La situación judicial del concejal libertario de San Isidro, Alberto Montes, volvió a quedar en el centro de la escena luego de que trascendieran nuevos detalles de la causa iniciada por una trabajadora municipal que lo denunció por haberla tocado sin su consentimiento dentro de una dependencia pública.
Si bien el dirigente alcanzó un acuerdo económico con la denunciante para reparar el daño en el ámbito civil, el expediente penal continúa su curso y podría derivar en un juicio oral en los próximos meses.
La denuncia se remonta a fines de 2023, cuando ambos se desempeñaban en el área de Tránsito del municipio. Las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en que Montes ingresó a una oficina donde trabajaban dos mujeres y, de manera sorpresiva, le propinó una palmada en los glúteos a una de ellas mientras se encontraba de espaldas.
Las imágenes muestran que la reacción de la trabajadora fue inmediata. Tras el contacto físico no consentido, la mujer se defendió empujándolo y posteriormente decidió llevar el caso ante la Justicia.
De inspector municipal a concejal libertario
Montes fue electo concejal por La Libertad Avanza en las elecciones de 2023 y asumió su banca en diciembre de ese año. Antes de llegar al Concejo Deliberante, se desempeñó como inspector de tránsito y también desarrolló tareas como bombero voluntario.
Sin embargo, el episodio ocurrido en una dependencia municipal terminó convirtiéndose en uno de los casos de mayor repercusión política y judicial dentro de San Isidro. La difusión pública de las imágenes reavivó además el debate sobre la violencia y el acoso en los ámbitos laborales, especialmente cuando los involucrados ocupan cargos de representación pública.
Un acuerdo por $12 millones
En paralelo a la investigación penal, las partes alcanzaron un acuerdo en la Justicia civil mediante el cual Montes se comprometió a abonar una indemnización de 12 millones de pesos a la denunciante.
Según trascendió, el pago fue pactado en cuotas y quedó sujeto a supervisión judicial. En las últimas semanas surgieron versiones sobre presuntas demoras en algunos desembolsos, situación que habría motivado nuevas intimaciones para garantizar el cumplimiento de lo acordado.
No obstante, especialistas en derecho recuerdan que este tipo de acuerdos económicos no extinguen automáticamente las responsabilidades penales derivadas de los hechos investigados.
La causa penal avanza hacia el juicio
El frente más complejo para el edil continúa siendo el penal. La investigación se encuentra encuadrada bajo la figura de abuso sexual y ya atravesó una instancia clave luego de que la Justicia rechazara un pedido de sobreseimiento presentado por su defensa.
La acusación tramita en el Juzgado Correccional N° 5 y, de acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, el juicio oral podría desarrollarse durante el segundo semestre del año. En esa instancia se analizarán las pruebas incorporadas a la causa y se determinará si corresponde una condena.
Aunque Montes sostuvo públicamente que existió un pedido de disculpas y un acuerdo con la denunciante, la imputación penal continúa vigente y deberá responder ante los tribunales por los hechos denunciados.
Cuestionamientos políticos y restricciones laborales
Mientras espera la definición judicial, el concejal continúa ejerciendo su banca en el Concejo Deliberante de San Isidro. Sin embargo, distintas fuerzas opositoras reclamaron su destitución a raíz de la gravedad de la denuncia y del impacto institucional que generó el caso.
Además, trascendió que Montes tiene restricciones para desarrollar actividades comerciales adicionales, por lo que actualmente sólo puede desempeñarse en su función como concejal, cargo por el cual percibe una remuneración cercana a los dos millones de pesos mensuales.
A medida que se acerca la instancia de juicio oral, el expediente promete seguir generando repercusiones tanto en el ámbito político local como entre los trabajadores municipales, donde el caso reabrió la discusión sobre la prevención de situaciones de violencia y abuso en los lugares de trabajo.