En su columna de la web de CLATE, el ex embajador Ariel Basteiro analiza la fuerte conflictividad política y social convulsiona Bolivia en los últimos días y donde integrantes Central Obrera Boliviana, docentes, indígenas y campesinos como protagonistas, al tiempo que acusa al gobierno de Javier Milei de “inmiscuirse en asuntos internos” del país limítrofe.
Basteiro señala que Bolivia atraviesa un escenario similar a las etapas previas a la llegada al gobierno de Evo Morales en 2006. Por eso, recuerda que durante las décadas de 1980, 1990 y comienzos de los 2000, el país estuvo marcado por una elevada inestabilidad institucional, permanentes movilizaciones populares y una profunda confrontación entre organizaciones sociales y gobiernos alineados con políticas neoliberales impulsadas por el FMI y los Estados Unidos.
El ex diplomático considera que “la llegada de Evo Morales significó una etapa de relativa estabilidad política y control de la conflictividad callejera mediante la articulación con organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y movimientos sociales nucleados en el denominado ‘Pacto de Unidad’ ”. Y señala que “incluso tras la crisis derivada del golpe cívico-policial-militar-eclesiástico de 2019, Bolivia no había vuelto a experimentar niveles de tensión comparables a los actuales”
En este sentido, describe que en “apenas seis meses de la llegada de Rodrigo Paz Pereira a la presidencia, el país enfrenta una combinación de crisis económica, pérdida acelerada de legitimidad y debilidad institucional que vuelve a colocar a Bolivia en un escenario de alta inestabilidad política y social”.
Puntualiza que el actual mandatario “no logró estabilizar la economía ni construir mecanismos sólidos de diálogo con los principales actores políticos, sindicales, empresariales y sociales del país”, además agrega que “tampoco presentó un plan nacional consistente para resolver la crisis cambiaria, el desabastecimiento de combustibles y el deterioro de las expectativas económicas".
Además, repasa que “en diciembre de 2025 se levantó parcialmente la subvención a los combustibles, medida inicialmente aceptada por parte de la población luego de dos años de faltantes de nafta y diésel”, aunque menciona que “desde comienzos de este año crecieron las denuncias por la mala calidad de la gasolina y los daños provocados al parque automotor” y alerta que “un estudio impulsado por la Universidad Pública de La Paz concluyó que el combustible contiene niveles de goma ocho veces superiores a lo permitido”.
Otras de las problemáticas que observa Basteiro es que “la situación del diésel continúa afectando especialmente al agro y a las cooperativas mineras. A esto se suma un déficit fiscal cercano al 15% del PIB y la presión de organismos internacionales para avanzar en una devaluación y en la eliminación total de subsidios”.
El ex diputado nacional entiende que la debilidad política del oficialismo también quedó reflejada en las elecciones locales de marzo, donde apenas obtuvo 2 de las 9 gobernaciones y 39 de las 335 alcaldías del país. En cinco departamentos el voto nulo superó al oficialismo.
Posteriormente, alerta que el Gobierno no posee mayoría parlamentaria y su bancada se encuentra dividida en al menos cuatro facciones.
A la vez que revela que la relación entre el Presidente y el Vicepresidente aparece completamente fracturada, con un gabinete dividido y crecientes tensiones internas que profundizan la sensación de parálisis política.
La conflictividad social y el retorno de las movilizaciones
En su espacio en la página oficial de CLATE, nombra que durante las últimas semanas confluyen simultáneamente múltiples protestas y reclamos sociales. Las protagonizan Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos docentes y cooperativas mineras exigen aumentos salariales y rechazan posibles privatizaciones de empresas estatales. Por otra parte, los transportistas protestan por el aumento de combustibles y la mala calidad de la gasolina.
El diputado nacional enumera sectores interculturales e indígenas que reclaman tierras y exigen la derogación de leyes agrarias que consideran perjudiciales para pequeños productores, mientras que cámaras empresariales y grandes productores agrupados en CAINCO rechazan esas modificaciones.
Suma que las juntas vecinales de El Alto denuncian desabastecimiento, inflación y deterioro del costo de vida, mientras persisten bloqueos en regiones estratégicas como Yungas, Desaguadero, Caranavi y Oruro, dejando prácticamente sitiada a la ciudad de La Paz.
Una marcha atrás que no logró frenar la crisis
En enero de 2026 el Gobierno debió derogar el Decreto 5503 – comparado por la oposición con el DNU 70/2023 argentino- debido a las movilizaciones sociales. Más recientemente, también derogó la Ley de Conversión de pequeña a mediana propiedad agraria. Sin embargo, lejos de desactivar el conflicto, las protestas escalaron y comenzaron a exigir directamente la renuncia del Presidente.
A este cuadro se suma la reaparición de discursos autonomistas en sectores de la denominada “Media Luna” -Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija y Chuquisaca- evocando tensiones separatistas similares a las vividas durante el primer gobierno de Evo Morales.
A propósito, el ex embajador argentino en Bolivia cree que Morales volvió a ocupar un lugar central en la política boliviana, dado que militantes de “Evo Pueblo”, el nuevo espacio político impulsado por el ex presidente, iniciaron una marcha de aproximadamente 190 kilómetros desde el altiplano hacia La Paz.
Contextualiza que la movilización coincide con el inicio del juicio contra Morales por un supuesto caso de trata agravada de personas, proceso que sus seguidores consideran una persecución política y judicial.
Refiere que Morales afirmó que la marcha cuenta con el acompañamiento de organizaciones históricas como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), además de sindicatos ya movilizados como la COB y el magisterio, así como que sostuvo que las reformas impulsadas por Rodrigo Paz buscan avanzar hacia la privatización de recursos naturales y servicios básicos. También remarcó que el conflicto actual ya no responde únicamente a diferencias ideológicas sino a la defensa de la canasta básica familiar.
A pesar de la dura actualidad, el Gobierno anunció la creación de una comisión para impulsar una reforma parcial de la Constitución de 2009 con el objetivo declarado de facilitar inversiones privadas y destrabar la economía boliviana.
Un escenario abierto e imprevisible
Basteiro da cuenta que el nivel de conflictividad en los últimos días no se redujo, los niveles de movilización en el Altiplano son muy altos, no se da el mismo panorama en lo que se conoce como tierras bajas, Santa Cruz, Tarija, Pando , Beni, pero "vale pena aclarar que siempre la conflictividad se da con mayor dimensión en el departamento de La Paz donde funciona la sede del Gobierno”.
El ex representante argentino en el país del altiplano denuncia que “el gobierno de derecha argentino vuelve a inmiscuirse en asuntos internos, como lo hizo en su momento el gobierno de Mauricio Macri”. “El poder ejecutivo argentino encabezado por Javier Milei vuelve a mandar, contrabandeando, un cargamento de municiones y gases lacrimógenos para Bolivia con el objetivo de ayudar a reprimir el reclamo popular”, acusa.
Por eso, recuerda que “aquella experiencia del golpe del año 2019 dio inicio a una profunda investigación, luego reflejada en un libro al que titulé «Radiografía de una canallada», que cuenta de qué manera se organizó ese contrabando de armas”.
Posteriormente, revela que la postura del Ejecutivo de Milei “impulsará una nueva denuncia que ya inició el diputado boliviano Rolando Pacheco, que denuncia ‘una nueva canallada de un Gobierno de derecha argentino con el pueblo boliviano y su nación’”.
“Mientras tanto, en Bolivia, el pueblo vuelve a su historia: resolver sus reivindicaciones en la lucha”, concluye.