Mediante un recurso de amparo presentado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Justicia ordenó detener los despidos y la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Fue el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín que falló a favor de ATE y que exigió a las autoridades del organismo a abstenerse "de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la Resolución 42/2026, incluyendo la cesación, transferencia o modificación sistematizados; la prohibición de realizar cualquier movimiento, inventario con fines de reubicación, transferencia o disposición del equipamiento técnico afectado a dichos servicios".
No solamente eso, pidió también "la garantía de ocupación efectiva de todos los agentes cuyas funciones resultan afectadas, con mantenimiento pleno de sus categorías, remuneraciones y condiciones de trabajo vigentes al 14 de abril de 2026 y la continuidad de todos los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológicas bajo la órbita estatal del INTI".
“Vulneración de derechos”
Además, el juzgado encabezado por el magistrado Tezanos Pinto recordó "que la Constitución, como los convenios de la Organización Nacional Internacional del Trabajo (OIT) con jerarquía constitucional -en particular los Convenios Nº 87, 98 y 151- impiden al Estado, en su rol concurrente de empleador y regulador, alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por la norma colectiva con plena vigencia".
Finalmente, la determinación advirtió que, “conforme lo dispuesto en el artículo 2, inciso 2, de la Ley 26.854, los trabajadores constituyen un sector socialmente vulnerable, lo que impone al órgano jurisdiccional una especial consideración en materia cautelar, en virtud del principio
de hiposuficiencia, toda vez que -en el caso- los accionantes invocan la posible vulneración de derechos de naturaleza alimentaria,
derivados de eventuales despidos masivos o modificaciones unilaterales en las condiciones laborales".
Celebró Aguiar
Al respecto, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, consideró que la medida “es un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal”.
Aguiar repasó que “lo dijimos mil veces: ¡no se puede gobernar al margen de la ley y contra la constitución nacional!” “PD: Se están debilitando, la tortilla se empezó a dar vuelta y vamos por más. ¡Prepárense!”, manifestó a través de sus redes sociales.
Precisamente, el gremio estatal presentó el recurso de amparo para pedir la nulidad de la Resolución 42/26 que ordena quitar más de 900 servicios técnicos, ensayos y tareas de asistencia tecnológica.
En su momento, el dirigente apuntó que el Gobierno actuó “al margen de la ley” y sigue con su “intento de desmantelar” el INTI. “Los ensayos, el servicio técnico y el desarrollo de tecnología puesta al servicio de pequeñas y medianas empresas repercute en el desarrollo y crecimiento de nuestro país", sumó.
Luego, enfatizó que “no podemos permitir que existan autoridades que pretendan estar por encima del Congreso”.
También, advirtió que “las resoluciones emitidas por el Consejo Directivo no pueden modificar funciones ni tampoco eliminar programas que hayan sido creados por una ley”. “Se trata de una resolución ilegal que tiene que ser suspendida de inmediato ya que no solo vulnera los derechos de los trabajadores, sino fundamentalmente los derechos de toda la sociedad”, analizó.
Cabe recordar que el sindicato opinó que la Resolución 42/26 es un “vaciamiento institucional”, parte de un proceso de desmantelamiento.