En otro golpe judicial al gobierno nacional, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio lugar a una acción de amparo presentada por más de 20 organizaciones gremiales contra las resoluciones 893/2024 y 901/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación, al asegurar que las normas implican la “criminalización del ejercicio del derecho a huelga”. La primera de ellas creaba el llamado Comando Unificado de Seguridad Productiva.
Así, el fallo revocó este martes el rechazo inicial de una acción que denuncia la “criminalización de la protesta gremial” y la injerencia ilegítima del Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, en asuntos laborales. Así lo determinó la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó tramitar la acción de amparo presentada por organizaciones gremiales contra las resoluciones 893/2024, que crea este comando, y la 901/2024, que establece un protocolo de actuación ante supuestos bloqueos.
La demanda denuncia que las mencionadas resoluciones instauran “un protocolo que permite la intervención de fuerzas de seguridad, la identificación de manifestantes y hasta la remisión de sus datos a la justicia penal”, configurando un mecanismo de “represión y criminalización del ejercicio del derecho a huelga”.
Argumentos
Según los actores, las normas atacadas constituyen una avanzada inconstitucional sobre la libertad sindical, permitiendo que una autoridad administrativa defina, sin control judicial, si una medida gremial constituye un “bloqueo” pasible de intervención policial, despido laboral o persecución penal. Todo ello, en abierta contradicción con la Constitución Nacional, los convenios de la OIT y tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
La Cámara, al revocar el fallo de primera instancia que había rechazado “in limine” la acción, sostuvo que el amparo sindical previsto en el artículo 47 de la Ley 23.551 es una herramienta procesal adecuada para cuestionar actos estatales que puedan interferir con el ejercicio regular de los derechos colectivos.
Libertad sindical
Asimismo, destacó que las resoluciones emitidas por el Ministerio de Seguridad, en tanto podrían “incidir sobre la actividad gremial en los ámbitos de representación de las entidades actoras, configuran un escenario que justifica la apertura del proceso y la revisión judicial, ante el riesgo cierto de afectación a garantías constitucionales vinculadas a la libertad sindical”.
Ahora queda por resolver la medida cautelar solicitada por el juzgado de origen, dónde se solicito la suspensión de las resoluciones ministeriales mientras se tramite el fondo de la cuestión.