El Gobierno de Javier Milei dispuso la intervención del puerto de Ushuaia por un plazo de 12 meses, al argumentar que se detectó un riesgo operativo y de seguridad derivado del deterioro de la infraestructura, irregularidades financieras y desvíos de fondos. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, criticó a la administración nacional ya que, aseguró, “no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”. El titular de la Dirección Provincial de Puertos Roberto Murcia, en tanto, adelantó que no permitirá “que se utilicen falsos pretextos técnicos como cobertura para una intervención arbitraria y extorsiva”. El Gobierno, advirtió Murcia, “no actúa por razones de seguridad o infraestructura, sino que se utiliza la amenaza de inhabilitación como herramienta de presión para justificar una intervención arbitraria”.
Una de las primeras entidades en pronunciarse fue el Sindicato Único de Trabajadores de las Administraciones Portuarias (SUTAP), que manifestaron su “más enérgico repudio ante el proceder arbitrario y autoritario de las autoridades nacionales entrantes de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) tras la intervención dispuesta en nuestra terminal portuaria”. “Denunciamos públicamente un accionar que, lejos de buscar la transparencia institucional, incurre en las mismas prácticas viciadas que dice combatir”, destacó el comunicado firmado por Adolfo Barja como secretario general y Mauricio Zarzuel en calidad de Secretario de Relaciones Internacionales.
Las autoridades del SUTAP, resaltan la “falta de transparencia”. “La valoración de comentarios y favoritismos expone la continuidad de los vicios que supuestamente venían a corregir”, agregaron. A modo de conclusión, cierran manifestando “la intervención que dice proteger el interés público y la infraestructura ha comenzado desprotegiendo lo más valioso: su capital humano”. “Los trabajadores del SUTAP no permitiremos que el Puerto de Ushuaia se convierta en un botín político bajo el disfraz de una normalización administrativa”, concluyeron.
Avance provincial
En tanto, el secretario de Finanzas de ATE seccional Río Grande, Carlos Margalot, expresó su rechazo a la intervención del Puerto de Ushuaia, y cuestionó el avance sobre un organismo de jurisdicción provincial. El dirigente consideró que “la medida constituye una intromisión indebida” y anticipó que el gremio evaluará acciones en defensa de los trabajadores. Según sostuvo, las supuestas irregularidades señaladas por el Ejecutivo nacional deben ser analizadas por la Justicia y no a través de una intervención administrativa. “Si existen observaciones de fondo, corresponde que intervenga el Poder Judicial. No nos parece correcto que se adopte una decisión de este tipo desde Nación”, remarcó. Asimismo, recordó que el sindicato cuenta con afiliados dentro de la Dirección Provincial de Puertos.
En esta misma línea, Margalot advirtió que la intervención se inscribe en un contexto de medidas que, a su entender, vienen perjudicando a Tierra del Fuego. Mencionó particularmente la quita de aranceles impulsada por el Gobierno nacional, la cual pone en riesgo numerosos puestos de trabajo en la provincia. También cuestionó a dirigentes políticos fueguinos que respaldaron esas decisiones. El dirigente calificó la situación como “grave” y señaló que el avance sobre instituciones públicas provinciales no puede ser aceptado. Finalmente, afirmó que legisladores nacionales como diputados y senadores deberán asumir responsabilidades políticas frente a las consecuencias que estas decisiones puedan generar en la provincia.
Consecuencias
Por último, la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) también rechazó la medida. El gremio denunció que la decisión, implementada durante la madrugada y con presencia de fuerzas de seguridad, “quedará en la historia como uno de los mayores agravios de un gobierno federal contra la autonomía de una provincia”. “Rechazamos categóricamente dicha medida por considerarla arbitraria, excesiva e ilegal”, afirmó la entidad sindical que representa a trabajadores jerárquicos del sector ferroportuario.
APDFA expresó “nuestro más profundo repudio político a la medida adoptada, nuestro rechazo al trato agraviante sufrido por las y los trabajadores del Puerto de Ushuaia —a quienes se les impidió el ingreso a sus lugares habituales de trabajo— y nuestra solidaridad con el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con su Gobernador y con todo el pueblo fueguino”. El sindicato alertó que esta acción no afecta solamente al puerto más austral del mundo, “uno de los principales centros de operación de cruceros internacionales, que hasta hoy funcionaba con normalidad”, sino que representa un precedente peligroso para otras jurisdicciones. “Constituye un llamado de atención para todas las provincias con puertos marítimos y fluviales, que quedan expuestas a resoluciones de organismos nacionales de cuarta categoría que pueden obstruir su gestión y vulnerar su autonomía”, advirtió el gremio.