La cadena nacional de este lunes adelantó algunos de los aspectos centrales del presupuesto 2026, que podría ser el primero aprobado por el Congreso en la presidencia de Javier Milei. En concreto, se anunciaron aumentos en las partidas de áreas sensibles, que esta semana se movilizarán ante el veto de leyes que entregan recursos concretos. Se trata de la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica, que podrían ratificarse este miércoles en el Congreso, en el marco de una masiva movilización.
Las supuestas mejoras anunciadas por el presidente no lograron desactivar la protesta callejera, ni las críticas de los gremios, que apuntaron al ajuste que se mantiene con este proyecto. Así lo dijeron desde todo el arco sindical educativo, que salieron al cruce del optimismo de la Casa Rosada respecto a los números y si posible aprobación. Para la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la iniciativa del gobierno es un “nuevo retroceso para el financiamiento universitario”, y llamaron a rechazarlo.
Lo mismo marcaron desde CTERA, que se movilizará junto al resto de las entidades de docentes y nodocentes. Las mejoras destacadas por el mandatario son la salud, jubilaciones y universidades, además de un crecimiento del 5 por ciento en las pensiones por discapacidad.
El presidente Milei anunció este lunes que el Presupuesto 2026 “asigna 4,8 billones de pesos a las universidades”, además de “un aumento del gasto en jubilaciones de un 5 por ciento y en salud un 17 por ciento, ambas partidas por encima de la inflación”.
También señaló que “habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5 por ciento por encima de la inflación de 2026”. La reacción de los sectores fue, casi unánimemente, de rechazo. En el caso universitario, los números no lograron calmar el malestar. Según un documento elaborado por la FEDUN, el proyecto de presupuesto es considerado “más ajuste”, ya que se denuncia que se derogan “leyes fundamentales que protegen la inversión en el sector”.
Según el análisis de FEDUN, el crédito para las universidades “se incrementa nominalmente un 11,7 por ciento, pasando de 4.28 a 4.78 billones de pesos”. Sin embargo, esta cifra “corre muy por detrás de la inflación promedio anual proyectada (17,3 por ciento)”. De esta manera, afirmó, “el financiamiento universitario perderá un 4,8 por ciento en términos reales y su participación en el PBI caerá del 0,5 por ciento en 2025 al 0,46 por ciento en 2026”. De igual manera, “se consolida un retroceso para el financiamiento científico (-2,3 por ciento), que alcanzará un mínimo histórico”.
“Es una provocación más”, dijo el titular de FEDUN, Daniel Ricci, ante la consulta de Data Gremial. Una vez conocido el detalle del presupuesto para la educación pública, la respuesta del sector fue “de malestar”, como marcó el dirigente, quien adelanto que “mucha gente se va a acercar a la marcha por este nuevo golpe a las universidades”.
Además, el gremio aseguró que la estructura del proyecto presupuestario deroga “artículos de leyes que son pilares del financiamiento educativo y científico”. Según el artículo 30 de la iniciativa presentada por el presidente, se eliminan “el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que garantiza un presupuesto no inferior al 6 por ciento del PBI para educación; el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, que crea un fondo específico para el sector; y los artículos 5 a 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología, que proyecta un incremento progresivo hasta alcanzar el 1 por ciento del PBI”.
Con esta maniobra, dijeron desde FEDUN, el gobierno “no solo ajusta las partidas para el próximo año, sino que elimina las herramientas legales que obligan al Estado a garantizar una inversión sostenida en el conocimiento, la educación y la ciencia”.
Reducción alarmante
Por su parte, otro de los gremios del sector expresó su repudio al proyecto presupuestario. Se trata de la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), liderada por Sonia Alesso y Roberto Baradel, que expresó un “contundente rechazo” a la iniciativa. La organización calificó el proyecto como “un nuevo capítulo en las políticas de ajuste neoliberal iniciadas en diciembre de 2023”, que amenaza con desmantelar el sistema educativo, científico y tecnológico del país.
