El viernes pasado, sin previo aviso, unos 30 trabajadores del Ministerio de Trabajo fueron notificados que luego de pasar a disponibilidad dejarán de pertenecer a la cartera el último día hábil de marzo. Se trata de personal contratado, cuyos vínculos laborales se renuevan cada tres meses, que fueron víctima de la motosierra libertaria, que este año sigue ajustando la plantilla de trabajadores estatales.
“Señalamos que este ataque es el primero de varios, que pueden afectar a personas contratadas con otras modalidades en aquella Secretaría, o bien golpear otros sectores del organismo”, expresaron desde la Comisión Interna de ATE en el ministerio que comanda Luis Caputo, uno de los primeros en relanzar el plan de achicamiento, que el gremio alerta será “especialmente activo” en estos días. Es que se esperan nuevos despidos en organismos como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que comenzó un proceso de desguace que prácticamente deja sin capacidad operativo a la entidad encargada de garantizar la seguridad del transporte de larga distancia, entre otras muchas funciones.
La forma de accionar en este organismo es igual en muchos otros: Se cierran sucursales en todo el territorio, dejando sin capacidad de cumplir las funciones. Esto ya se hizo con delegaciones de la secretaría de Trabajo, por ejemplo, limitando al máximo su capacidad. A esto se le suma el ajuste salarial, que según ATE expulsa a los empleados “constantemente”.
La alerta de un nuevo ajuste libertario en varias dependencias estatales se conoció a días del cierre de marzo. Como se viene asegurando, el gobierno insiste con achicar la planta de estatales, e incluso en el entorno del Ministerio de Desregulación se habló de prescindir de de un 10 por ciento de la plantilla actual. Si bien estos rumores no fueron confirmados, en el gremio ATE esperan movimientos como el sucedido en el Ministerio de Economía.
El caso más notable es el de la CNRT, que comenzó a limitar su capacidad operativa al máximo. Según la dirigencia estatal, el gobierno de Javier Milei planea transferir las funciones de fiscalización de la entidad a la Gendarmería Nacional, un organismo que, según el sindicato, “carece de los equipos, el personal y la formación técnica necesarios para asumir esas tareas”. “La CNRT cuenta con 1.043 trabajadores distribuidos en 45 sedes en todo el país, que se encargan de controlar el estado de vehículos, conductores y talleres, incluyendo los viajes estudiantiles y el transporte de cargas peligrosas”, aseguraron.
En lo que va de 2026, el organismo ya realizó más de 2 mil controles de viajes estudiantiles, por ejemplo, que ahora deberían ser controlados por la fuerza estatal, que además está en un proceso de reclamo salarial, lo que puede complicar sus tareas.
El ajuste libertario parece no detenerse, y los estatales temen que casos como los expuestos sean la punta del ovillo. Según le confirmaron a Data Gremial fuentes del sector público, hay versiones “de unificaciones masivas de distintas carteras y dependencias, que no sólo achica el Estado, sino que generará despidos masivos”. Estas versiones hablan de la “eliminación y privatización de funciones y áreas”, además de la unificación de áreas en Agricultura, Producción, Obras Públicas, Energía y Minería, que achicarían aún más la capacidad de acción de las entidades.
En este contexto, trabajadores del sector salud se movilizaron frente a la Superintendencia de Servicios de Salud en la Ciudad de Buenos Aires para denunciar el “deterioro del sistema sanitario”. Allí, la secretaria adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, señaló que “desde que asumió Javier Milei estamos viendo un retroceso muy grande en materia sanitaria en la Argentina, no solo por el vaciamiento de las políticas públicas, sino también por la situación de cientos de familias que se ven obligadas a volcarse al sistema público de salud porque ya no pueden afrontar el costo de las prepagas”.
Durante la concentración, los trabajadores advirtieron que, ante la posibilidad de nuevos despidos, no descartan permanecer dentro del edificio.
Protesta
En tanto, en el marco del anuncio de la dotación de personal del Estado nacional y la incidencia de la pobreza y la indigencia, que realizará este martes el INDEC, los trabajadores de esa dependencia realizarán una nueva radio abierta para por un lado rechazar los intentos de achicar aún más el Estado, además de los despidos que esto genera.
