Nicolás Trotta, Ministro de Educación, aseguró que “la vacuna no es condición indispensable para la presencialidad”, y agregó que el objetivo del Gobierno nacional es “recuperar la normalidad” a lo largo de este año de la mano del plan de vacunación nacional.

“El desafío que tenemos es garantizar una presencialidad segura en nuestro sistema educativo, es parte de la agenda que presentamos a los gobernadores”, apuntó.

Consultado sobre cómo se llevará adelante el regreso presencial a las clases, el titular de la cartera educativa dijo que sólo se realizará siempre y cuando se garantice una “presencialidad cuidada y segura”. En ese sentido, también destacó que durante el mes de febrero se iniciará la vacunación de 1.300.000 docentes, con vistas a incluir en este plan al personal no docente. “El proceso de vacunación prioritaria a los docentes es una medida que nuestro Gobierno definió en el mes de noviembre, un proceso que vamos a iniciar en el mes de febrero”, dijo al respecto, y añadió que se comenzará por aquellos docentes que tienen un vínculo más cercano con los alumnos, como los de educación especial, jardín de infantes y los tres primeros años de primaria.

“Con protocolos, con una realidad epidemiológica de base que lo permita, podemos promover un regreso seguro a las aulas”, declaró el funcionario en comunicación con Radio Nacional.

Luego, Trotta se refirió a aquellos sindicatos que no coinciden con la idea de retomar la presencia en las escuelas y aseguró que va a recorrer las 24 jurisdicciones para mantener reuniones “tanto con ministros y ministras de educación como con organizaciones sindicales”.

Para concluir, el Ministro opinó sobre los dichos del ex Presidente Mauricio Macri -quien pidió al Gobierno que “abran las escuelas”- y recordó el desmantelamiento del programa Conectar Igualdad: “Hoy faltan 4 millones de computadoras en los hogares argentinos porque existió un Gobierno que tomó esa decisión y fue el Gobierno de Mauricio Macri, que interrumpió un programa emblema para América Latina y que incluía entre otros aspectos la distribución de computadoras. Es un costo social que seguimos pagando”.

“El expresidente tiene derecho a opinar sobre la realidad educativa pero creo que antes de adentrarse en los temas de la escuela actual debería dar cuenta de la desinversión educativa que él transitó de manera muy marcada durante su gestión”, concluyó Trotta.