Con un acto en la sede central del organismo y asambleas en todas sus dependencias, los trabajadores de Vialidad Nacional rechazaron el jueves pasado la posibilidad que el gobierno cierre por decreto el organismo, encargado del mantenimiento y la seguridad de las rutas argentinas. La decisión se enmarca en un nuevo proceso de desguace del Estado nacional, que la gestión libertaria apura desde el Ministerio de Desregulación. Allí, se preparan las medidas que terminen de configurar el nuevo organigrama público, que tendrá una fuerte retracción, como anticipan todas las versiones.
Esto se realiza contrarreloj, ya que el próximo 8 de julio vencen las facultades delegadas, que permiten este tipo de medidas. La figura es literal, ya que el titular de la cartera Federico Sturzenegger tiene en su despacho un reloj grande, que fue contando los días hasta el próximo martes. Antes de esto, la idea del gobierno es realizar una verdadera avalancha de iniciativas para terminar con el achicamiento del Estado, incluyendo el cierre o la transformación de muchas dependencias.
El modelo pensado apunta a que aquellas dependencias que se decidan cerras sus funciones sean trasladadas a otras entidades, o que secretarías absorban la estructura de otras, en especial aquellas que tienen cierto grado de autarquía. Esto pone en alerta a los gremios, que afirman que estos cambios generarán despidos masivos, que se sumarán a los más de 52 mil producidos desde que Javier Milei asumió la presidencia.
Ente lunes y martes, se especula que la mayoría de las medidas que quiere imponer Sturzenegger respecto del achicamiento del estado se vuelvan una realidad, mediante decretos. Para eso, trabaja con su equipo para lograr hacerlo antes del vencimiento de las facultades delegadas. Las versiones inundan los pasillos de las oficinas públicas en los últimos días. El viernes, por ejemplo, circuló una especie de paper donde se adelantaban algunas de las medidas.
Data Gremial consultó a varias fuentes y averiguó que este resumen contiene “un proyecto de DNU sobre distintos organismos que dejan de existir o pasan bajo la órbita del Ministerio de Economía”.
La cartera que comanda Luis Caputo se quedará con el control de entidades claves, y con sus presupuestos. En ese marco está el cierre anunciado de Vialidad Nacional, y distintos institutos que van a ir pasando a depender de secretarías dentro de la cartera de hacienda. En este contexto, se espera que el INTA y el INTI vayan a quedar bajo la órbita de la secretaría de Producción, Agricultura Familiar en la secretaría de Agricultura, entre otras.
“Lo que hace el gobierno libertario es avanzar contra la autarquía que hasta ahora tienen esos organismos, con fondos propios para desarrollar su trabajo y su investigación, por ejemplo. Todo eso va a pasar al Tesoro Nacional, lo que hace perder la independencia que maneja para determinar sus tareas”, le confirmó a Data Gremial otra de las fuentes consultadas.
Esto, esperan los delegados gremiales, “despidos masivos”, ya no sólo en los lugares que se cierren. “Cuando se den esas especie de fusiones, van a darse oficinas duplicadas, como recursos Humanos o Sistemas, que van a desaparecer porque la secretaría ya tiene sus propio espacio. Esos trabajadores van a ser cesanteados”, explicó otra de las fuentes. Algunas de estas medidas ya se tomaron.
El mismo viernes, se informó que la Agencia I+D+I comenzó un “proceso de reestructuración”, que incluye la reducción del número de su directorio. Para científicos y gremios esto resta “pluralidad y carácter federal” a la entidad, y temen que la semana que viene se tome una decisión similar en el CONICET. Hasta ahora, se realizaron asambleas, y la única actividad confirmada es un acto frente a la sede del INTI, el lunes 7 a las 8 de la mañana.
Negociaciones
Si bien las novedades más importantes se esperan que lleguen en los próximos dos días hábiles, las versiones sobre cambios se vienen escuchando desde hace tiempo. Lo mismo que el ajuste, que se está aplicando desde que asumió La Libertad Avanza. Por eso algunos cambios ya se dan de hecho.
