En Córdoba, la legisladora provincial del MST en el Frente de Izquierda Unidad, Luciana Echevarría, presentó un nuevo proyecto de ley contra la violencia laboral. La iniciativa, elaborada por el abogado laboralista y trabajador de la empresa de energía EPEC, Carlos Cafure, cuenta con la adhesión de más de 20 organizaciones sindicales nacionales y locales y fue elevada la semana pasada ante la Unicameral provincial.

La propuesta además cuenta con el apoyo de organizaciones religiosas, el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba y además fue declarado de interés general por ocho facultades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Según Cafure, la iniciativa se elaboró en base al proyecto de Ley provincial 18973/2016 contra la violencia laboral que fuera presentando en el año 2016 por el entonces legislador Ezequiel Peressini y que también era de su autoría.

Tweet de Dr. Carlos E. Cafure

“Tiene como objetivo establecer un procedimiento administrativo para abordar, prevenir, controlar y sancionar la violencia laboral ejercida contra trabajadoras y trabajadores tanto del sector público como privado; así como brindar protección a los/las víctimas los/las denunciantes y/o testigos de los hechos”, detalló Cafure.

Por otra parte, considera violencia laboral a “toda agresión física, acoso sexual y acoso moral o psicológico, que se ejerza sobre una persona, dentro de su lugar de trabajo”, completó Cafure.

Por su parte, la legisladora Echevarría, expresó: “Estamos convencidos de que estos atropellos deben terminar y esta ley es un paso para eso”.

En se sentido, la parlamentaria provincial consideró además que “se trata de una problemática muy extendida y poco denunciada, justamente porque las relaciones laborales son esencialmente desiguales y autoritarias y existen muchas presiones para no visibilizarlas. Es muy grande el miedo a perder el trabajo, a ‘quedar marcado’ o a que se tomen represalias y no hay hoy mecanismos que permitan a los trabajadores hacer valer sus derechos".

Tweet de Luciana Echevarría

El proyecto establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Trabajo provincial, conforme “las facultades y procedimientos establecidos en la normativa de su competencia y la reglamentaria de la presente”.

Paralelamente, contempla la creación de la Oficina Contra La Violencia Laboral bajo la dirección de la cartera para la recepción de las denuncias, el seguimiento de los casos, la intervención en los mismos y la aplicación de sanciones y la diagramación de campañas de concientización y prevención.

El proyecto completo: