Pocas “promesas” realizadas por Javier Milei durante la campaña presidencial se cumplió tan al pió de la letra como el ajuste fiscal. El achicamiento del gasto público es el emblema de la actual gestión, que claramente usó la motosierra que simbolizó su decisión de achicar el estado hasta límites insospechados. Todos los datos marcan la reducción de los recursos, incluso en áreas sensibles, como salud y educación, donde las consecuencias se sienten en el día a día de la gente. Lo cierto es que en el segundo año de gestión libertaria, la reducción de esos recursos se ubica en torno del tercio respecto del inicio del actual gobierno. Así lo definió un reciente informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), que estableció que el llamado Gasto Total de la Administración Pública Nacional del año anterior “se contrajo un 28,1 por ciento en términos reales respecto de 2023”. Esta poda es el secreto del famoso “equilibrio fiscal”, que está afectando principalmente a las provincias. Es que la segunda categoría más afectada es justamente los recursos a las jurisdicciones, que tanto reclama el gobernador Axel Kicillof, ya que las arcas bonaerenses son las más afectadas. Además, jubilaciones y el presupuesto universitario son otras áreas afectadas, lo que la entidad llama “la deuda social” del gobierno nacional. Desde las provincias explican cómo afrontan este problema para evitar el colapso.
El análisis de ASAP apunta al manejo económico que sustenta el “equilibrio fiscal” del que presume el gobierno de Milei, en el marco de su plan motosierra resistido por trabajadores y gremios. El informe, al que tuvo acceso Data Gremial, ubica el ajuste el recorte general presupuestario en el 28,1 por ciento respecto de 2023. La primera categoría limitada es Gasto de Capital, que comprende las inversiones nacionales en infraestructura, que sufrió “un recorte del 79,4 por ciento en términos reales respecto a 2023, especialmente por la decisión oficial de suspender casi absolutamente cualquier tipo de inversión en obra pública”. El segundo recorte más importante fue el de las Transferencias Corrientes a las provincias, que se redujeron en un 60,5 por ciento real en los últimos dos años.
“Este recorte de los fondos ‘no automáticos’ puso en jaque a las cuentas locales y obligó a los mandatarios provinciales a buscar desesperadamente fuentes alternativas de financiamiento, recortando sus gastos e inversiones y, en algunos casos, aumentando los impuestos locales”, remarcó el reporte. En última instancia, esta decisión “es el trasfondo de la rebeldía de numerosos gobernadores, incluso los más cercanos políticamente a La Libertad Avanza”, lo que viene generando una serie de derrotas legislativas previo al triunfo legislativo.
El tercer lugar, agregó ASAP, se ubicó Transferencias a Empresas Públicas y Fondos Fiduciarios, que se redujeron un 39,6 por ciento. Esto implica “una fuerte reducción de los subsidios al transporte y la energía (apuntando a su eliminación completa), lo que derivó en un brutal aumento de tarifas que golpeó duramente sobre el poder adquisitivo de unos salarios prácticamente congelados, y además implicó un significativo desfinanciamiento operativo de numerosas compañías estatales, que se encuentran en plan de saneamiento (recorte de funciones y de plantillas) o, directamente, de privatización”. También fueron importantes los ajustes en cuanto los salarios de los trabajadores estatales y de la educación superior.
En el primer caso, los trabajadores de la administración pública “perdieron un 27,3 por ciento de su poder de compra real en comparación con el de 2023, una cifra casi idéntica al recorte que sufrieron las universidades nacionales, que vieron reducir sus fondos un 27,7 por ciento real en el acumulado de los últimos dos años”.
Consecuencias
Que las primeras dos categorías del ajuste libertario estén vinculados a las tareas esenciales del estado parece una consecuencia del discurso libertario. En el caso de Gastos de Capital, la consecuencia visible es el abandono total de la obra pública por parte del gobierno, tanto en materia de infraestructura como otras cuestiones, como rutas y otros proyectos. El parate desde el inicio de la gestión, bajo el argumento de combatir la supuesta corrupción imperante en el sector.
