El incremento de la precarización laboral que registra el país al contar con casi 9 millones de personas que trabajan en negro, un 42% de la población activa, tiene un gran y negativo impacto no sólo en el factor socioeconómico de las familias, sino que también en la salud: el 51% de los hijos de 0 a 12 años de las personas que realizan sus tareas informalmente padecen de inseguridad alimentaria.
Un panorama que también es profundizado por el desinterés del gobierno del presidente de la Nación, Javier Milei, dado que el 59% de las acciones dependientes de diferentes programas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia no ejecutaron ni un solo peso de los previstos para 2025. Es decir que con la Asignación Universal por Hijo no alcanza.
Así lo mostró un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y en cual destaca que esa cifra del año 2024 está por encima de los valores de la última década, a excepción del 53% relevado durante la pandemia.
Del informe se desprende también que en 2024 el 16% de los niños experimentó insuficiencia alimentaria severa: un pico histórico desde 2010, dos puntos porcentuales por encima de 2023 e incluso superior al dato de pandemia (15%).
Las investigadoras definen como inseguridad alimentaria a la “falta de acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para el desarrollo activo y saludable de las personas”. También se hace una diferenciación en las maneras en las que puede manifestarse: leve (cuando existe una preocupación por no contar con alimentos), moderada (cuando ya existe una reducción en la cantidad o calidad) y severa (que hace referencia a la privación en la ingesta). Esas variables no dejan de tener un fuerte impacto en la salud física, el desarrollo cognitivo, el crecimiento emocional y el rendimiento escolar.
Factores estructurales
En el estudio, destacan que “aunque políticas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) ayudan a mitigar el riesgo alimentario, su impacto es limitado frente a factores estructurales persistentes, especialmente la precariedad laboral de los adultos”.
Con respecto a ese grupo, una de las especialistas que trabajaron en la realización del documento, Ianina Tuñón, señaló: “Son sectores sociales que se han ido empobreciendo. De hecho, lo que se ve también, además de que aumenta la inseguridad alimentaria en los hijos de los trabajadores informales, precarizados o subempleados, es que hay un incremento en las clases medias bajas”.
“Los ingresos de estos hogares han cambiado su estructura de gastos. Tenemos un componente fuerte orientado al pago de servicios que antes no teníamos, con lo cual habría que revisar el cálculo de la canasta básica total”, mencionó.
Si bien el incremento de la insuficiencia alimentaria es uno de los más altos, es un fenómeno que comenzó a crecer en 2018 y de ahí nunca tuvo un freno. “Alcanzaron picos de 43% en 2019, 49% en 2020 y 51% en 2024, mostrando que resultan los hogares más afectados en el período reciente”, graficaron desde el Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
Tuñón sostuvo que la investigación resulta “interesante porque revela cuál es el límite que tienen las transferencias de ingresos a la infancia para poder garantizar lo mínimo, como es la alimentación”, al tiempo que mencionó que “si bien claramente funcionan como protectoras, el componente del empleo aparece con mucha más fuerza como una desventaja”.
Población desamparada
Según una investigación de Perfil, el Gobierno no ejecutó el presupuesto del 59% de las actividades destinadas a los niños, niñas y adolescentes en 2025.
De las 73 acciones que aparecen destinadas a NNyA dependientes de diferentes programas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 43 presentan, al séptimo mes del año, nula ejecución.
En la mayoría de los casos el dinero consignado se redujo respecto a 2024, salvo en el de las “Acciones directas de promoción y protección de derechos”, que se incrementaron en un 19% (de $ 375 millones a $ 447 millones). Sin embargo, tampoco aparece ningún peso ejecutado para esta función.
A modo de síntesis, parece que para el gobierno la batalla contra el déficit fiscal debe librarse a costa de la nutrición de los menores argentinos en estado de vulnerabilidad y deja abierta la incógnita sobre la utilización de los fondos destinados a esta población (con un presupuesto de $ 2.961 millones), al fortalecimiento de la política alimentaria para poblaciones vulnerables ($ 921 millones) y a la asistencia para las situaciones de vulnerabilidad socio-habitacional ($ 50 millones). Son casi 4000 millones de pesos que nadie sabe en qué son utilizados.