La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, alertaron que los ingresos tanto a la Carrera de Investigador Científico (CIC) como al Personal de Apoyo (CPA) del CONICET “continúan absolutamente cerrados mientras en paralelo se profundiza un deterioro salarial que poner en serio riesgo la continuidad de investigadores en el sector público”. “Hoy asistimos a un éxodo masivo y creciente de investigadores jóvenes. Estamos perdiendo a una generación de científicos y asistimos en consecuencia a la desaparición de numerosos grupos de investigación a lo largo y ancho del país”, advirtieron. Los cambios anunciados para el más importante organismo formador de científicos y de investigación del país solo profundizarán esta realidad ya instalada.
En tanto, en otras entidades se consiguieron espacios de negociación. Luego de que se produjeran unos 30 despidos, los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunciaron una medida de fuerza, que fue levantada luego que las autoridades llamaran a una mesa de discusión, que tuvo lugar esta semana. “Fue una reunión que podríamos calificar de buena”, sostuvo el coordinador nacional de ATE en la ANAC, Marcelo Belelli.
Ante la consulta de Data Gremial, el dirigente sostuvo que “se acordó avanzar en espacio de diálogo con las autoridades, fundamentalmente para lograr que no se transfieran funciones por fuera del organismo”. Eso era lo que más alertaba dentro de la entidad, ya que cualquier cambio de este tipo ponía en peligro la seguridad operacional de los aeropuertos en todo el país. Para lograr esto, se crearán mesas de trabajo para ir analizando cada caso, y así transitar esta etapa “con prudencia, racionalidad y firmeza”, para marcaron desde ATE, sindicato mayoritario en la administración.
Desguace estatal
Incluso si se evitan los nuevos cierres, lo que ya hizo en estos meses en la estructura estatal la gestión libertaria muestra un desguace muy importante, que hasta el momento dejó más de 50 mil trabajadores despedidos. Así lo marcó un balance realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que estableció que desde que Milei llegó a la Casa Rosada hasta mayo de 2025, “la dotación de personal del Estado nacional se redujo en 52.340 puestos de trabajo, lo que implica una caída del 15,2 por ciento”.
Están incluidos en el informe organismos de la Administración Pública Nacional y empresas públicas descentralizadas. Analizando por sector, “puede observarse que, en términos absolutos, la mayor parte del recorte recae sobre las empresas y sociedades; en segundo y tercer lugar, administración descentralizada (es decir, los organismos o entes públicos que manejan asuntos específicos con autonomía técnica, administrativa y financiera) y la administración centralizada (es decir, conjunto de órganos y dependencias que integran directamente al Poder Ejecutivo nacional) respectivamente; y en cuarto y quinto lugar, la administración desconcentrada (es decir, el conjunto de oficinas y delegaciones del gobierno central para ejecutar funciones en diferentes zonas del país) y otros entes respectivamente”.
El reporte, al que tuvo acceso Data Gremial, explicó que en términos porcentuales “la mayor parte del recorte recae en la administración centralizada; en segundo y tercer lugar, las empresas y sociedades y la administración descentralizada; y en cuarto y quinto lugar, corresponde a la administración desconcentrada y a otros entes respectivamente”.
El análisis por empresa muestra que el caso más significativo en términos absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 4.945 despidos. Le siguen la Operadora Ferroviaria S. E., con 2.293 cesantías, y Aerolíneas Argentinas, con 1.780 despidos, mientras que el Banco Nación registra 1.689 desvinculaciones. En términos proporcionales, “el recorte más drástico se dio en la ex Télam, donde se despidió a cerca del 80 por ciento del personal”. Le sigue ENARSA Patagonia, y luego los casos de Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., que también presentan reducciones especialmente significativas.
En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), incluyendo organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más significativo en términos absolutos es el de ARCA, con 2.996 puestos de trabajo eliminados. Le siguen la ANSES, con 1.423 despidos, y el CONICET, con una reducción de 985 trabajadores. En términos proporcionales, “el recorte más severo se produjo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 64 por ciento de su planta de personal. En segundo lugar, se ubica la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 44 por ciento, y en tercer lugar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que sufrió un recorte del 41 por ciento de su dotación”.