El presupuesto propone una “reducción alarmante del financiamiento educativo en relación al PBI, pasando del 1,44 por ciento en 2023 al 0,86 por ciento en 2024 y proyectando un 0,75 por ciento para 2026. Esta caída representa “un golpe severo a la escuela pública, las universidades y los sectores de ciencia y tecnología”, considerados por CTERA como “pilares estratégicos para el desarrollo” de Argentina. Además, el artículo 30 del proyecto busca derogar normas esenciales que garantizan la inversión en estos sectores.
Además, CTERA, cuestionó las proyecciones económicas del gobierno. El proyecto estima “una inflación interanual del 24,5 por ciento para diciembre de 2025 y del 10,1 por ciento para 2026, cifras que la entidad considera ‘ficticias’ dado que la inflación acumulada hasta agosto de 2025 ya alcanza el 19,5 por ciento y se mantiene en un 2 por ciento mensual”.
En su comunicado, CTERA denunció que el presupuesto “no solo consolida el ajuste, sino que representa un ataque directo a la educación pública, a la ciencia y a la tecnología”. Estas medidas, de aprobarse, “desarticularían de manera permanente el esquema de financiamiento educativo, científico y tecnológico en Argentina”. En respuesta, la confederación se declaró en estado de alerta y movilización, y convocará a una reunión de secretarios generales para definir acciones en defensa del derecho social a la educación. CTERA exige un presupuesto que garantice el financiamiento de la escuela pública, las universidades, la ciencia y la tecnología, reafirmando su compromiso con un modelo educativo inclusivo y soberano.
En tanto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestó su rechazo al proyecto de presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei, al considerar que “consolida el ajuste sobre el sistema universitario y científico”.
En un comunicado difundido en la noche del lunes, el organismo que reúne a los rectores de universidades públicas advirtió que la propuesta oficial no contempla las necesidades reales del sector. “El mensaje emitido por el presidente Javier Milei sobre el proyecto de presupuesto 2026 es una iniciativa sin novedades que consolida el ajuste sobre el sistema universitario”, señalaron. En ese sentido, alertaron: “Prácticamente, para el 2026 es igual presupuesto que para el 2025, un año que vivimos en peligro. Se presenta, entonces, un proyecto que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico”. El Consejo sostuvo que la expectativa ahora se concentra “en el debate legislativo”.
Ley de Emergencia
El malestar que puede generar el nuevo proyecto de presupuesto se suma a lo que sucedió la semana pasada con el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. El tratamiento de eta decisión genera negociaciones internas entre los bloques, y según los sondeos de los gremios no hay certeza qué pueda pasar con el decreto que anula la norma, que se aprobó con un amplio apoyo. “Hay posibilidades ciertas de rechazar el veto, pero está finito”, admitió el dirigente Luis Tircornia, referente de la CONADU Histórica.
Ante la consulta de Data Gremial, el dirigente anticipó que la marcha previa a la sesión “va a ser muy grande y en todo el país”, y recordó que a lo que suceda en la Ciudad de Buenos Aires se sumarán manifestaciones en todas las ciudades importantes del país. “Si no lo logramos (anular el veto) continuamos con la lucha, discutiremos las medidas en concreto después de este miércoles, pero seguro se profundizará la lucha”, recalcó Tiscornia.
Por su parte, los nodocentes también se sumaran a la jornada de lucha, como vienen haciendo en unidad en el marco del Frente Sindical de Universidades Nacionales.
En la previa, el titular de FATUN Walter Merkis, y Ana Laura Ruggiero, subsecretaria de Igualdad de Género de FATUN y actual secretaria general de ANDUNA, expusieron en declaraciones radiales la “crítica situación que atraviesan las y los estudiantes y trabajadoras/es de las universidades nacionales”, subrayando la “imperiosa necesidad de contar con la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente vetada por el presidente de la Nación, y cuya reversión será impulsada en el Congreso”. “Sigamos luchando en unidad, solidaridad y organización”, concluyeron.