La masiva marcha universitaria de la semana pasada parece no haber conmovido al gobierno nacional. Más allá de alguna ocasional declaración, los funcionarios y el propio presidente Javier Milei intentaron minimizar la protesta, y volvieron a intentar ocultar el tema. Pero el malestar sigue creciendo, como una olla a presión. El mandatario puedo vivirlo en carne propia, cuando estuvo en la Universidad de San Andrés para dar una clase magistral, y como “recuerdo” de su visita los docentes y funcionarios de la casa de estudios dejaron un duro documento pidiendo por el complimiento de inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario. Es decir, hasta el sector privado está preocupado por las consecuencias de la mososierra en la educación superior. A esto se le suma que pasa el tiempo y la situación de docentes y nodocentes está lejos de mejorar. En su informe conjunto número 11, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) confirmaron que por 18 meses consecutivos los salarios de los trabajadores universitarios perdieron poder de compra ante la inflación.
Esto ubica al valor real de los salarios “por debajo del 2002”, cuando se vivía en la argentina la peor crisis económica y social en décadas, luego de la traumática salida de la convertibilidad.
El nuevo reporte de la situación de las universidades, tanto de la cuestión salarial como de los recursos que deben llegar de Nación, muestra una continuidad en la profundización de la crisis, que la multitudinaria muestra de malestar y repudio de la comunidad educativa parece no haber podido revertir. Los datos de abril marcan otro retroceso en material de salarios, según el trabajo conjunto de FEDUN y el CIICTI. “En abril los sueldos en universidades nacionales cayeron por decimoctavo mes consecutivo, al perder el 0,9 por ciento real”, destacó el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial.
De esta forma, agregaron, “se deterioraron un 23,2 por ciento real desde noviembre del 2023”, es decir, desde que Milei es presidenta. Así el nivel salarial se encuentra por debajo de la peor crisis de la vuelta a la democracia, “habiendo declinado 44,3 por ciento desde el pico del 2011 y 39,9 puntos desde el 2015”. Se llega esta degradación de los ingresos por un aumento del 165,4 por ciento de los salarios desde el inicio de la administración libertaria, contra una inflación del 303,5 por ciento. Por eso, los sueldos del sector “deberías incrementarse un 52,1 por ciento para recuperar lo perdido”.
En cuanto al presupuesto universitario, el informe asegura que “profundiza el ajuste en el sector”, generando “una caída del 16,9 por ciento real” en cuanto a los recursos que llegan a las universidades.
Así, el financiamiento de la educación superior representa “el 0,428 por ciento del PBI”, lo que hace que las universidades hayan perdido 6,5 billones de pesos de financiamiento, “lo que equivale a perder más de un año entero de financiamiento desde que asumió el gobierno de Mieli”. Ante esto, y la idea quela justicia pueda fallar otra vez a favor de la ley, la gestión libertaria prepara algunas medidas. Versiones periodísticas apuntan a que el gobierno les propondría a las universidades “un acuerdo de financiamiento para cerrar la pelea judicial”, lo que en rigor sería lo establecido en el proyecto de ley de financiamiento libertario.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), negaron contactos con el Ministerio de Capital Humano y apuntaron que esperan la decisión de la Corte Suprema de Justicia que debe definir si obliga, o no, a que el gobierno nacional cumpla la ley vigente.
Plan de lucha
Ante este cuadro de situación que no varía, y que parece profundizarse en el tiempo, en FEDUN admiten que el malestar “sigue creciendo”, sobre todo porque la marcha universitaria, que volvió a mostrar el apoyo de la sociedad al reclamo universitario, no mueve al gobierno de su postura. Por eso, el titular del gremio Daniel Ricci adelantó que “seguramente realicemos nuevos medidas de protesta”.
El diálogo con Data Gremial, el dirigente afirmó que “el próximo martes tendremos un plenario de FEDUN, donde la dirigencia de base de todo el país analizará los últimos datos de la caída salarial y la forma de seguir el plan de lucha”. Todo indica que se realizarán acciones en todo el país. El pedido concreto del gremio es que el gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, que permitirá mejorar los dos aspectos centrales que este informe deja al descubierto: la caída salarial y la transfiera los fondos correspondientes a becas y gastos de funcionamiento de las casas de estudio.
En declaraciones posteriores a la cuarta marcha federal, Ricci insistió que el apoyo popular hace imprescindible para el gobierno avanzar en soluciones concretas. “La defensa de la universidad pública también es una defensa solidaria de todos los sectores golpeados por este modelo de ajuste: trabajadores y trabajadoras, jubilados, personas con discapacidad, científicos, estudiantes, profesionales de la salud, de la cultura y todos los que hoy ven vulnerados sus derechos. No hay salida individual frente a un ajuste que afecta al conjunto del pueblo argentino”, señaló el titular de FEDUN.
“Lo que está en discusión es qué modelo de país queremos: uno con universidad pública, ciencia, industria, trabajo y soberanía, o un país primarizado, agroexportador, para pocos, que expulsa conocimiento y condena a nuestros jóvenes a no tener futuro”, recalcó el dirigente.
Actividades confirmadas
En tanto, el resto de los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales también avanzan en un plan de lucha que permita sostener el reclamo visible respecto de la ley, los salarios y los recursos. Un plenario de CONADU, por ejemplo, resolvió un paro para la próxima semana en todo el país. Será desde el 26 al 30 de mayo, medida que contempla un plan de lucha con posibles concentraciones en el Palacio Pizzurno más actividades y clases públicas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para “promover el acompañamiento del Poder Judicial a la universidad pública”, determinaron desde la entidad sindical.
Si bien la iniciativa gremial más fuerte consiste en “el cese de actividades dentro de las aulas, desde los gremios también buscan dar la pelea con una acción digital nacional que permita dar la discusión también en el terreno virtual”, aunque aún no especificaron en qué consistirá. “La crisis en las universidades que impide el normal funcionamiento la produjo el ajuste sobre los salarios docentes y no docentes, el gobierno al desconocer a los sindicatos y pretender amenazar a los rectores y rectoras muestra que no tiene voluntad de resolver este problema”, declaró el dirigente de CONADU, Federico Montero.
En tanto, otro plenario, en este caso de la CONADU Histórica, resolvió también un paro nacional de una semana desde el 26 al 30 de mayo. “Amparados por el apoyo popular ratificamos la voluntad de luchar por nuestro salario y por la universidad pública”, dijeron desde el gremio. En el encuentro, se hizo un “balance colectivo sobre la marcha federal”, que consideraron fue “profundamente positivo con un reconocimiento del enorme protagonismo de las asociaciones de base y la amplia participación de la comunidad universitaria en todo el país”.
Además, el plenario coincidió en que la “extraordinaria respuesta social obtenida es un respaldo muy poderoso para la continuidad de nuestro plan de lucha, frente a un gobierno que continúa sin dar respuestas a las demandas salariales y presupuestarias”. En ese sentido, el paro nacional de una semana entre el 26 y el 30 de mayo se acompañará con acciones de visibilización y de protesta en todo el país. “Y será el espacio para el debate que nos llevará a resolver las medidas para el cierre del cuatrimestre y el inicio del segundo semestre”, recalcaron desde CONADU Histórica.