Hace unos días, la justicia lanzó un ultimátum en la causa por la quiebra de Garbarino. Si no parece un comprador para la empresa que supo ser la principal cadena de electrodomésticos y su par Compumundo, se procedería al cierre final de las firmas y la liquidación de todos sus bienes. La decisión generó expectativa entre sus ex trabajadores, que esperan que la medida mejore el cobro de los sueldos y liquidaciones, los cuales siguen reclamando en distintas instancias. La medida tenía como fecha límite el 14 de agosto, para que los interesados se inscriban en un Registro de Interesados, para sumarse a la causa y ser potencialmente compradores de la empresa. Cumplida la fecha, se supo que hay dos interesados: uno el propio Carlos Rosales, dueño de las firmas, que estaría detrás de la posibilidad de “auto comprar”. Además, se sumó un interesado, una financiera cuyo referente estuvo denunciado hace unos años por maniobras irregulares en ATC.
Una vez confirmado el interés, los ex empleados se mantienen “en alerta”, y esperan definiciones sobre los planes de ambos oferentes, aunque ponen reparos por que sea el propio Rosales quien siga al frente de la empresa: “Es haberlo perdido todo”.
Por decisión del juez Fernando D’Alessandro, titular del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 7, se abrió un período para que nuevos inversores formalicen el salvataje de Garbarino y Compumundo; de lo contrario, decretará la quiebra y el cierre definitivo de las empresas.
La resolución judicial dispone la apertura de un Registro de Interesados para la compra de ambas marcas. Sobre el cierre de este límite, se presentaron dos pedidos de inclusión para realiza una nueva oferta, una del propio Rosales que quiere “auto comprarse” la firma, y la de Vlinder S.A., presidida por el contador Claudio Alejandro Achino.
Los potenciales adquirentes debieron inscribirse antes del vencimiento del plazo depositando 400 mil pesos en la cuenta judicial correspondiente y presentando la documentación requerida. A partir de esto, según pudo saber Data Gremial, se designará un evaluador que dispondrá de 30 días para determinar el valor real de mercado de las empresas. Así, se evitó el cierre definitivo de ambas firmas y su liquidación, algo que parecía inevitable.
El futuro inmediato dependerá de la evaluación judicial. Si las propuestas de Garbarino o de Vlinder no prosperan, el juez D’Alessandro avanzará con la quiebra definitiva de Garbarino y de Compumundo, tal como ya ocurrió con Garbarino Viajes meses atrás. La marca, que alguna vez fue sinónimo de ventas de electrodomésticos en la Argentina, enfrenta así su última oportunidad.
El valor simbólico de Garbarino podría atraer a quienes busquen reposicionarla, pero el escenario es complejo: la empresa arrastra pasivos millonarios y un deterioro de mercado que no parece fácil de revertir. Por el momento, uno de los principales acreedores de la empresa son los empleados, cerca de 4 mil de los cuales sólo quedan 22.
Además, el pasivo con organismos estatales también es considerable: según se supo, Garbarino adeuda alrededor de 6 mil millones de pesos en aportes jubilatorios y 2.500 millones en deudas posteriores al concurso. Uno de los datos que alarma es que una resolución del gobierno dejó de declarar a los trabajadores de una empresa quebrada “prioritarios” a la hora de cobrar cuando se liquidan los bienes. Esto fue criticado en su momento, porque puede favorecer a otros sectores, en especial el Estado.
Postura
Cuando se conoció la apertura del registro, comenzó a circular que Rosales intentaría mejorar la primea oferta que había realizado originalmente, que tuvo apenas el 35 por ciento de las adhesiones. Por eso, la ida fue rechazada por los ex empleados. “Dejar todo al destino que nos quiere imponer Carlos Rosales es haberlo perdido todo”, dijo Gabriel Yapura, representante del Grupo de Trabajadores de Garbarino en Lucha, que viene pidiendo que se mejore el pago de sueldos y liquidaciones caídas.
En diálogo con Data Gremial, Yapura dijo que esta semana “será muy importante, lo más importante es que nos mantengamos unidos y fuertes para seguir adelante con nuestra lucha”. El grupo ya había expresado su desconfianza en el proceso. Sobre la nueva empresa, Yapura dijo que “es más de lo mismo”, y recordó “su prontuario no tan limpio”. “De nuestra parte vamos a hablar con los despedidos, entendemos que por parte de la empresa sigue existiendo las ganas de seguir estirando todo este proceso”, agregó.
En estos días, los ex trabajadores hicieron una presentación donde rechazaron os nuevos plazos de 30 días dados por la justicia, pero no tuvieron respuesta.
En este sentido, Yapura explicó que “sólo estaremos a favor de estos movimiento si es para pagarle a los ex empleados todo lo que se adeuda, en un pago, sino lo vamos a rechazar estas propuestas. Vamos a dar nuestra padecer ante la justicia”. “Estamos llegando al final del camino que empezó el 11 de noviembre de 2021 cuando despidieron a unos 34 mil trabajadores, y se cerraron unas 200 sucursales de la empresa”, recordó Yapura, referente del Grupo de Trabajadores de Garbarino en Lucha.
Antecedentes
Según explicó en la presentación realizada ante el juez de la quiebra, Vlinder es una sociedad regularmente constituida, inscripta por ante la Inspección General de Justicia cuyo objeto social “amplio y referido a negocios financieros le autoriza a participar del proceso en que pide inscribirse”.
Además de depositar los 400 mil pesos, se solicita que “se la tenga por inscripta para participar del salvataje” de Garbarino. Pero desde el Grupo de Trabajadores de Garbarino en Lucha cuestionaron a Achino, dueño de la firma. Es que fue denunciado por su paso por ATC, donde junto a otras personas que denunciado penalmente por delitos en perjuicio del canal oficial, por 987.831,52 pesos. Según difundieron en las redes sociales los ex empleados, el fiscal de control administrativo a cargo de la Oficina Anticorrupción, José Massoni, denunció ante el juzgado criminal y correccional federal Nº 4, de Gabriel Cavallo
“Las operaciones ilícitas se montaron mediante catorce contratos, por los cuales el canal no recibió ninguna contraprestación”, se informó. En su pormenorizada querella penal, Massoni identifica como responsables de los ilícitos a Horacio Alfonso Delorenzi, presidente de ATC durante el último tramo del gobierno menemista; Jorge Alberto Serdarevich, Eduardo Bramajo y Edgardo Javier Díaz, ex gerentes del canal. En paralelo, el fiscal sugiere que pudo existir una supuesta "asociación ilícita" de los denunciados. Tal acción se habría cometido “para posibilitar, en la medida en que cada uno podía hacerlo, la salida de dinero del patrimonio de ATC SA para beneficiarse ellos y terceros, que concurrieron posibilitando la concreción de los ardides, ilícitamente”. Achino es parte de esta causa, según este grupo.