La desregulación impulsada por el presidente de la Nación, Javier Milei, en el mercado de la yerba mate trajo aparejado graves consecuencias en los productores primarios, de tal forma que les costó una pérdida de $200.000 millones de pesos y la aceleración en la pérdida mano de obra debido a la creciente migración de trabajadores rurales hacia Brasil.
La Fundación para el Desarrollo Humano Integral (DHI) emitió un informe en el que analizó cómo fueron los cambios que se introdujeron en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y alertó sobre una fuerte transformación estructural que pone en juego la supervivencia del modelo histórico de chacras familiares en Misiones.
El estudio, que llevó el nombre de “Mate mal cebado: desregulación de la yerba mate, una economía regional”, muestra cómo la pérdida de facultades regulatorias del INYM dejó sin herramientas a un organismo que fue sido creado a fin de “equilibrar un mercado caracterizado por la fuerte desigualdad entre miles de pequeños productores y un reducido grupo de empresas con capacidad para fijar condiciones comerciales”.
Sin embargo, en la actualidad, sucede todo lo contrario, ya que se detectó una transferencia de $200.000 millones de pesos desde el sector productivo hacia los eslabones más concentrados de la cadena.
Caída en los valores, caídas en los salarios
Eso repercute en los valores, dado que hasta fines de 2023, los productores exigían precios cercanos a los $500 por kilo de hoja verde y las operaciones de mercado se ubicaban entre $350 y $400, pero con el retiro del Estado en la mesa de discusión, numerosos productores independientes comenzaron a percibir entre $80 y $90 por kilo cosechado.
Y las proyecciones no muestran una mejora importante, ya que para la tercera zafra, bajo el nuevo esquema, ubican los valores entre $120 y $150 por kilo, muy por debajo del costo de producción.
Esa depreciación se nota en la vida cotidiana, dado que la crisis trascendió a los productores y pasó a los comercios, prestadores de servicios y a los trabajadores vinculados a la actividad.
Los autores del trabajo analizaron que “no estamos frente a una simple baja de precios sino ante una reconfiguración de la distribución de ingresos dentro de la cadena yerbatera”.
En el presente , la producción primaria está distribuida entre aproximadamente 12.500 productores, en su mayoría pequeños colonos con explotaciones de entre cinco y ocho hectáreas. Sin embargo, apenas un puñado de empresas concentra gran parte del procesamiento industrial y de la comercialización nacional.
Es decir, quedaron libradas las operaciones a la negociación entre sectores con capacidades económicas muy diferentes.
Más adelante, detectaron puntos en común con el proceso de desregulación aplicado durante la década de los noventa, que derivó una fuerte crisis social y productiva que terminó con el tractorazo de 2021. El principal de estos es la concentración.
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En ese marco, analizaron que “lo que está en discusión es si la producción yerbatera seguirá sostenida por miles de familias distribuidas en el territorio o si avanzará hacia un esquema dominado por menos actores y con mayor integración industrial”
Según el relevamiento, alrededor de 13.000 tareferos dependen de la actividad yerbatera en Misiones y constituyen el sector más vulnerable frente al deterioro económico.
En ese sentido, sucede un efecto dominó porque impacta directamente sobre los salarios de cosecha.
A pesar de que la normativa vigente establece valores mínimos para la cosecha cercanos a los $77 por kilo de hoja verde, relevamientos territoriales indican que numerosos trabajadores perciben apenas $40 por kilo.
Por lo que señalaron que “la presión sobre los precios termina trasladándose hacia abajo de la cadena y afecta directamente las condiciones de vida de los trabajadores rurales".
Un importe migración
A bajar la actividad, los precios y los salarios, se genera un fenómeno migratorio laboral importante hacia Brasil, debido a que cada vez más jóvenes provenientes de familias productoras y trabajadores rurales dejan las localidades yerbateras de Misiones para buscar empleo en actividades agropecuarias, construcción y servicios del país vecino.
En el relevamiento exhiben los datos de la Receita Federal, en el que muestran que la cantidad de argentinos que tramitaron el Cadastro de Pessoa Física (CPF), documento necesario para trabajar legalmente en Brasil, pasó de un promedio anual de 8.000 registros entre 2016 y 2021 a cerca de 40.000 durante 2025.
A propósito, puntualizaron que “cuando los trabajadores cruzan la frontera para encontrar mejores ingresos estamos frente a una crisis que ya no puede medirse solamente por los precios de la producción”.
Al gobierno parece importarle poco las consecuencias de la desregulación de la actividad. De hecho, la defiende.
El presidente del INYM y representante del Ejecutivo nacional en el organismo, Rodrigo Correa, recalcó que “nosotros ratificamos el rumbo que adoptó el Instituto y el Gobierno nacional de la desregulación yerbatera”.
Además, defendió que “sabemos que es un momento de transición, pero hay indicios que nos muestran el camino por donde ir y uno de ellos es el flanco exportador”.
Correa mencionó que “en los últimos dos años la exportación se expandió de manera histórica”, al tiempo que rechazó y destacó que Argentina recuperó en 2025 las denuncias sobre una crisis terminal del sector al considerar que “hay un cambio de modelo”. “La desregulación trajo buenas noticias”, sintetizó.
Finalmente, cuestionó el antiguo sistema de regulación porque “muchos oportunistas se metieron en el rubro porque el Estado les garantizaba rentabilidad””.
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