Un total de 140 trabajadores quedaron en la calle tras la quiebra de la empresa de capitales nacionales Aires del Sur (ADS) dedicada a la fabricación y comercialización de equipos de aire acondicionado de las marcas Electra y Fedders, debido a que ingresó en “estado de cesación de pagos actual, generalizado e irreversible”.
La solicitud de quiebra directa ante la Justicia lo hizo el propio presidente de la compañía Ricardo Ariel Ceretti, quién asumió el cargo de la misma en noviembre pasado con un programa de continuidad productiva que no salió como esperaba, en un escenario de crisis de carácter “estructural”.
En su planta ubicada en Río Grande, Tierra del Fuego, integrantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se manifestaron para exigir explicaciones sobre la continuidad de la empresa, el pago de salarios de febrero y vouchers previamente acordados.
“Un modelo deficitario”
Ante este escenario de conmoción, uno de los proveedores recordó que hasta noviembre del año pasado, Juan Pablo Guaita y su hermano Juan Ignacio habrían sido los dueños de la empresa, a los cuales acusó de poner "gente que no existe, adrede para quebrar la empresa” y subrayó que “nos hicieron trabajar en doble turno para llevarse los equipos y venderlos”. También, indicó que desde la firma utilizaron posibles testaferros en la operación y hasta una presunta quiebra intencional.
Sin embargo, el documento judicial da cuenta de que la conducción que asumió en noviembre de 2025 encontró “una estructura económica y financiera profundamente deteriorada”, producto de “un modelo de financiamiento comercial deficitario, agravado por las condiciones del mercado desde fines de 2023”.
La operatoria habitual de ADS contemplaba la preventa de equipos, la obtención de cheques diferidos, su descuento financiero y la posterior compra de materia prima importada.
Ante ello, la empresa comentó que “el costo financiero del sistema superaba el margen operativo del negocio, generando pérdidas estructurales que acumulaban inviabilidad y quebrantos”.
El informe también evidencia que el esquema de autofinanciación local implicaba costos de entre 25% y 30% anual, mientras que los márgenes naturales del negocio rondaban entre 10% y 15% neto después de impuestos.
Fracasaron todas las alternativas
Con el objetivo de afrontar esta situación, el directorio puntualizó que desarrolló un plan integral de saneamiento cuyo eje central fue la búsqueda de un socio internacional. De esta manera, la empresa negoció formalmente con Chigo Group, fabricante chino de equipos de aire acondicionado, con el objetivo de incorporar un socio estratégico que permitiera “modificar la estructura financiera del negocio”.
Entre las posibles soluciones estuvieron la venta total de la compañía o la cesión del 80% o del 50% del paquete accionario, con una inversión mínima prevista de USD 5 millones destinada tanto a la adquisición de acciones como al capital de trabajo.
También, evaluaron el reemplazo del esquema de autofinanciación local por crédito de proveedor a 150 días, condición que la empresa consideró “indispensable para completar el ciclo productivo, comercializar los equipos y obtener la rentabilidad genuina del negocio”. También se proyectaba el envío desde China de entre 7.000 y 14.000 kits mensuales para reactivar plenamente la planta durante 2026.
No obstante, las proyecciones se desvanecieron cuando el grupo chino condicionó cualquier definición a una futura visita a la planta y evaluaciones posteriores, ya que para la concursada esa decisión resultó “incompatible con la crítica situación financiera actual”.
En simultáneo, ADS presentó ante el tribunal un Plan de Continuidad Productiva Controlada que tenía como misión utilizar 4.000 kits ya importados, terminarlos en la planta y destinarlos al pago de un proveedor por aproximadamente USD 500.000, a salarios adeudados y a la constitución de un fondo indemnizatorio, bajo control judicial y fiscalización sindicatural. Sin embargo también fracasó, ya que el 19 de febrero el juzgado desestimó la autorización solicitada.
La empresa afirmó que en el escenario actual “carece de capital de trabajo, no puede afrontar salarios vencidos, no posee financiamiento y se encuentra imposibilitada de sostener operativamente la estructura”.
En ese contexto, puso a disposición del proceso sus principales activos, como la planta industrial en Tierra del Fuego, cuya tasación del Banco Nación arrojó un valor superior a USD 15 millones al tipo de cambio oficial vigente al momento de la valuación, y los 4.000 kits arribados al Puerto de Buenos Aires, cuyo valor potencial como equipos terminados rondaría los USD 2 millones, los cuales, según la misma, esos activos “superan ampliamente” el pasivo actual, incluidos los créditos laborales.
Debido al escenario totalmente adverso, consideró que la solicitud de quiebra quedó como “el único curso legalmente responsable” para preservar el valor de los activos y proteger a la masa de acreedores.
La situación de ADS no se diferenció tanto a la de otras empresas fueguinas que no pudieron soportar la presión de la apertura comercial, la menor competitividad de la industria local y los elevados costos financieros, por lo que se vio obligada a cerrar y dejar a más de un de centenar de familias sin su fuente de ingresos.