Como sucede en su versión industrial, la motosierra libertaria se ensaña con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El gobierno de Javier Milei lanzó un nuevo programa de retiros voluntarios con el objetivo de reducir la planta en al menos entre 950 y 1200 trabajadores (20 o 30 por ciento del total), lo que se sumaría a las aproximadamente mil bajas ya producidas desde diciembre de 2023 entre jubilaciones, el primer retiro voluntario de 2024 y renuncias por agotamiento.
Según el delegado de la ATE en el organismo Germán Gonaldi, el objetivo real del gobierno es “llevar la planta a menos de 5 mil personas en todo el país”, apuntando a un organismo reducido a “su mínima expresión y orientado exclusivamente a los requerimientos del agronegocio”. El presupuesto del INTA para 2026 es 47 por ciento más bajo en términos reales que el de 2023, lo que se suma a los recortes de insumos, el achicamiento del parque automotor, el cierre de agencias territoriales en el interior del país y la venta de tierras y edificios.
La investigadora Nacira Muñoz y el biólogo Humberto Debat —Premio Konex 2023— publicaron una carta abierta a sus compañeros en la que describieron el INTA no como una estructura burocrática sino como una comunidad humana construida durante generaciones, profundamente entrelazada con los territorios, las comunidades rurales y la identidad productiva del país. “Cuando el actual gobierno debilita el INTA, debilita capacidades productivas, redes territoriales, procesos de innovación y oportunidades de desarrollo para miles de productores”, escribieron, rechazando de plano la afirmación oficial de que al gobierno “le importa la producción agropecuaria argentina”, denunció.
Retiros
Hasta el momento, unos 420 trabajadores se adhirieron al nuevo retiro voluntario, aunque el plazo se extiende hasta el 15 de junio. La lógica del programa golpea especialmente a los profesionales con mayor antigüedad —la franja de 40 a 60 años— que son precisamente quienes concentran la experiencia acumulada, el conocimiento territorial y la capacidad de formación de las nuevas generaciones. Entre los que ya decidieron irse se cuenta el coordinador de la Red Nacional de Maíz, un cultivo central para la economía argentina.
La adhesión está siendo menor a la esperada por el Gobierno, en parte porque muchos trabajadores desconfían del esquema: el retiro actual, a diferencia del primero, no reconoce los años trabajados como contratados o en planta transitoria, lo que reduce significativamente los montos indemnizatorios. Si no se alcanza el número buscado, desde adentro del organismo advierten que vendrán los pases a disponibilidad. El impacto humano es tan grave como el institucional y en todas las estaciones experimentales y agencias de extensión se registra un estado generalizado de desmoralización, con casos de depresión, llanto, infartos y accidentes cerebrovasculares entre el personal.
Venta de inmuebles
A la sangría de personal se suma la venta del patrimonio físico del organismo, especialmente a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (la misma AABE involucrada en el escándalo de Tecnópolis y muchos otros negocios inmobiliarios del oficialismo). Ahora el gobierno avanza en la enajenación de 27 milhectáreas productivas distribuidas en 22 campos experimentales, entre ellos la Estación Experimental de Pergamino, con 748 hectáreas y más de un siglo de historia como referente tecnológico de la zona núcleo pampeana. El gobernador bonaerense Axel Kicillof solicitó formalmente el traspaso de esos predios a la órbita provincial, argumentando que se trata de activos estratégicos para la investigación y el asesoramiento a productores, no terrenos ociosos. Desde la Provincia denunciaron que la operación favorece a intereses inmobiliarios por sobre el desarrollo productivo y la soberanía alimentaria.
El modelo que el gobierno persigue, encubriéndolo con la excusa de la “modernización” (como en el caso de la ley de flexibilización laboral), es el de un INTA reducido que trabaje exclusivamente con el agronegocio y con los requerimientos de la Mesa de Enlace, mientras las funciones de extensión rural, investigación pública y asistencia a productores familiares sean absorbidas por entidades privadas como Aapresid, sin ganancia alguna para el Estado, sin cobertura para la enorme mayoría del territorio nacional y con servicios que muchos productores no podrán costear.