Denominada por el actual gobierno como Vía Navegable Troncal, la llamada hidrovía es según muchos la “autopista comercial más importante del país”. Es que por las aguas del río Paraná –como piden que se llame directamente a este espacio quienes defienden su raíz social y cultural –pasa gran parte del comercio exterior argentino, un negocio de 300 millones de dólares que la gestión de Javier Milei acaba de privatizar. Este martes, se abrieron los pliegos de la licitación para su explotación, y dos empresas extranjeras presentaron ofertas muy similares. Pese al pedido de legisladores de la oposición de suspender el proceso, relanzada luego que en febrero del 2025 quedara un solo oferente en carrera y se acumularan cuestionamientos sobre la confección de los pliegos, el oficialismo dio un paso en su intención de pasar a manos de privados el manejo de esta arteria fluvial. Los gremios de la marina mercante apoyaron los reclamos opositores, y se sumaron a los pedidos de que se anule el proceso licitatorio, pero no lograron respuesta.
Incluso participaron de una especie de “contra licitación”, una jornada de debate con participación de distintos espacios donde se debatió la importancia de sostener la soberanía marítima. Esta licitación empuja el proceso privatizador que impulsa en esta segunda etapa de su gobierno La Libertad Avanza.
Según informaron desde el gobierno libertario, este martes se avanzó hacia la etapa final del proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal, cuando la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (AMPyN) abriera las ofertas económicas de las empresas Jan de Nul y DEME. Según el comunicado oficial, ambas compañías presentaron “una oferta económica de 3,80 dólares, lo que representa una reducción de 50 centavos respecto de la tarifa vigente y un ahorro estimado del 13,5 por ciento”.
El Ministerio de Economía indicó que “resta evaluar el puntaje final de cada oferente sobre la base de la valoración técnica y la propuesta económica para avanzar con la adjudicación del contrato”. El objetivo del proceso “es garantizar una tarifa competitiva para los productores argentinos, mejorar la previsibilidad operativa y avanzar con la modernización de una infraestructura estratégica para el comercio exterior”.
Desde el gobierno destacaron que ninguna de las empresas presentó impugnaciones en las instancias previas ni cuestionó los requisitos establecidos en el pliego licitatorio, situación que, según señalaron, “ratifica la transparencia y solidez del procedimiento”. El comunicado también sostuvo que la licitación “recibió respaldo de provincias, Naciones Unidas, sectores productivos y cámaras empresarias que ponderaron el diálogo institucional y la consistencia técnica del proceso”.
Pero los gremios tienen otra mirada. En la audiencia pública realizada durante el proceso licitatorio, plantearon sus dudas respecto a este trascendental paso dado por el gobierno. “Hemos participado en esa pretendida audiencia pública convocada por la AMPyN, y rechazando la licitación que ni siquiera cuenta con un estudio de impacto ambiental”, dijo el capitán Mariano Moreno, titula del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo.
Ante la consulta de Data Gremial, el dirigente recordó que en esa instancia de debate, realizada en noviembre del año pasado, reclamo este estudio a las autoridades, que incluya “un estudio del impacto social, ambiental y climático antes de cualquier adjudicación de obras”. “No se puede ir adaptando al río a los negocios, tenemos que nosotros adaptarnos al río para garantizar su sustentabilidad”, fueron sus palabras.
Además, Moreno habló de “riesgos que implicaría un dragado a 44 pies de profundidad, como se propuso en licitaciones anteriores, sin un análisis integral de sus impactos”. Según el dirigente, no hay en el mundo una ruta navegable de ultramar “con esta profundidad”.
Contra cumbre
Para darle volumen al rechazo opositor y sindical, el mismo martes se organizó una reunión de trabajo sobre la agenda marítima y portuaria en el Congreso nacional. La misma se realizó en el bloque de Unión por la Patria, fue convocada por el diputado nacional Jorge Taiana y tuvo como objetivo establecer “estrategias para intervenir en términos de soberanía marítima”. Con la participación de diversos sectores de las tres centrales obreras, se consensuó un documento que se emitió casi al mismo tiempo que se licitaba la hidrovía.