En cuanto a los fondos de las provincias, el reclamo está a la vista, en especial por los gobernadores más castigados por el ajuste, como Buenos Aires, que es la principal oposición ante esta situación. En cuanto a las transferencias automáticas, viene con un leve aumento, y la Casa Rosada priorizó a quienes se sumaron al Pacto Fiscal, es decir, a los gobiernos cercanos. Las consecuencias de esta falta de recursos se puede ver en todos los días, en especial en áreas donde las provincias deben afrontar a partir de ahora todos los gastos, como pasa en salud, donde el sistema lo rige Nación pero lo administran los estados locales.
Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) vienen denunciando este impacto. “El ajuste brutal en el Ministerio de Salud impacta en toda la ciudadanía, no solo los efectores que dependen de Nación, como los hospitales SAMIC, sino que todo el recorte en los distintos programas y el despidos del personal tiene repercusión directa en la garantía del derecho a la salud de toda la población”, remarcó María Fernanda Boriotti, titular de la entidad.
En diálogo con Data Gremial, la referenta puso como ejemplo la baja en la aplicación de vacunas del Calendario oficial como una de esas consecuencias. “Si no hacés campañas, si despedís al personal de control y distribución de las dosis, el impacto es directamente proporcional al ajuste que aplicas”, agregó. Otro punto que puede verse en las provincias es la baja en el envío de medicamentos por parte de Nación. “No todas las provincias van a comprar en la misma magnitud, porque no tienen los fondos o les falta de decisión política, y eso impacta en el acceso de la población a esos tratamientos”, recalcó Boriotti. La falta de control, incluso de los fármacos que se usan en el sistema privado, generó el escándalo del fentanilo contaminado, con más de 100 muertos. Para la titular de FESPROSA, eso paso “por el ajuste en el ANMAT, el organismo de control nacional”.
Leyes anuladas
Otro punto que ASAP determinó como clave para el ajuste presupuestario que lleva adelante el gobierno es el incumplimiento de varias leyes aprobadas por el Congreso, como la Emergencia en Discapacidad o la de Financiamiento Universitario. Luego de intentar vetarlas, las nomas fueron ratificadas por amplia mayoría en el Congreso, pero el oficialismo intentó una última jugada: en el proyecto de presupuesto aprobado para este año las dejó sin recursos. Usando como argumento que no se establecía el origen de los fondos necesarios, se intenta impedir su vigencia plena.
En el caso de la discapacidad, esta semana un juzgado federal de Campana le puso plazo a la implementación de la norma: el 4 de febrero. Si esto no pasa, “comenzarán a aplicarse multas diarias a los funcionarios o, incluso, podrán iniciarse causas penales por desobediencia”, según el colectivo que impulsa la ley. En cuanto a los recursos para la educación superior, los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales amenazan con un paro al inicio del ciclo lectivo.
Por último, el análisis del presupuesto nacional deja otro dato desalentador, que pasa desapercibido del debate público: El cierre del último ejercicio anual mostró que diciembre fue “el cuarto mes consecutivo en el que se verificó una brecha negativa entre las tasas de crecimiento de ingresos versus las de gastos”. Es decir, que mientras que los ingresos “cayeron un 4,6 por ciento interanual, los gastos crecieron un 3,1 por ciento”. Esto demuestra según la entidad “un importante deterioro en las cuentas fiscales, que anticipa un 2026 más complicado para el Gobierno, que deberá elegir entre sostener la estrategia fiscal y profundizar el ajuste sobre una sociedad que ya tiene muy poco margen para mayores sacrificios o incumplir las órdenes del Fondo Monetario Internacional y reconocer la necesidad de aflojar la presión sobre algunos sectores al borde de la asfixia”.