La semana pasada, en la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología, los trabajadores e investigadores del CONICET realizaron una protesta para pedir medidas para evitar que se cumplan los planes de ajuste o cierre que tiene la oposición para el organismo. La alarma en esta entidad en particular y todo el Estado en general es que tanto Javier Milei como Patricia Bullrich lleguen a la Casa Rosada y pongan en marchas sus planes, considerados una amenaza para los estatales. Por eso, comenzaron a realizar asambleas y encuentros en los lugares de trabaja, para concientizar a los trabajadores públicos de este peligro.
En la provincia de Buenos Aires se sumaron a esta actividad, a partir de un material elaborado por el Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP) de ATE, alertan sobre las consecuencias de un triunfo opositor en octubre. “Urge construir grandes movilizaciones contra los anti-derechos de Milei y Bullrich, en cada lugar de trabajo, barrio, escuela, facultad y donde sea necesario”, remarcaron desde este espacio. No se descartan nuevas medidas, como las realizadas en el CONICET.
Con el título El defensa de lo público y el estado el garante y promotor de derechos, este paper del IDEP analiza las propuestas de los dos candidatos opositores, y su impacto en la administración pública y los trabajadores. Pensado como una herramienta de debate, reclama además “medidas de emergencia concretas y permanentes que mejoren la vida de nuestro pueblo para de esta manera volver al mandato original que le fuera conferido al Frente de Todos y recuperar el volumen electoral perdido que garantice el triunfo”.
Sobre Milei, el trabajo al que tuvo acceso Data Gremial afirma que “representa las peores políticas de quita de derechos a trabajadores y trabajadoras, desarticulación de capacidades estatales para garantizar derechos económicos, sociales y humanos mientras se justifica la represión y la destrucción”. “Se trata de una propuesta de gobierno, pro empresarial y autoritario que pretende naturalizar un sálvese quien pueda”, agregaron. En las páginas del reporte se van desglosando las propuestas, como dolarización y vouchers educativos, y se explica con detalle cómo impactarán en la calidad de vida de todos los trabajadores.
Con respecto a los planes de Bullrich, el IDEP considera que “no se distinguen de las de Milei, ni en materia económica, ni en su promesa de mayor ajuste acompañado por Represión”. “Ambas fuerzas políticas, impulsan el retiro del Estado de la política social y mínima intervención bajo la idea de que el mercado es el mejor asignador de recursos. Ya conocemos los efectos sobre la estructura social y la soberanía nacional que tienen esas políticas”, remarcaron. Por eso, insisten en decir que “el pueblo y la militancia, necesitan medidas urgentes y concretas para poder convencer electoralmente a quienes confiaron en el 2019 en este gobierno, porque serán estas medidas las principales herramientas que el pueblo y la militancia, usará para derrotar a los anti-derechos”.
Reclamo
Las medidas que reclama el IDEP y ATE van desde la mejora de los salarios, la gran deuda pendiente de este gobierno, hasta el pase a planta permanente y la recuperación de los puestos laborales perdidos durante el amcrismo. Además, comenzaron a charla con los empleados públicos, lo que muchos llaman “micro militancia”. “Desde ATE lo que estamos haciendo a través de diversas iniciativas es interpelar al conjunto de trabajadores sobre las consecuencias de votar pegándose un tiro en el pie”, estacó Juan Manuel Sueiro, referente del gremio en el CONICET.
Coincidiendo con el informe, el dirigente sindical expresó que “Milei ni Bullrich tienen en sus propuestas fortalecer el sistema científico menos las responsabilidades y funciones del Estado”. Por eso se organizan distintas actividades para insistir con los reclamos a la gestión. “Estamos dando entre todas y todos el debate, en cada lugar de trabajo, en cada laboratorio y centro de investigación, promoviendo el voto activo y en defensa propia y del Estado”, destacó Sueiro, en diálogo con Data Gremial.
Una de las medidas que se reclama es el pase a planta de los contratados, para que no sean los primeros en ser despedidos. En campaña, Alberto Fernández se comprometió a darle estabilidad laboral a los estatales y recuperar los puestos de trabajo durante el macrismo, que se estima fueron 35 mil los cesanteados. Si bien se avanzó en ambos puntos, todavía se está lejos de lograr los números deseados por el gremio.
“Es imprescindible que se realice en lo inmediato un aumento de emergencia para trabajadores formales e informales, activos y jubilados, informales y de la economía popular; además de la urgente implementación del salario universal para garantizar sacar de la indigencia a 4 millones y medio de argentinos y argentinas”, insistieron desde el IDEP
En defensa del Estado
En un reciente encuentro, Bullrich presentó sus propuestas para hacer una reforma del Estado, que incluye entre otras cosas anularlos ingresos a la administración pública. “Hay mucho para hacer con reformas que van a ser revolucionarias. Por ejemplo, lograr un funcionamiento armónico de la burocracia: algunos han sostenido que hay que poner a disponibilidad a todos los empleados del Estado, pero nosotros creemos que es un grave error porque hay grandes burócratas en el buen sentido de la palabra”, explicó el material entregado en esa jornada.
Ante esto, ATE repudió “enérgicamente” este plan. “La regularización del empleo público actual es parte de la reparación del daño a las y los trabajadores, sacándolos de la precariedad laboral y por concurso reconocerles la estabilidad a quienes hace 10 y hasta 25 años ya son estatales”, subrayaron desde el gremio. Según el comunicado que emitieron, Bullrich “fue parte del gobierno macrista que endeudó brutalmente y bajo condiciones espurias a nuestro país con el Fondo Monetario Internacional, con consecuencias que nuestro Pueblo sigue sufriendo. Una deuda ilegítima fugada al exterior como parte de todo un entramado de timba financiera a medida de los socios y amigos del macrismo”. “Bullrich también fue parte del Gobierno que despidió a más de 45 mil trabajadoras y trabajadores del Estado, que logramos recuperar luchando en cada organismo y en las calles, sin que nos detenga y amedrente su política represiva y de criminalización de la protesta”, concluyeron.