La Confederación General del Trabajo (CGT) se encamina a una nueva instancia de definición interna en un escenario atravesado por tensiones judiciales, económicas y políticas. Según se pudo saber, la central evalúa convocar a una reunión de Consejo Directivo este jueves, lo que marcaría el primer encuentro formal tras el fallo del fuero laboral que suspendió 82 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
La confirmación del encuentro terminaría de resolverse este lunes, pero en la conducción cegetista ya trabajan sobre una agenda cargada, que combina el seguimiento de la estrategia judicial, la preocupación por las paritarias y las definiciones políticas de cara al Día del Trabajador.
El fallo que frenó parcialmente la reforma reordenó el escenario sindical, pero al mismo tiempo abrió un nuevo capítulo de disputa con el Ejecutivo. La medida cautelar es provisoria y mantiene el conflicto abierto, lo que obliga a la CGT a recalibrar su estrategia mientras espera la respuesta oficial en los tribunales, que aún no fue formalizada.
En este contexto, la central se mueve entre dos tiempos. Por un lado, el ritmo judicial, con plazos que empiezan a correr para la apelación que el Gobierno presentará en los próximos días. Por otro, el calendario sindical, que exige definiciones en materia salarial, conflictividad y movilización en la previa del 1° de mayo.
La vía judicial: una disputa abierta
La suspensión de los artículos de la reforma laboral volvió a colocar a la CGT en una posición de iniciativa en tribunales. La cautelar significó un alivio para la estrategia sindical, pero no resolvió el conflicto de fondo, que continuará dirimiéndose en la Justicia.
En paralelo, el Gobierno ya anticipó que apelará la decisión con el patrocinio de la Procuración del Tesoro. Según trascendió, esa presentación se concretaría dentro de los plazos legales en los próximos días.
Este será uno de los ejes centrales de la eventual reunión del Consejo Directivo. La CGT busca evaluar el estado de la causa para definir cómo acompañar el proceso judicial y, al mismo tiempo, medir el impacto político del fallo. Para la central obrera, la cautelar no solo suspende artículos, sino que también marca un límite institucional a la reforma laboral.
A su vez, el expediente obliga a sostener una estrategia coordinada en el tiempo. La discusión interna también pasa por cómo administrar un conflicto que puede extenderse, mientras convive con decisiones económicas que afectan directamente a los gremios.
Paritarias bajo presión
Mientras el frente judicial sigue abierto, la principal preocupación de los sindicatos pasa por las paritarias. La negociación salarial se volvió un eje crítico en un contexto en el que la inflación ronda el 3% mensual y acumula siete meses consecutivos de aceleración.
El problema no se limita al nivel de los aumentos, sino al margen de maniobra. Los gremios enfrentan dificultades para cerrar acuerdos que acompañen la evolución de los precios sin poner en riesgo el empleo en sectores con actividad en retroceso.
Dentro del entramado sindical reconocen que varios acuerdos quedaron por debajo de la inflación y que, incluso con cláusulas de revisión o sumas complementarias, la recomposición del poder adquisitivo se vuelve cada vez más compleja.
En este escenario, la reunión del jueves funcionaría también como un espacio de diagnóstico compartido, donde cada organización podrá exponer su situación particular en un mapa sindical cada vez más heterogéneo.
El 1° de mayo y la disputa interna
El calendario sindical también impone definiciones políticas. El Día del Trabajador aparece este año atravesado por diferencias dentro del propio movimiento obrero y por la necesidad de construir una señal clara frente al Gobierno.
En ese marco, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), el sector gremial más combativo, convocó a un plenario de delegados para el 1° de mayo con la expectativa de reunir a más de 1500 representantes. “El encuentro tiene que ser el primer paso en la elaboración del programa del movimiento obrero para el país”, sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
El FreSU nuclea a gremios como ATE, la UOM, aceiteros y aeronáuticos, entre otros, y viene consolidando una agenda propia con un perfil más confrontativo frente al Ejecutivo. Su convocatoria introduce un nuevo factor en la dinámica sindical, al plantear una estrategia que no necesariamente coincide con la de la CGT.
En paralelo, la central obrera analiza convocar a una movilización para el 30 de abril, en la antesala del Día del Trabajador. La iniciativa aún está en discusión y formaría parte del temario del Consejo Directivo si finalmente se concreta la reunión de esta semana.
La eventual marcha se inscribe en una estrategia más amplia: sostener presencia en la calle sin avanzar hacia una escalada del conflicto. Ese equilibrio responde tanto a diferencias internas como a una lectura del contexto social, donde el deterioro económico no siempre se traduce en mayores niveles de protesta.
La definición sobre el 30 de abril funcionará, en ese sentido, como un termómetro clave. No solo para medir el nivel de confrontación que la CGT está dispuesta a asumir, sino también su capacidad de ordenar al conjunto del movimiento sindical en un escenario cada vez más fragmentado.