El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Nicolás Pino dijo que la decisión del gobierno nacional de quitar las retenciones a las exportaciones de los principales granos “fue una sorpresa, para bien”. Lejos de la agenda mediática, la iniciativa sorprendió a propios y extraños, y se tomó como telón de fondo del viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos en busca de “dólares frescos”, como se admite en la Casa Rosada. La medida favorece a un sector con capacidad de “fuego” en el ámbito financiero, que ahora debería responderle al gesto liquidando la mayor cantidad de dólares. A la espera de eso, el oficialismo cree superada la corrida cambiaria, a partir de esta medida y los gestos de apoyo de Estados Unidos y el FMI pero distintos sectores salieron a criticar la medida, que genera un fuerte impacto e al sacas públicas, en momentos que bajo el argumento del equilibrio fiscal se intentan desconocer leyes como la de Financiamiento Universitario o de Emergencia Pediátrica. Ambas normas, asegura un informe reciente de la CTA de los Trabajadores, podrían ser financiadas ampliamente con los recursos que deja de recaudar el Estado por la baja de las retenciones, lo que marca el impacto de la iniciativa.
A través de su Centro CIFRA, la central obrera difundió datos de los números de la baja momentánea de las retenciones, y las compara con leyes que se vienen reclamando por distintos sectores, como universitarios y gremios médicos. Mediante el decreto 682/2025 dispuso “una alícuota del derecho de exportación en 0 por ciento hasta el 31 de octubre de 2025, inclusive, o hasta la finalización del día en que se alcance la suma de registraciones de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE)”, por un importe equivalente a 7 mil millones de dólares. Lo que ocurra primero.
Para esto, se estableció que los productores “deberán liquidar al menos el 90 por ciento de las divisas en un plazo comprendido entre la entrada en vigencia de la presente medida y hasta tres días hábiles de efectuada la DJVE correspondiente, ya sea por cobros de exportaciones, anticipos de liquidación y/o supuestos de prefinanciación y/o post financiación externa”. La medida incluye a los principales complejos: soja, maíz, trigo, girasol y cebada. El remanente de exportación de 2025 “se ubica en aproximadamente 10.100 millones de dólares”, según el reporte, de ese total 6.900 millones de dólares corresponden al complejo sojero, 2 mil millones a maíz y el resto a trigo, girasol y cebada.
Si la liquidación se da en términos proporcionales hasta alcanzar los 7 mil millones de dólares, “la suspensión de las retenciones tendría un impacto fiscal de 1.400 millones de dólares o 2,1 billones de pesos”. “Esto sería de mínima dado el incentivo extraordinario que supone la reducción de la alícuota en el complejo sojero”, analizó el centro.
Según el trabajo de CIFRA, al que tuvo acceso Data Gremial, el costo fiscal en la recaudación de la reducción por 40 días de las retenciones “equivale al 0,24 por ciento del PBI, lo que resulta comparable con el impacto anual de la Ley de Emergencia Universitaria (0,23 por ciento) y la Ley de Emergencia en Discapacidad (0,25 por ciento)”.
Presiones
El impacto de la baja de las retenciones en las arcas públicas llega en momentos que el gobierno busca la forma de no aportar los fondos que requieren estas normas, que fueron aprobadas y sostenidas en el marco de una multitudinaria marcha el miércoles pasado. Por eso, los gremios sostuvieron los planes de lucha, como pasó en el Hospital Garrahan, donde ayer martes comenzó un nuevo paro por 48 horas.
Los trabajadores aseguraron que el aumento anunciado ayer por el gobierno nacional, a través del ministro de Salud Mario Lugones, "es un parche" y aseguraron que "el plan de lucha sigue activo y más fuerte que nunca". Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) indicaron que este paro se da en un contexto "marcado por el escándalo del fondo de inversión" donde el gobierno "destinó 40 mil millones de pesos" que pertenecen al trabajo genuino de los trabajadores del Garrahan y que son recursos que "por ley deben reforzar" sus salarios. "Ante esta situación, el gobierno anunció un aumento que es un parche, es inconsulto, insuficiente y, además, es discriminatorio, ya que los montos no son iguales para todos", sostuvieron.
En la misma línea, destacaron que estas jornadas "llevan meses" y están "más vigente que nunca", después del veto que firmó el presidente Javier Milei para anular la Ley de Emergencia Pediátrica, aprobada por el Congreso de la Nación, lucha que llevaron adelante junto a la comunidad universitaria que atraviesa la misma situación. Paralelamente, recordaron que, el próximo 2 de octubre, está programada una sesión en el Senado en la que se tratará el rechazo al veto presidencial.
En el caso de que esto suceda, Milei "tendrá la obligación de promulgar la ley": "Esperamos que no haya sorpresas", añadieron. "Tenemos el pésimo antecedente de la ley para las personas con discapacidad, cuya implementación fue condicionada de manera inconstitucional, antidemocrática, inhumana, de forma amoral, incluso pasible de denuncias penales y de todo tipo, por eso estamos en alerta. Luego de que el Senado, eventualmente, rechace el veto, seguiremos de cerca cada paso del gobierno y mantendremos la vigilia hasta que la Ley de Emergencia Pediátrica esté implementada efectivamente", expresaron desde APyT.
Pedidos
En tanto, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, es quien empieza a pagar los costos de que el gobierno nacional postergara la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad que ya fue promulgada luego de que el Congreso diera vuelta el veto del presidente Milei. Diputados quiere que quede afuera del gobierno mediante un mecanismo constitucional. El diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, presentó un proyecto de resolución para interpelar al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el objetivo de iniciar una moción de censura.
El proyecto tiene la firma de figuras fuertes de la oposición como Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó. La medida surge después de que el Ejecutivo suspendiera la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso pero postergada su aplicación mediante una cláusula que exige al Congreso que diga de dónde provendrán los fondos para ejecutarla.
En el proyecto se enumeran causales graves como la nulidad e ilegalidad del Decreto 681/2025, el incumplimiento de leyes vigentes, la violación de la división de poderes y la falta de asignación adecuada de partidas presupuestarias.La moción de censura es un mecanismo constitucional que permite al Congreso interpelar y, eventualmente, remover a un funcionario del Poder Ejecutivo. Es una medida creada en la Reforma de 1994 en el artículo 101 de la Constitución. Consta de dos etapas: primero, la iniciativa, que consiste en aprobar un pedido de interpelación con mayoría absoluta en cualquiera de las cámaras. En segundo, la ejecución, donde la moción de censura requiere nuevamente el voto de la mayoría absoluta y puede conducir a la remoción del funcionario cuestionado.
En Argentina la moción de censura no implica responsabilidad política del presidente ni del Jefe de Gabinete, sino solo la eventual sustitución del funcionario interpelado, que puede ser reemplazado por decisión presidencial o, en casos extremos, mediante juicio político. Diferente es en los sistemas parlamentarios.