Se conoce como “salario indirecto” a los beneficios, bienes y servicios que se abaratan o entregan de manera gratuita a los trabajadores, evitando que deban pagarlos íntegramente con su salario. Si bien esto incluye principalmente los subsidios estatales al transporte público, las tarifas de servicios (luz, gas, agua), la educación y la salud pública, también se pueden sumar los beneficio que se consiguen en los convenios colectivos, como pueden ser los pagos por refrigerio o por otros insumos que se usan a la hora de salir a trabajar (vehículos y herramientas, por ejemplo). Según la legislación laboral, el concepto también abarca las remuneraciones complementarias que pagan el empleador, tales como premios, comisiones, propinas, horas extras y hasta un porcentaje del pago total en especie (habitación o alimentos).
Este salario indirecto suele impactar en el poder adquisitivo, y desde que asumió Javier Milei está virtualmente abandonada, ya que la política de ajuste sobre las cuentas públicas achica los subsidios constantemente, y la reforma laboral deja casi sin efecto muchos de estos beneficios. Por eso, hoy no sólo la inflación erosiona a los ingresos, los aumentos constantes de estos ítems son parte de la crisis de ingresos. Hoy los datos marcan que salir a trabajar es “demasiado caro”, y achica los días que dura el salario.
Uno de los integrantes del salario indirecto que más subió en los años de gestión libertaria es el transporte público. La política de eliminar subsidios, en un sector complejo por el entramado que involucra a empresas privadas y las distintas jurisdicciones estatales. Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que estas tarifas en el AMBA “aumentaron hasta 17 veces desde la asunción de Milei”. Mientras el subte “subió 1.668 por ciento y los colectivos más de 1.500 por ciento, el salario mínimo perdió cerca de 43 por ciento de poder adquisitivo”. Según el reporte, al que tuvo acceso Data Gremial, el costo del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires se convirtió en “uno de los indicadores más visibles del cambio de esquema económico impulsado por el Gobierno nacional”.
Según un informe, entre noviembre de 2023 y abril de 2026 las tarifas “crecieron muy por encima de la inflación acumulada del período, que alcanzó el 303,5 por ciento”. Respecto a los colectivos de jurisdicción bonaerense acumularon incrementos de 1.545 por ciento, mientras que las líneas de jurisdicción nacional aumentaron 1.221 por ciento y las porteñas 1.250 por ciento. En el caso de los trenes metropolitanos, el boleto “pasó de 33,29 a 280 pesos, lo que representa una suba del 741 por ciento, aunque desde mayo volvió a incrementarse hasta los 330 pesos”.
Para el CEPA, la magnitud de las subas responde “directamente al modelo económico aplicado por la administración libertaria, basado en la reducción de subsidios estatales y el traslado de costos al usuario”. El informe sostiene que el gobierno avanzó en una fuerte “recomposición tarifaria” como parte de la política de ajuste fiscal y reducción del gasto público. Datos fiscales del propio centro de estudios muestran que los subsidios al transporte cayeron cerca de 50 por ciento en términos reales respecto de 2023. El impacto más profundo aparece al comparar el valor del boleto con los ingresos. El informe señala que un trabajador que combina colectivo y subte destinaba en diciembre de 2023 el equivalente al 2,6 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil para cubrir sus viajes mensuales. En abril de 2026, esa proporción escaló al 17,3 por ciento. En términos concretos, “pasó de necesitar menos de un día de trabajo para pagar el transporte a casi cinco jornadas laborales completas”.
El documento explica esta situación mediante una “doble pinza”: mientras las tarifas crecieron “muy por encima de la inflación, el salario mínimo fue actualizado por decreto y perdió alrededor de 43 por ciento de poder adquisitivo en términos reales”. De acuerdo con el CEPA, el deterioro salarial “impidió que los ingresos acompañaran el ritmo de los servicios regulados, especialmente transporte, energía y comunicaciones”.
