Este año, por primera vez en la historia no comenzó en el país la campaña de pesca de langostino, por un conflicto entre las empresas dueñas de los buques frigoríficos y los gremios del sector, que vienen reclamando mejoras salariales que la intransigencia patronal no acepta. A partir de esto, más de 100 embarcaciones frigoríficos están pasadas en toda la costa de la Argentina, desde los puertos de Mar del Plata hasta Ushuaia. Luego de meses de esta situación, la crisis en el sector pequero se extendió, y además de afectar a los moluscos y crustáceos afecta a todo el rubro. Así lo demostró un reciente informe del INDEC, que determinó que hasta julio la actividad tiene un retroceso del 34,2 por ciento, con un bache impresionante en este último mes: la baja interanual supera el 80 por ciento. Así, una vez derrotado el DNU 340 y el intento de desregular la marina mercante, los trabajadores vinculados a la pesca buscan revertir este panorama, que muchos consideran “terminal”. Según las proyecciones que se hacen, si no se reactiva la pesca, están en peligro “más de 50 mil puestos de trabajo”.
El trabajo del INDEC fue difundido esta semana, y muestra el impacto de la crisis del sector este año. Según los datos, en julio de 2025, el denominado Índice de Producción Industrial Pesquero (IPI pesquero) muestra “una caída de 82,8 por ciento respecto a igual mes de 2024”. El acumulado enero-julio de 2025 presenta “una disminución de 34,2 por ciento respecto a igual período del año anterior”. Además, el índice de la serie desestacionalizada muestra “una variación positiva de 8,6 por ciento respecto al mes anterior y el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,5 por ciento respecto al mes anterior”.
El reporte, al que tuvo acceso Data Gremial, aclaró que “el período de referencia de este informe técnico contiene resultados afectados por un conflicto gremial extendido del sector”. Se trata de la situación de la situación de 113 buques congeladores de langostino, que se encuentran paralizados desde marzo en diversos puertos, como Mar del Plata, Puerto Madryn, Puerto Deseado y Ushuaia, “por la intransigencia empresarial ante los reclamos salariales de los gremios”, según afirmaron.
Según el INDEC, el IPI pesquero “presenta un patrón estacional cambiante y mucha irregularidad.” Por ello, aclaró, “es probable que, a medida que se vayan incorporando nuevos datos a la serie original, se produzcan revisiones frecuentes de los valores históricos ya publicados de las series desestacionalizada y tendencia-ciclo”. Además, “para una interpretación integral de los resultados y un mejor diagnóstico del corto plazo, es conveniente analizar la evolución de la tendencia-ciclo en conjunto con la serie desestacionalizada”.
Lo cierto es que la situación del langostino no es la única, y todos los rubros de especies están afectados por la crisis. En el caso de la pesca de langostino en julio se registró una caída de 96,3 por ciento, acumulando un 74,6 por ciento de retroceso en lo que va del año. También la actividad de los barcos factoría (que además de pescar, procesan, embalan y congelan) se ubicó entre las más golpeadas, con un 92 por ciento menos de actividad interanual en julio y un 44 por ciento en el año.
Puestos de trabajo en peligro
La crisis del sector, que quedó en evidencia con la falta de actividad en la pesca del langostino, es similar a lo que sucede en muchos sectores de la industria, con datos muy alarmantes. Un estudio de Revista Puerto detalla que los distintos frigoríficos de la ciudad, que sobre todo procesan merluza, acumulan una deuda de 4912 millones de pesos, por 799 cheques sin fondos.
“La actividad pesquera cayó, de eso no hay duda”, confirmó Mariano Vilar, secretario general del Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA). En diálogo con Data Gremial. El dirigente marcó que “esto pone en riesgo los puestos de trabajo, unos 50 mil”. Por eso, los gremios trabajan en alternativas para evitar que la crisis comience a repercutir en el empleo del sector.
Pese al panorama oscuro, Vilar cree que la cuestión tiene una solución viable: “Con los barcos en el agua”. “Lo que tiene que hacer el gobierno nacional es garantizar las condiciones para que esto suceda, y se vuelva a poner en marcha la actividad, porque los “puestos de trabajo quedan en suspenso, hasta que se vuelva a trabajar”, agregó el dirigente, uno de los más activos en la reciente lucha contra el DNU 340.
Desde su mirada, la actividad sufre varios problemas: “Es cierto que la merluza y la pesca de costa está muy golpeada, por los costos argentinos en dólares y la caída brutal del consumo interno, además del lock-out patronal de seis meses en la pesca del langostino”. “Hay un momentos de factores y de sectores dentro de la pesca, el calamar por ejemplo tuvo un año muy exitoso tanto en la captura como en el precio”, insistió Vilar.
DNU 340
En tanto, la semana pasada se conoció oficialmente la anulación del DNU 340, que buscaba desregular la marina mercante, que fue resistido por los gremios y logró ser rechazado luego de una gran movilización. El gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 628/2025, que dejó sin efecto cambios aplicados al Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, devolviendo “la plena vigencia de la normativa anterior” y reafirmando la consideración del transporte marítimo y fluvial como servicio esencial, tanto para pasajeros como para mercaderías”. La Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía cubrirán de forma transitoria los servicios administrativos, financieros y jurídicos hasta que los organismos recuperen plenamente sus funciones.
Pese a esto, el oficialismo insistió en la necesidad de desregular el sector, ya que en los argumentos del nuevo DNU asegura que la derogación del decreto 340 “ha provocado un vacío normativo de extrema gravedad” al no determinar “un marco jurídico” en su reemplazo, que genera “un vacío regulatorio que impide establecer reglas claras de funcionamiento, debilitando la previsibilidad necesaria para la planificación de inversiones y el desarrollo sostenible de la industria”. “Esta carencia normativa limita la competitividad del sector frente a flotas extranjeras que sí cuentan con marcos jurídicos sólidos y mecanismos de fomento, provocando una pérdida progresiva de mercado en el comercio marítimo y una creciente dependencia de servicios de terceros países”, expresó, además de advertir que “la falta de lineamientos claros desalienta la incorporación de nuevas embarcaciones y la modernización de la flota existente, lo cual genera un progresivo deterioro de la capacidad operativa y de la eficiencia logística nacional”.
Con esa “ausencia de normas”, el Gobierno manifestó que “se profundiza la crisis estructural del sector, afectando no solo a las empresas y trabajadores directamente vinculados, sino también a toda la cadena de valor del comercio exterior, encareciendo costos y restando competitividad al país en los mercados internacionales”. En ese sentido, aseguró que, más allá de las “deficiencias” del régimen anterior, “la ausencia total de un marco normativo agravaría aún más la situación, dejando a la industria sin parámetros mínimos de previsibilidad y funcionamiento”.