La Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario presentado por la Casa Rosada para acelerar una definición sobre la reforma laboral impulsada por Javier Milei. Mientras continúa la disputa por el fuero que debe intervenir, la CGT celebró el fallo como un límite al intento oficial de consolidar rápidamente la vigencia de la ley.
El fallo fue firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que no estaban dados los requisitos excepcionales previstos en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial para habilitar un “salto de instancia”. Según remarcaron los jueces, no se verificó una situación de gravedad institucional que justificara omitir el paso por las instancias inferiores.
La presentación había sido realizada por la Procuración del Tesoro el pasado 16 de abril, luego de que el juez laboral Raúl Ojeda declarara la inconstitucionalidad de una parte sustancial de la denominada Ley 27.802 de Modernización Laboral. El Gobierno buscaba llegar de forma directa a la Corte para revertir la cautelar que había frenado más de 80 artículos de la norma.
La batalla judicial por la reforma laboral
La ofensiva oficial se desplegó en varios frentes. Además de recurrir al per saltum, la Casa Rosada apeló el fallo de Ojeda ante la Cámara Nacional del Trabajo e impulsó un cambio de fuero para sacar el expediente de la Justicia laboral y trasladarlo al ámbito contencioso administrativo, históricamente más cercano a las discusiones vinculadas al Estado.
En ese camino, el Gobierno consiguió algunos avances importantes. El 10 de abril, la jueza Macarena Marra Giménez sostuvo que la causa debía tramitar en el fuero contencioso administrativo y reclamó el expediente que estaba bajo la órbita de Ojeda.
Pocos días después, la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo, integrada por María Dora González y Víctor Arturo Pesino, dejó sin efecto la cautelar que suspendía la aplicación de la reforma. De ese modo, la ley volvió a quedar momentáneamente vigente mientras continúa el trámite judicial.
Sin embargo, los camaristas no analizaron el fondo de la cuestión ni resolvieron sobre la constitucionalidad de la norma. Únicamente suspendieron provisoriamente la cautelar mientras se sustancia la apelación presentada por el Gobierno.
Las sospechas sobre el fallo y la reacción de la CGT
La decisión de la Sala VIII generó un fuerte rechazo dentro del movimiento obrero. La CGT no sólo apeló el fallo, sino que además recusó a ambos jueces por considerar que no debían intervenir en el expediente, ya que otra sala de la Cámara ya analizaba planteos vinculados con la reforma laboral.
La situación se tensó todavía más luego de que, pocas horas después del fallo favorable al Gobierno, el Ministerio de Justicia iniciara formalmente los trámites para garantizar la continuidad de Víctor Pesino en el cargo una vez cumplidos los 75 años.
Desde la central obrera denunciaron un posible “toma y daca” entre el Gobierno y el magistrado. Pesino rechazó las acusaciones y sostuvo que ya sabía previamente que el Poder Ejecutivo avanzaría con la publicación de su continuidad. Lejos de disipar las dudas, su defensa alimentó nuevas suspicacias dentro del ámbito judicial y sindical.
La recusación presentada por la CGT todavía no fue resuelta y podría convertirse en una pieza clave en la disputa de competencia entre el fuero laboral y el contencioso administrativo.
La Corte gana tiempo y evita intervenir
En este escenario, el rechazo del per saltum fue leído como una señal política de la Corte Suprema. Aunque el expediente principal actualmente se encuentra bajo la órbita de la jueza Marra Giménez —tal como pretendía el Gobierno—, el máximo tribunal decidió no acelerar una definición definitiva sobre la reforma laboral.
“Que a juicio de esta Corte no se observan los requisitos que habilitan la procedencia de la vía cuya apertura se promueve”, señalaron escuetamente Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti en la resolución firmada durante el acuerdo realizado en el cuarto piso del Palacio de Justicia.
Desde la CGT interpretaron la decisión como un freno al intento oficial de instalar la idea de una supuesta “gravedad institucional” derivada de la cautelar obtenida en el fuero laboral.
Aun así, el fallo no implica necesariamente una derrota total para la Casa Rosada. El Gobierno mantiene por ahora la vigencia efectiva de la reforma laboral gracias a la resolución de la Sala VIII y logró trasladar la discusión al fuero contencioso administrativo.
Rosatti, los guiños al Gobierno y la reforma laboral
En las últimas semanas, distintos movimientos políticos y judiciales alimentaron especulaciones sobre la relación entre sectores de la Corte y el oficialismo.
La semana pasada, Horacio Rosatti participó de ExpoEFI, un foro dedicado a economía, finanzas e inversiones, donde cuestionó la “judicialización de la política” y criticó las decisiones judiciales que frenan programas económicos impulsados por los gobiernos.
Las declaraciones fueron interpretadas como un gesto hacia la Casa Rosada, especialmente en medio de la disputa por la reforma laboral. En los tribunales también circulan versiones sobre la buena sintonía entre Rosatti y el sector del oficialismo alineado con Karina Milei y los primos Martín y Eduardo Menem.
Mientras tanto, la pelea judicial continúa abierta y mantiene en vilo a sindicatos, trabajadores y empresarios. La discusión sobre la constitucionalidad de la reforma laboral todavía está lejos de resolverse y promete convertirse en uno de los grandes conflictos institucionales del año.