A fines de septiembre pasado, trabajadores judiciales de todo el país se movilizaron en sus provincias para reclamar una instancia de negociación salarial nacional, que guale las condiciones de todos los empelados del sector. La denominada Caravana Federal por la Negociación Colectiva Judicial exigió “igualdad, dignidad y una paritaria nacional”, y marcó el descontento que existe en el sector por las diferencias salariales y laborales que hay en la actualidad entre jurisdicciones. Para terminar con esto, la Federación Judicial Argentina (FJA) pide esta instancia única de discusión, similar a la docente. Es que entre provincias los salarios tienen disparidades alarmantes, pese a tener tareas similares o directamente iguales. El pedido no es nuevo, se viene repitiendo desde hace años, pero cobra vigencia especial en estos momentos, donde el ajuste del gobierno de Javier Milei “derrama” a las gestiones provinciales, complicando más la situación de los empelados de la justicia. Así lo denuncia el último Informe Nacional de la FJA, que confirma “el difícil momento del sector” con un ato que demuestra la necesidad de la instancia de negociación en todo el país: en 15 provincias del país se pagan salarios judiciales de ingreso por debajo de la línea de pobreza. Además, el reporte subraya que “crecen la conflictividad y los problemas de salud laboral en el sector”, a partir de una encuesta que detalla las condiciones laborales que se viven en los distintos tribunales argentinos. “No vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo como sufren hambre nuestras familias”, alertó Matías Fachal, titular de la FJA.
El informe de condiciones salariales y laborales de los judiciales incluye datos sobre los sueldos provinciales, los conflictos gremiales registrados en 2025 y los resultados de la 2ª Encuesta Nacional de Salud Laboral en el Poder Judicial, con información de más de 4 mil empleados de todo el país. En el primer de los aspectos, se confirma la situación que viven los ingresantes de varias provincias. Según el estudio, al que tuvo acceso Data Gremial, “tomando como referencia la línea de pobreza de septiembre de 2025, estimada en 1.176.852,05 pesos, el panorama es alarmante: 15 de las 25 jurisdicciones del país registran sueldos de ingreso inferiores al umbral de pobreza, mientras que en solo 9, entre las que está el Poder Judicial de la Nación y la Justicia Federal, logran superarlo”. El distrito restante, Santa Fe, “no se pudo contar con datos actualizados”.
La FJA resaltó que “hay una gran disparidad entre judiciales ingresantes según la jurisdicción: en algunas provincias los salarios se encuentran tan atrasados que cobran hasta tres veces menos a lo que percibe un trabajador o trabajadora ingresante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Chaco, Santa Cruz o el Poder Judicial de la Nación, por citar algunos casos”. Esto se vuelve “más indignante” si se hace la comparativa con los ministros de la Corte Suprema o de los tribunales superiores. Por ejemplo, “los jueces de la Corte percibían sólo de básico unos 8.441.348,87 pesos, mientras que el trabajador judicial con el peor salario en el país ronda los 600 mil de bolsillo”.
“La federación hace unos 20 años que lleva adelante este tipo de relevamiento de salarios en todo el país, pero esta gran disparidad jamás la hubo”, sostuvo Fachal respecto al informe, que se difundió en el marco del Día del Trabajador Judicial, que se conmemora hoy 16 de noviembre para recordar la fundación en 1952 de la Confederación Judicial Argentina, hoy FJA. En diálogo con Data Gremial, el dirigente remarcó que “un ingresante en Jujuy está ganando tres veces menos que su par de Buenos Aires o el Poder Judicial Nacional”.
Estas diferencias, aclaró Fachal, “antes podían atribuirse a los costos de vida de cada provincia, pero hoy eso se desdibujó mucho porque en las grandes ciudades se fue equiparando”. Lo más impresionante, agregó, “son las diferencia hacia adentro de los propios poderes, cuando la diferencia histórica entre un ingresante y un juez del máximo tribunal era de una a cinco, hoy son de una a 15 o a 20 en algunos casos”. En este punto, los trabajadores judiciales, como el resto de los sectores, “estamos en una situación muy complicada, lejos de poder cubrir las necesidades diarias, todos sufrimos una pérdida del poder adquisitivo”.
Conflictividad en aumento
Como era de esperarse, este aumento de las diferencias salariales y los problemas derivados del ajuste que se viene haciendo a nivel nacional, y que los gobernadores se pliegan por conveniencia o necesidad, la conflictividad tuvo un importante crecimiento este año en el sector judicial. El reporte aseguró que este fue un año “de intensa conflictividad en el sector judicial, con medidas de fuerza, movilizaciones y reclamos en casi todas las provincias”. Los meses de febrero, marzo y octubre “concentraron la mayor cantidad de conflictos, impulsados principalmente por la pérdida del poder adquisitivo, la ausencia de negociación colectiva, y la persecución sindical en algunos distritos”.
