El 2025 registró un aumento del 66 por ciento en los casos de represión, más censura y ataques digitales, confirmó el denominado Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025, que se presentó esta semana en el anexo de la cámara de senadores. El mismo fue elaborado por la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), con el apoyo de Democracy at Work. Las entidades apuntaron al gobierno de Javier Milei, que según dijeron “sigue desplegando su campaña para restringir el ejercicio del periodismo y el debate público”.
La cantidad de periodistas, trabajadores de prensa, fotógrafos que sufrieron agresiones por las fuerzas de seguridad durante la cobertura de manifestaciones aumentó un 66 por ciento en 2025 respecto del año anterior, según el reporte. “Al mismo tiempo, la persecución judicial a comunicadores, la obstaculización del trabajo periodístico y el hostigamiento en redes sociales, prácticas impulsadas desde el Poder Ejecutivo ya desde el año anterior, se consolidaron durante 2025 como estrategias privilegiadas para intentar silenciar y disciplinar las voces disidentes”, señala el reporte.
“Los datos muestran una tendencia a la criminalización del periodismo crítico y la utilización de figuras legales, como resistencia a la autoridad, para detener y hostigar a quienes documentan y difunden los abusos estatales durante las protestas sociales”, indica el relevamiento elaborado por las entidades.
Denuncias
Los datos registrados a partir de las denuncias recibidas por SiPreBA y FATPREN -que fueron parte de la reciente exposición ante la CIDH– muestran que a fines de octubre de 2025 hubo un total de 83 periodistas víctimas de represión mientras registraban protestas. Solo en la marcha del 12 de marzo, cuando fue herido Pablo Grillo, “hubo al menos 20 casos documentados de violencia policial hacia periodistas, incluyendo intoxicaciones por gases, impactos de balas de goma, golpes y vejámenes”.
Este dato muestra “un incremento notable (66 por ciento) respecto de los ya alarmantes 50 casos documentados en 2024”. “Defender la libertad de expresión en la Argentina actual no es una causa sectorial ni restringida a los trabajadores y trabajadoras de la comunicación: constituye una condición indispensable para la vigencia misma de la democracia”, concluye el informe.
Ejes de discusión
Esta segunda edición del informe expone cómo se profundizó una matriz de políticas regresivas que afecta la libertad de expresión y el pluralismo informativo. La publicación sistematiza casos y datos en diferentes a distintos ejes. En Censura y hostigamiento judicial, la persecución judicial hacia periodistas, dirigentes, docentes, artistas y ciudadanos se incrementó y la judicialización se convirtió en una herramienta recurrente para silenciar voces críticas. Se destaca el primer caso de intento de censura judicial en más de 30 años, con la prohibición de difusión de audios de Karina Milei.
En Discursos de estigmatización y ataques digitales, se marcó que desde la Presidencia y cuentas oficiales se promovieron campañas de desprestigio, doxeo y amenazas hacia comunicadores y activistas críticos del gobierno. El Informe resalta el aumento de la violencia simbólica, con efectos agravados sobre mujeres periodistas, y detalla los casos más relevantes de 2025.
Desinformación y deepfakes: El año electoral estuvo atravesado por el uso intensivo de inteligencia artificial para la creación de videos falsos y campañas de manipulación, lo cual afectó el debate público. Situación laboral: El informe registra un deterioro en las condiciones laborales en prensa y comunicación, con aumento de la precarización, pérdida de derechos y degradación salarial. El congelamiento de sueldos en medios públicos, la falta de actualización paritaria en medios privados y los despidos masivos agravan la crisis.