La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores exigieron a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la convocatoria “urgente” al Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, al tiempo que adelantaron que, si la funcionaria no lo hace, avanzarán con acciones legales.
Ambas entidades enviaron en simultáneo cartas documentos, firmada por Hugo Cachorro Godoy y Hugo Yascky, respectivamente, en la que solicitaron retomar las negociaciones para la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), al considerar que el incremento dispuesto por el Gobierno nacional resulta “insuficiente e inaceptable”.
Las dos centrales señalaron que “el esquema vigente establece un aumento de $5.400 mensuales, lo que representa una suba del 1,5%”.
Advierten acciones legales
Sin embargo, consideraron que “este incremento continúa desde hace meses por debajo de la inflación y ubica al salario mínimo por debajo de la Canasta Básica Total calculada por el INDEC ($452.321 a febrero de 2026), así como también por debajo de la canasta individual estimada por el IDECBA ($521.583 para el mismo período)”.
En este contexto, las CTA pidieron la definición de lineamientos, metodologías y criterios que permitan establecer una canasta básica de referencia, a fin de garantizar que el salario mínimo cumpla efectivamente con su función constitucional. Asimismo, advirtieron que, de no obtener respuesta, se avanzará “con las acciones legales correspondientes”.
“Carece de razonabilidad”
Además, expresaron su preocupación por “la evolución de la inflación interanual, que alcanzó el 33,1% en febrero de 2026, en contraste con un incremento del SMVM del 18,6% en igual período”. “Esta brecha, consolida una pérdida sostenida del poder adquisitivo y profundiza el deterioro de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables”, apuntaron.
También, cuestionaron la metodología de medición de precios del INDEC, al considerar que “no refleja adecuadamente la estructura real de consumo, lo que derivaría en una subestimación de la inflación y, en consecuencia, en una invisibilización de la magnitud real de la pérdida salarial”.
Finalmente, concluyeron que “el monto fijado para el salario mínimo carece de razonabilidad y se aparta de los parámetros constitucionales y legales que deben regir su determinación”.