“Claramente la conflictividad está creciendo en todo el país, los trabajadores judiciales no vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo como sufren hambre nuestras familias, saldremos a pelear, pero a veces las condiciones no son las mejores, hay sectores donde cierras las paritarias por decreto, pero se sigue luchando como los judiciales de Mendoza o San Luis, donde hay salarios muy magros, donde no son recibidos pese a los reclamos constantes que se hacen”, graficó Fachal.
En el informe se citan varios ejemplos de estas luchas dadas durante el 2026. En La Pampa, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadorxs Judiciales (SITRAJ) protagonizó varios paros y retenciones de tareas entre febrero y marzo en reclamo de aumentos salariales y respeto a la carrera judicial, denunciando además persecución gremial por parte del Superior Tribunal de Justicia. En Neuquén, el SEJUN realizó paros de 48 horas y asambleas en rechazo de las ofertas salariales y de los descuentos por medidas de fuerza. En Córdoba, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) sostuvo un plan de lucha con paros, marchas y concentraciones masivas, que culminó en junio con un acuerdo histórico de equiparación salarial con la Justicia Nacional.
El conflicto también se profundizó en Mendoza, donde la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AGEyFPJ) denunció la violación del Convenio Colectivo de Trabajo y sufrió represión policial durante una manifestación en octubre, además de causas judiciales contra dirigentes. En Chubut, el SITRAJUCH mantiene desde febrero un plan de lucha por una deuda salarial del 15,5 por ciento, mientras que en Río Negro el SITRAJUR denunció ante la OIT los intentos de vulnerar la negociación colectiva y marchó en defensa del histórico financiamiento sindical del “2x1000”.
En tanto, en San Luis, el SIJUPU protagonizó conferencias y marchas junto a la Mesa Intersindical por la apertura de paritarias y la defensa del poder adquisitivo. En Formosa, la AJUFSA llevó adelante paros y movilizaciones desde septiembre en reclamo de aumentos salariales acordes a la inflación. En Catamarca, la AJUCA también convocó paros y protestas por recomposición salarial, mientras que en Entre Ríos, la AJER exigió equiparación, pago en tiempo y forma y reconocimiento de títulos. Como corolario, la Corte Suprema no iba a estar exenta de las demandas de los trabajadores. La Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (AEFPJN) finaliza el año realizando paros totales, ya que en los últimos 18 meses perdieron alrededor del 30 por ciento de capacidad de compra. Para la federación, lo que se vive a nivel nacional, con la motosierra de Milei como emblema, se va volcando en las provincias, donde los mandatarios locales deben adaptarse a este momento.
“El ajuste que promueve el gobierno nacional claramente llega a las provincias, no se giran los fondos correspondientes a los gobernadores, ni a quienes se someten políticamente, pueden recibir alguna obra de infraestructura pero no mucho más”, reconoció Fachal. Por eso, en muchos casos “los salarios de los judiciales están prácticamente congelados, con las paritarias planchadas, con incrementos del 1 por ciento cada dos o tres meses, donde a veces se parece a la inflación oficial, pero muchas veces no, como pasa en octubre donde el IPC dio un 2,3 por ciento”, explicó el referente nacional.
Salud laboral
El tercer eje del informe de la FJA adelanta los resultados de la 2ª Encuesta Nacional de Salud Laboral en el Poder Judicial, realizada entre 2024 y 2025. El relevamiento confirma “un empeoramiento general de las condiciones laborales respecto de la encuesta de 2017”. En concreto, se expuso que “el 43,6 por ciento de los encuestados trabaja más horas de las reglamentarias, mientras que 1 de cada 4 realiza tareas en modalidad de teletrabajo”. Entre estos últimos, “el 63 por ciento dice trabajar más horas que en la modalidad presencial, el 67 por ciento no recibió capacitación y el 22,5 por ciento realiza tareas incluso durante las licencias”. Además, “el 16 por ciento reconoce recibir ‘siempre o muchas veces’ mensajes o correos laborales fuera del horario de trabajo”. En tanto, el 84,9 por ciento de los trabajadores “usa expedientes electrónicos o escritos digitales, lo que incrementó la intensidad del ritmo laboral”.
En el plano emocional, “el 36,9 por ciento afirma sentirse agotado, tensionado o de mal humor en el trabajo, casi 10 puntos más que en 2017”. Además, seis de cada diez trabajadores mencionan “altas exigencias psicológicas”, y el informe detalla un “crecimiento de los síntomas físicos y mentales vinculados al estrés: dolores de cabeza y musculares, trastornos del sueño, ansiedad y fatiga”. En materia de violencia laboral, los datos son contundentes: “el 43,2 por ciento de los encuestados manifestó haber sufrido alguna forma de acoso psicológico, y el 3,7 por ciento dijo haber sido víctima de acoso sexual en el último año, una cifra 25 veces superior a la media nacional”. “En un contexto de crisis, ajuste y represión, la unidad de los judiciales es esencial. La Federación Judicial Argentina va a seguir defendiendo los derechos de quienes trabajamos en el Poder Judicial y construyendo una organización nacional fuerte, solidaria y democrática frente a un gobierno cruel que ataca el trabajo y los derechos sociales”, concluyó el reporte.