La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) salió al cruce de la decisión del Gobierno nacional de otorgar prioridad de uso del 90% de la ampliación de una línea de alta tensión destinada a abastecer al proyecto minero Vicuña, en San Juan.
La medida fue ratificada por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) y contempla una inversión estimada en US$800 millones. Según el sindicato, la resolución desestimó “de forma categórica” los planteos y la oposición expresada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).
Para el sindicato que conduce Marcelo Mena Muñoz, el Gobierno nacional “le otorgó a una corporación privada el uso prioritario de una infraestructura eléctrica estratégica de San Juan durante los próximos 25 años”, dejando “en segundo plano el rol de la provincia en la planificación de un recurso clave para su desarrollo”.
En ese sentido, el sindicato advirtió que este tipo de decisiones “priorizan los intereses de grandes empresas multinacionales por sobre el federalismo, la participación provincial y el resguardo de los recursos que pertenecen a los sanjuaninos”.
“No cuestionamos la construcción de la obra”
Desde ASIJEMIN aclararon que su postura no implica un rechazo a la construcción de la infraestructura eléctrica necesaria para acompañar el crecimiento de los proyectos mineros.
“También aclaramos que no cuestionamos la construcción de la obra eléctrica, ya que resulta necesaria para el desarrollo de los proyectos mineros”, sostuvo la organización.
Sin embargo, el sindicato planteó que la ejecución debe contemplar la participación de “empresas, proveedores y mano de obra local”.
El punto central del reclamo está relacionado con el financiamiento. Para ASIJEMIN, “esta infraestructura debe ser asumida como parte de la inversión de los propios proyectos”, y rechazó que los costos puedan terminar siendo trasladados al Estado, a los usuarios del sistema eléctrico o financiados mediante futuras regalías mineras.
La organización sindical busca así abrir una discusión sobre quién debe hacerse cargo de las grandes inversiones necesarias para garantizar el desarrollo de la actividad minera y cuál debe ser el beneficio concreto que estas obras dejan en los territorios.
Reclaman empleo y desarrollo para San Juan
El sindicato también puso el foco en la necesidad de que las inversiones vinculadas a los proyectos mineros tengan un impacto directo sobre las comunidades.
En ese sentido, sostuvo que “estas inversiones deben fortalecer la licencia social minera, garantizando la participación de las comunidades, las pymes, los proveedores locales y la industria nacional”.
Para ASIJEMIN, una infraestructura estratégica de esta magnitud “no puede desarrollarse bajo esquemas de contratación con control exclusivo de actores foráneos”, sino que debe convertirse en una herramienta para generar “empleo, desarrollo productivo y valor agregado en el territorio”.
El gremio planteó que el desarrollo de la minería debe trascender la extracción de recursos naturales y generar una cadena de beneficios que alcance a los trabajadores, las empresas locales y las comunidades cercanas a los proyectos.
La discusión cobra especial relevancia en San Juan, donde el avance de los grandes proyectos mineros plantea el desafío de garantizar que las inversiones asociadas a la actividad también contribuyan al desarrollo de la provincia.
Proponen una mesa entre el Estado, las empresas y los trabajadores
Frente al escenario planteado, ASIJEMIN propuso conformar una mesa de trabajo integrada por el Estado, las empresas, los sindicatos, las comunidades y los sectores productivos.
El objetivo, según explicó la organización, es “analizar el impacto futuro de esta infraestructura energética” y avanzar en la construcción de “un modelo de desarrollo que permita que estas inversiones no sólo abastezcan a los proyectos mineros, sino que también generen beneficios permanentes para las localidades donde se desarrolla la actividad”.
El sindicato considera que las obras vinculadas al crecimiento de la minería deben ser planificadas con una mirada de largo plazo y con participación de los distintos actores que forman parte del entramado productivo.
En ese sentido, el reclamo apunta a que la infraestructura energética no quede exclusivamente al servicio de las grandes compañías mineras, sino que también permita ampliar las posibilidades de desarrollo de las comunidades y de la economía provincial.
“Debe dejar un impacto positivo en las comunidades”
El secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, destacó la importancia de que las inversiones vinculadas a la expansión minera tengan un impacto concreto sobre la población.
“La infraestructura energética vinculada al crecimiento minero debe dejar un impacto positivo en las comunidades, con más oportunidades laborales, mejores servicios y condiciones que acompañen el desarrollo de la población”, afirmó.
Desde el gremio insistieron en que la discusión sobre la infraestructura eléctrica debe incorporar la perspectiva de los trabajadores y de las comunidades, además de los intereses de las empresas y de los organismos estatales.
La organización sindical sostiene que el desarrollo de los proyectos mineros debe estar acompañado por un esquema que garantice empleo, proveedores locales y participación de la industria nacional.
En esa línea, ASIJEMIN volvió a marcar su posición: no cuestiona la necesidad de construir la obra eléctrica, pero rechaza que su costo termine recayendo sobre la sociedad.
El sindicato considera que una inversión de esta magnitud debe ser asumida por los propios proyectos que se beneficiarán de la infraestructura y que, al mismo tiempo, debe convertirse en una oportunidad para generar desarrollo y mejorar las condiciones de vida de los sanjuaninos.