El gobierno nacional avanza con una parte de la reforma laboral, vinculada a la puesta en marcha de un nuevo régimen de indemnización por despido “opcional” que permite reemplazar la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo que obliga a los empleados a pagar un sueldo por año trabajado ante el despido injustificado de trabajadores en relación de dependencia. Desde el oficialismo quieren imponer varios cambios a la legislación laboral, y esperan que poder hacerlo luego de las elecciones, mientras los gremios prometen resistir el avance sobre los derechos adquiridos.
A través de la Comunicación "A" 8288/2025 el Banco Central reglamentó las cuentas especiales para depósitos del Fondo de Cese Laboral, un mecanismo optativo que busca darle previsibilidad a las empresas en materia de indemnizaciones. El plan que contempla la constitución de Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF) que deben incluir explícitamente “Cese Laboral” en su denominación, forma parte de la reforma laboral que impulsó el presidente Javier Milei mediante el Decreto 847/2024, integrado a la Ley de Bases (Ley 27.742).
Según el nuevo régimen, que para aplicarse debe contar con “acuerdo entre empleador y trabajador, los aportes son realizados por el empleador”, y también pueden ser voluntarios por parte del trabajador si así lo acuerdan las partes mediante convenio colectivo. El aporte mensual máximo será generalmente del 8 por ciento de la remuneración computable, aunque en algunos sectores -como el convenio firmado por la UOCRA, que justamente fue tomado de ejemplo para la reforma- en el primer año llega al 12 por ciento.
Puntos principales
Los primeros cambios impulsados por el gobierno de Javier Milei en el primer año de gobierno, fueron incluidos en la denominada Ley bases sancionada el año pasado por el Congreso, y el decreto desregulador 70/23, firmado por el presidente que contempla los siguientes puntos, algunos de los cuales fueron frenados por recursos de amparo presentados por la CGT a la justicia laboral.
En tanto, algunos puntos forman parte de los debates que el gobierno impulsa en el marco del Consejo de Mayo para elaborar proyectos de ley de reforma laboral a debatir el año próximo en el Congreso. Pese a participar del diálogo con el gobierno por las reformas, la CGT convocó a una marcha en rechazo a la reforma laboral para el próximo jueves 7 de agosto.
Otros cambios
En tanto, se conocieron cuáles serían los cambios que impulsa el gobierno, además del tema de las indemnizaciones. Además, se anunció la extensión del período de prueba: se evalúa ampliarlo de 3 a 6 u 8 meses. Todavía está en discusión el plazo. Reducción de las indemnizaciones: la intención es limitar los rubros que componen la base de cálculo de la indemnización. Se excluirán beneficios como el pago del celular, los ticket canasta o vales alimentarios, y los bonos anuales, ítems que la Justicia ha reconocido en varios fallos como de carácter remuneratorio.
Fin de las multas por registración deficiente: se eliminan las sanciones (denominadas indemnizaciones) establecidas por ley que el empleador debe pagar al trabajador afectado para la falta de registro de la relación laboral o el registro parcial de la misma por consignar una fecha de ingreso posterior a la real o una remuneración menor a la percibida por el trabajador. Desindexación de los intereses por indemnizaciones: es para evitar que los intereses en las indemnizaciones por despido se actualicen por inflación. En los últimos años, la Justicia elaboró fórmulas para calcular los créditos laborales tomando en cuenta la suba de precios y la variación para evitar que se desvaloricen.
Cuota solidaria: se evalúa modificar el aporte que hoy se establece en las convenciones colectivas de trabajo. Se trata de acuerdos entre empresas y sindicatos en los que se fija un descuento del sueldo a los trabajadores no afiliados por su representación en la negociación colectiva.