“Como trabajadores del organismo, queremos comenzar señalando con preocupación la profunda reducción de la dotación de personal en el Estado nacional, producto de una política deliberada de ajuste”, afirmaron desde la Junta Interna de ATE-INDEC.
En los últimos meses, señalaron, “miles de puestos de trabajo han sido eliminados, afectando áreas clave de la administración pública y debilitando la capacidad del Estado para cumplir sus funciones esenciales”. “Esta política no solo impacta sobre las y los trabajadores despedidos: afecta directamente la calidad de las políticas públicas y los servicios que el Estado debe garantizar a la sociedad. En nuestro organismo en particular, implica pérdida de capacidades técnicas acumuladas durante años, deterioro de las condiciones de trabajo y un riesgo creciente sobre la producción estadística pública”, agregaron.
.
Por eso, desde esta Junta Interna reiteraron sus reclamos: “Rechazamos los despidos, exigimos la inmediata reincorporación de las y los trabajadores cesanteados, la prohibición de nuevas cesantías y una recomposición salarial que frene la expulsión permanente de personal del Estado”.
En relación con la publicación del indicador de pobreza, ATE-INDEC aclaró que “no contamos con los datos antes de su difusión oficial y estamos obligados por ley a garantizar el secreto estadístico y la confidencialidad de la información”.
Sin embargo, señalaron el contexto en el cual se produce esta medición. “En los últimos meses hemos asistido a una fuerte caída del poder adquisitivo de los ingresos, deterioro del empleo, crecimiento de la precarización laboral, caída del consumo y cierre de actividades económicas”, remarcaron.
A esto se suma “un nuevo esquema de aumentos en tarifas, transporte, alquileres y servicios de salud, que continúa presionando sobre los ingresos de las y los trabajadores, profundizando la pérdida de poder adquisitivo incluso entre quienes tienen empleo registrado”.
En este marco, “cualquier eventual mejora en el indicador de pobreza no puede interpretarse como una tendencia consolidada, sino que debe ser analizada con cautela. No se puede aislar un dato de la dinámica general de la economía y del mercado de trabajo”.
Aumento salarial
En este contexto, el gobierno publicó el aumento salarial para trabajadores estatales, que incluye una suba escalonada hasta mayo e incluye una suma extraordinaria por única vez para compensar el impacto inflacionario.
Mediante el decreto 206/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, la medida tiene carácter retroactivo, alcanza tanto a trabajadores permanentes como no permanentes de la administración pública nacional y forma parte de los acuerdos paritarios firmados el pasado 6 de marzo.
El esquema de actualización contempla las subas escalonadas entre enero y mayo de 2026 acordadas a principio de este mes. Según lo establecido, los salarios aumentarán un 2,50 por ciento en enero, un 2,20 por ciento en febrero, un 2 por ciento en marzo, un 1,70 por ciento en abril y un 1,50 por ciento en mayo, siempre calculados sobre las remuneraciones habituales vigentes al mes anterior.
Además, la normativa establece nuevos topes para las remuneraciones por servicios extraordinarios, que irán desde 791.210 pesos en enero hasta 851.392 pesos en mayo. Para estos cálculos no se tendrán en cuenta adicionales como compensaciones transitorias, premios por asistencia o plus por zona desfavorable, entre otros conceptos no bonificables.
Como parte del acuerdo también se dispuso el pago de una suma fija excepcional de 40 mil pesos, que será abonada en mayo de 2026 a todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General.
Este monto, de carácter remunerativo pero no bonificable, será percibido por única vez y busca compensar el impacto de la inflación acumulada. La medida también contempla actualizaciones en suplementos salariales del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), así como ajustes en viáticos, reintegros por comida y movilidad, gastos de guardería y compensaciones por servicios en destinos especiales como la Antártida.
Finalmente, mediante el decreto 208/2026 se dispusieron incrementos para personal docente y administrativo de distintos organismos estatales, incluyendo el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), la Escuela Nacional de Bibliotecarios, el ENACOM y el Tribunal Fiscal de la Nación. El objetivo, según la normativa, es garantizar una actualización uniforme de los salarios en el sector público conforme a los acuerdos vigentes.