Luego de sancionar al gremio de los maquinistas de trenes, el gobierno nacional avanza en la sanción de gremios, una forma de persecución. Según las versiones indican que en breve la Unión Tranviarios Automotor (UTA) recibiría una multa de 70 mil millones de pesos, por haber adherido al último paro general de la CGT pese a que estaba vigente una conciliación obligatoria dictada ante un conflicto de los choferes de colectivos. Desde el sindicato que lidera Roberto Fernández argumentan que esa conciliación fue dictada ante un conflicto salarial que mantenían los choferes de colectivos del interior, por lo que estaban legalmente en condiciones de paralizar el servicio sólo en el AMBA.
Ante inminencia de la sanción, en el ambiente sindical sospechan que la decisión se demora porque el oficialismo quiere tener de su lado a un gremio clave del transporte que había dado algunos guiños hacia la administración libertaria: por ejemplo, no haberse sumado al paro general de la CGT realizado el 10 de abril de 2025 justamente con la excusa de que estaba en medio de una conciliación obligatoria.
Fuentes gubernamentales negaron esa versión, según el portal Infobae, y aseguraron que “la decisión política es avanzar con las sanciones que correspondan”, pero aclararon que la Secretaría de Trabajo aún no finalizó las pericias correspondientes en las provincias para determinar si la paralización de los colectivos se concretó en el interior el día en que la CGT realizó el último paro general.
Repudio
El 9 de marzo pasado, cuando el Gobierno confirmó que aplicaría multas a los dos sindicatos del transporte, La Fraternidad y la UTA, la CGT atribuyó la medida a un acto de “persecución política y sindical”. “Lejos de perseguir las legítimas acciones gremiales de los sindicatos, amparadas por la Constitución Nacional y propias de un país donde se ejerce la libertad sindical, el Gobierno debería preocuparse mejor en reaccionar ante la escalada indetenible del cierre de empresas, del aumento escandaloso del desempleo y la caída brutal del valor adquisitivo del salario y las jubilaciones”, agregó.
El anterior antecedente de multas aplicadas por Trabajo por este motivo fue durante el gobierno de Mauricio Macri y afectó al Sindicato de Camioneros, que dirige Hugo Moyano. La sanción fue aplicada por el ministro de Trabajo Jorge Triaca el 19 de julio de 2018 a través de la Resolución N° 27.768, porque verificó que el gremio violó la conciliación obligatoria dictada en un conflicto por un bono de fin de año, en diciembre de 2017.
Contra denuncia
En tanto, La Fraternidad presentará hoy jueves una denuncia en la Justicia para impugnar la multa récord de 21.241.500.000 de pesos que ya le aplicó el Gobierno por haber adherido al último paro general de la CGT, el 19 febrero pasado, y no haber acatado la conciliación obligatoria en el conflicto salarial que mantenía en ese momento.
La presentación judicial se hará en rechazo de la sanción anunciada el 29 del mes pasado por el Ministerio de Capital Humano por “el incumplimiento de la orden oficial” que exigía retrotraer el conflicto y evitar medidas de fuerza, “afectando el normal desarrollo de la prestación de servicios y el funcionamiento de la actividad, en perjuicio del interés general”. Además, una delegación del gremio viajará en junio a Ginebra, Suiza, para denunciar al gobierno argentino por esta multa en el transcurso de la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El ministerio que dirige Sandra Pettovello precisó que la infracción atribuida a La Fraternidad fue considerada “muy grave” tras una investigación sumarial en la que, según dijo, se garantizó el derecho de defensa y la presentación de pruebas. Afirmó que el sumario confirmó que el incumplimiento no sólo violó la resolución ministerial, sino que además “alteró el normal desenvolvimiento de una actividad esencial, con consecuencias para el conjunto de la sociedad”.