Además de las cuestionamiento ya mencionados, el texto –al que tuvo acceso Data Gremial –rechaza “planificación técnica y batimétrica inconsulta con los gobiernos de las provincias ribereñas respecto a sus necesidades inmediatas y estratégicas para el desarrollo productivo regional”, y afirma que la licitación es “un negocio hoy amañado a los intereses económicos foráneos en detrimento de un país que amerita volver a ser Nación”. Además, se queja de la “omisión intencionada del Canal Magdalena en los trabajos comprometidos en los pliegos técnico de dragado y balizamiento, favoreciendo la salida de los buques por el Canal Mitre con escala en Montevideo, lo que desnacionaliza la carga y aumenta la rentabilidad para los cargadores internacionales”.
Durante la jornada, el titular del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP), Adolfo Barja, dijo que “todo lo que hacemos nosotros judicialmente está bien, hay que profundizar eso, pero no creo que salga algo bueno para nosotros”.
Por eso, agregó, “lo que necesitan algunos trabajadores es que este cuerpo también diga que va a revisar cada una de estas entregas”. “Tienen que saber estas multinacionales que este cuerpo quiere ir por ellos también; si está bien nos callaremos la boca y si está mal hay que echarlos a patadas. Como decía, los sindicatos y los trabajadores estamos dispuestos a acompañar todas estas iniciativas”, insistió.
En cuanto al documento, se recordó que el Congreso debería pedir un informe al Director Ejecutivo de la ANPyN y al ministro de Economía Luis Caputo, con el fin de que “respondan preguntas que los diputados crean convenientes”. “Es necesario arbitrar todos los mecanismos jurídicos-políticos necesarios para suspender la licitación de la Vía Navegable Troncal del Paraná y poner un freno al saqueo de nuestros derechos soberanos. Las y los trabajadores estaremos a la altura de las necesidades”, concluyó el texto.
Pedido de suspensión
En cuanto los pasos futuros en la licitación de la hidrovía, de acuerdo con la información oficial una vez concluida la evaluación económica, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación avanzará con la adjudicación y la posterior firma del contrato de concesión, que contempla una inversión estimada en torno a los 10 mil millones de dólares.
En la previa a la previa a la apertura de sobres, el diputado Taiana, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de resolución para rechazar la licitación y reiteró el pedido de suspensión del proceso. Lo hizo luego del dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que advirtió sobre “serias y evidentes irregularidades” en el procedimiento impulsado por el Ejecutivo.
En la presentación, incorporó nuevos elementos de denuncia a partir de las observaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que cuestionó distintos aspectos del proceso licitatorio y alertó sobre posibles incumplimientos normativos y restricciones a la competencia. Según el proyecto, durante la audiencia pública informativa se puso a disposición un volumen excesivo de documentación técnica en plazos que habrían impedido garantizar una participación ciudadana real y efectiva.
La PIA también cuestionó cláusulas vinculadas a eventuales cesiones del contrato, limitaciones para impugnar el proceso y restricciones a la participación de empresas bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas, lo que podría afectar la transparencia y la libre concurrencia. “Estamos ante un proceso plagado de irregularidades y observaciones de enorme gravedad institucional. El gobierno debe suspender inmediatamente esta licitación y garantizar un procedimiento transparente, competitivo y ajustado a la ley”, afirmó el diputado en relación a la hidrovía por la que circula el 80 por ciento del comercio exterior del país.
Sin embargo, el fiscal federal Guillermo Marijuán rechazó un pedido de medida cautelar presentado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad para frenar la licitación de la hidrovía y cuestionó con dureza el informe elaborado por la PIA, al sostener que “no encuentra correspondencia” con la investigación que lleva adelante su fiscalía. En un dictamen de siete páginas, Marijuán afirmó que la causa bajo su órbita “se ciñe a investigar la posible deuda contraída por la AGPSE con la empresa Compañía Sudamericana de Dragados S.A. y el supuesto direccionamiento de la Licitación Pública Nacional e Internacional 1/2024”, vinculada a la gestión estatal de la Vía Navegable Troncal durante 2023.
El fiscal sostuvo que el informe remitido por la PIA el pasado 15 de mayo “no encuentra correspondencia con la investigación que aquí se lleva adelante” y cuestionó además la rápida repercusión pública que tuvo el documento.