gómez, delegado de Osprera Tucumán. Néstor Horacio Acuña, Administrado judicial de Osprera, Conrado Mosquera, Apoderado de Si.Pro.Sa y Facundo Medina Albornoz, Jefe de Departamento de Si.Pro.Sa

La obra social de los trabajadores rurales de OSPRERA arrastraba, desde al año 2017, una deuda multimillonaria con el Sistema Provincial de Salud de Tucumán (Si.Pro.Sa). Este atraso perjudicaba las prestaciones que recibían los afiliados de la UATRE en la provincia.

Ayer, el Administrador Judicial, Néstor Horacio Acuña, acompañado del doctor Lucas Eksiyan y el delegado de Tucumán, Ignacio Delfín Bulacio Gómez firmaron el acuerdo en el Si.Pro.Sa. De esta manera quedaron habilitados todos los servicios que brinda esa entidad de salud en toda la provincia.

A pesar de la deuda, los servicios que brindaba el Sistema Provincial de Salud se mantuvo, pero a partir de ayer, ha quedado consolidado nuevamente.

El convenio de pago firmado por las partes desestima los conflictos judiciales y extrajudiciales como así también todas las demandas entabladas. El pago del convenio será en 12 cuotas mensuales.

A poco de asumir

El de Acuña es su primer gran golpe de efecto tras haber asumido hace poco más de un mes y medio sus funciones como administrador de la obra social de los peones rurales.

Fue mediante una resolución del Juzgado Federal de Santa Rosa, La Pampa.

Esa designación tuvo que ver con que "es una entidad de salud que debe brindar servicios de ley a sus afiliados (leyes 23.660 y 23661), entidades a las cuales el Estado ha delegado la prestación de un servicio básico constitucional”. Esto es así porque la Justicia dio lugar a las denuncias presentadas, que incluyen “administración fraudulenta”“asociación ilícita” y posible “incumplimiento de funcionario público”, lo que produjo la caída de prestaciones en el servicio de salud y que podría afectar al universo total de beneficiarios que son cerca de 800.000 beneficiarios.

Una "labor estrictamente técnica"

En su primer comunicado a los afiliados de la OSPRERA, Acuña detalló que "la labor a desarrollar será estrictamente técnica, alejado de la política sindical. La función que me delegaron los magistrados, como auxiliar judicial, consiste en auditar lo sucedido en la institución en el último tiempo y trabajar incansablemente para mejorar los servicios que ésta brinda como una obligación asumida".

En ese sentido aseguró que "no se cortará ninguna de las prestaciones de la Obra Social y estamos trabajando para reactivar los servicios que quedaron casi sin actividad dejando sin cobertura a miles de personas".