Comer (lo que se pueda)
Otro de los gastos de los trabajadores que impactan directo en su poder adquisitivo son los llamados “hormiga”, es decir, los que se hacen cuando se sale de la casa. En este sentido, el comer suele ser el más importante. Sin beneficios como comedores y viandas, los empleados deben afrontar de su bolsillo este gasto, y el impacto en la era Milei es grave: Muchos sufren de inseguridad alimentaria. Así lo alerta un informe reciente que reveló que el 83,5 por ciento de los trabajadores asalariados en Argentina enfrenta “algún tipo de vulnerabilidad alimentaria durante su jornada”, ya sea porque reduce la cantidad de comida o porque opta por productos de menor calidad nutricional para poder sostener el gasto.
El estudio La alimentación y comensalidad en población asalariada de la Argentina, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) junto a la empresa Edenred, se basó en una encuesta nacional realizada a 1.171 trabajadores formales y muestra un escenario donde solo el 16,5 por ciento de los asalariados logra cubrir sus necesidades alimentarias sin privaciones durante la jornada laboral.
Uno de los datos más preocupantes del informe es que el 61,1 por ciento de los trabajadores admite haber omitido alguna comida en el trabajo por falta de recursos. Dentro de ese grupo, el 46,7 por ciento lo hace ocasionalmente y el 14,4 por ciento de forma habitual. El fenómeno, recalca el reporte al que tuvo acceso Data Gremial, “golpea con mayor fuerza a los trabajadores más jóvenes”. Entre quienes tienen entre 18 y 29 años, el 70,7 por ciento “reconoce que se saltea comidas, una situación que el estudio vincula directamente con los salarios iniciales más bajos y la dificultad para sostener los gastos diarios”. A esto se suma otro mecanismo de ajuste: el 78,5 por ciento de los trabajadores declaró haber reemplazado alimentos nutritivos por opciones más baratas, y en el 24,6 por ciento de los casos esa decisión ya forma parte de la rutina diaria.
El estudio también analizó cuánto cuesta comer durante la jornada laboral. Los resultados reflejan el peso que tiene este gasto dentro del presupuesto mensual de los trabajadores: 43,9 por ciento gasta entre 5.001 y 10 mil diarios para almorzar; el 20 por ciento supera los 10 mil pesos por día. En la práctica, la comida durante el horario laboral se convirtió en un “costo operativo” más dentro del salario, algo que muchos trabajadores deben afrontar sin ningún tipo de ayuda.
Próximos aumentos
En tanto, el salario indirecto se verá nuevamente erosionado el próximo mes, cuando se dé una nueva batería de aumentos que volverá a golpear el poder adquisitivo de millones de argentinos. Mientras los salarios continúan subiendo por escalera, los alquileres, transporte público, medicina prepaga, combustibles y servicios subirán por ascensor. El escenario vuelve a encender las alarmas en los hogares trabajadores, donde gran parte de los ingresos ya se destinan al pago de alquiler, movilidad, salud y servicios. A esto se suma la presión sobre monotributistas y pequeños contribuyentes, que desde junio deberán afrontar nuevas escalas y cuotas más elevadas. Uno de los aumentos más duros impactará sobre los inquilinos que todavía mantienen contratos firmados bajo la antigua Ley de Alquileres.
En esos casos, el Índice de Contratos de Locación (ICL) aplicará en junio actualizaciones anuales cercanas al 78 por ciento. En paralelo, quienes firmaron contratos bajo el esquema desregulado impulsado tras el DNU 70/23 también sufrirán nuevos ajustes trimestrales o cuatrimestrales atados a la inflación. En muchos casos, un alquiler promedio volverá a aumentar por encima de los ingresos mensuales, agravando aún más la crisis habitacional.
En tanto, desde el 1° de junio subirán nuevamente los boletos de colectivos y subtes en el AMBA. En Provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo superará los 1.015 pesos, mientras que en Ciudad de Buenos Aires llegará a casi 790 pesos. El subte, por su parte, costará más de 1.550 pesos por viaje. Además, las escuelas privadas con aporte estatal también ajustarán sus cuotas entre un 4 y un 5 por ciento, tanto en Provincia como en Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, junio llegará con una nueva ola de aumentos generalizados que vuelve a poner el salario en una escalera y a los aumentos en un ascensor.