La Unión Cívica Radical volvió a colocarse del mismo lado de la historia: el de los gobiernos que intentan avanzar sobre la organización sindical bajo el discurso de la “modernización laboral”. El bloque radical en el Senado confirmó que acompañará en términos generales la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, aunque exige modificaciones puntuales que dejan al descubierto sus prioridades políticas: recortar el financiamiento gremial y proteger los recursos de las provincias que gobierna.
El senador nacional por Catamarca, Flavio Fama, reconoció que el radicalismo dará su aval al proyecto y consideró probable que sea aprobado en general durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero. Según explicó, la iniciativa —que supera los 200 artículos— fue analizada “en profundidad” por el bloque, que ya presentó observaciones al Ejecutivo.
Detrás del lenguaje técnico y de la retórica sobre la baja de la litigiosidad, la UCR vuelve a mostrar una obsesión histórica con la cuota solidaria sindical, un mecanismo clave para el sostenimiento de las organizaciones gremiales. No se trata de una novedad: el radicalismo ya intentó avanzar contra los sindicatos con la Ley Mucci, impulsada durante el fracasado gobierno de Raúl Alfonsín, que terminó siendo derrotada por la resistencia del movimiento obrero y dejó una marca indeleble en la relación entre la UCR y los gremios.
Cuarenta años después, el libreto es el mismo. “Simplificar términos” y “aclarar conceptos legales” vuelven a ser las consignas para debilitar la negociación colectiva, desfinanciar a los sindicatos y facilitar un modelo laboral favorable a las patronales.
Ajuste a los gremios, cautela con las cajas propias
Mientras acompaña el avance sobre los derechos laborales y la estructura sindical, la UCR endurece su postura cuando el ajuste amenaza los intereses territoriales. En las negociaciones con el oficialismo, el radicalismo puso el foco en las cuestiones federales, la coparticipación y los recursos provinciales, especialmente en los distritos que administra.
La discusión en torno al artículo 212 dejó en evidencia ese doble estándar. La norma delega en el Ministerio de Economía la facultad de definir la vigencia de distintos capítulos de la reforma según las metas fiscales. Los reparos radicales no apuntan al impacto social del ajuste, sino al riesgo de que esa herramienta termine afectando ingresos provinciales o genere conflictos judiciales que compliquen la gobernabilidad local.
En síntesis: flexibilidad y motosierra para los trabajadores; prudencia y negociación cuando se trata del dinero de las provincias.
Negociaciones y votos decisivos
En este escenario, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encabezó reuniones clave en el Senado para asegurar los votos necesarios. El oficialismo cuenta con apenas 21 senadores y necesita alcanzar los 37 para habilitar el recinto, por lo que depende del respaldo de la UCR, el PRO y bloques provinciales.
Desde el radicalismo admiten un acompañamiento cercano al 85% del proyecto, condicionado a cambios que resguarden intereses federales y eviten futuras trabas judiciales. La Casa Rosada apunta a llevar la reforma al recinto entre el 11 y 12 de febrero.
Mientras tanto, desde el movimiento sindical advierten que la reforma laboral —con o sin retoques— retoma viejas recetas de ajuste, precarización y ataque a la organización gremial, con la UCR jugando nuevamente un rol central en el intento de disciplinar al sindicalismo argentino.